A punto de convertirse en ley rescate de empleos en empresas privadas

Por CyberNews

El representante Joel Franqui Atiles informó que está por convertirse en ley el Proyecto de la Cámara 872, que será conocida como la Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño, de su autoría y del presidente de la Cámara, Carlos Méndez como coautor.

“Con esta medida se pretende implementar un programa de rescate a favor de empresas en riesgo que con una intervención temprana podría evitar la pérdida de empleos. Es un programa de beneficios con el fin último de retener empleos ante el potencial colapso de una empresa”, sostuvo el representante por el Distrito 15.

Explicó que la medida establece un programa de reembolso salarial y planes de pago de utilidades cuando las empresas privadas tengan una merma en el volumen de ventas o ganancias y deseen proteger la cantidad de empleados a tiempo completo o a tiempo parcial y sea un rescate a favor de empresas de riesgo que podría evitar la pérdida de empleos.

Franqui Atiles describió que las empresas elegibles deberán cumplir con las siguientes características: microempresas que generan un ingreso bruto menor de 500 mil dólares cada año y emplean siete empleados o menos; empresas pequeñas que  generan un ingreso bruto menor de tres millones de dólares cada año, y emplean 25 empleados o menos a tiempo completo o su equivalente y empresas medianas que generan un ingreso bruto menor de 10 millones de dólares cada año y emplean 50 empleados o menos o su equivalente.

Según los legisladores novoprogresistas, el Plan Para Puerto Rico en la página 39 establece que “las pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico son el motor de la economía y la fuente para crear empleados y riqueza de manera sostenible a largo plazo. En Puerto Rico las empresas pequeñas constituyen el 95 por ciento y casi la mitad de los empleos del sector privado.”

La medida definirá una empresa en riesgo aquella que sufre una merma en producción y/o ganancias, reducción en ventas y/o pérdidas económicas que para resistir un cierre tenga que implementar un plan de cesantías poniendo en riesgo los empleos de padres y madres puertorriqueñas.

“La Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño, tendrá un programa de reembolso salarial, beneficios y planes de pago de utilidades para las empresas que ante una merma en el volumen de ventas, ganancias o producción que deseen proteger la cantidad de empleados puedan establecer los requisitos de elegibilidad para que una empresa pueda acogerse a los beneficios dispuestos bajo esta Ley; definir las facultades y responsabilidades de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico; derogar el Artículo 2.4, y reenumerar los actuales Artículos 2.5 y 2.6, como los Artículos 2.4 y 2.5, respectivamente, en la Ley 120-2014, según enmendada, conocida como la ‘Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs’; identificar las fuentes de financiamiento para la cabal implantación de esta ley”, describió el representante.

“La presente medida tiene la intención legislativa de presentar una alternativa a la empresa en riesgo de suscribir un Acuerdo con la Compañía de Comercio y Exportación (CCE) acogiéndose a un programa de beneficios que evite la implementación de un plan de cesantías y el posterior cierre de la empresa, ayudando con un plan de negocios para salir a flote y decidir qué beneficios otorgar”, agregó.

El programa estará disponible para las empresas que estén en riesgo de cerrar operaciones y a causa de merma en la producción y/o reducción en las ganancias pretendan implementar un plan de cesantías. Estas Empresas en Riesgo que suscriban un Acuerdo con la CCE podrán acogerse a un programa de incentivos que redundará en mejorar la solvencia de la empresa y evitar el colapso de está logrando retener los empleos. El programa de incentivo según describe las empresas privadas podrán reembolsar salarios hasta un máximo de 50 por ciento del salario mínimo federal.

También la contribución sobre ingresos a una tasa preferencial desde un cinco por ciento hasta un máximo de tres años de operación del negocio. La reestructuración de deudas contributivas mediante planes de pago y la exención hasta un 50 por ciento en torno a la contribución sobre propiedad mueble y/o inmueble hasta un máximo de tres años a partir de la firma del Acuerdo.

Además, la exención hasta un 50 por ciento del pago de patentes municipales hasta un máximo de tres años a partir de la firma del Acuerdo; exención hasta un 50 por ciento del pago de las primas de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado hasta un máximo de tres años a partir de la firma del Acuerdo.