Abogan por abuelos que pasan pensión alimentaria

Por Redacción Es Noticia

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La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia realizó una vista pública sobre el Proyecto del Senado 905 para enmendar el Art. 143 del “Código Civil de Puerto Rico” e insertar en su inciso (2) una limitación al establecimiento de la obligación de prestar alimentos a los ascendientes.

De acuerdo con la pieza legislativa, una de estas disposiciones de ley surge de los Arts. 143 y 144 del Código Civil, secs. 562 y 563, la cual establece que los abuelos tienen una obligación subsidiaria de pagar alimentos para sus nietos. Es harto conocido que el padre y la madre tienen la obligación natural, moral y legal de alimentar a sus hijos, incluyendo así, alimento, vivienda, ropa, atención médica y educación. No obstante, cuando alguno de los padres no puede cumplir con su obligación de alimentar a sus hijos, aunque sea parcialmente, la causa de acción para el pago de dichos alimentos puede ser ejercida contra los abuelos, se lee en la Exposición de Motivos.

“Ciertamente, los abuelos de 60 años de edad o mayores o que padezcan de alguna condición de salud, y que son condenados al pago de pensión de un nieto o nietos, pueden verse afectados irremediablemente al verse impedidos de atender sus propias circunstancias, lo cual les imposibilita el poder disfrutar de una calidad de vida digna y adecuada”, dijo Venegas Brown.

Así las cosas, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada indica mediante ponencia que el Formulario utilizado por la Administración de Tribunales y ASUME, llamado Planilla de Información Personal y Económica conocida como la PIPE, en su Sección VI habla sobre “Situación Económica” que contiene espacio para que el Declarante pueda detallar todos sus gastos incluyendo en el enumerado 13 todo lo relativo a la salud. “Lo meritorio sobre la enmienda al Art. 143, según redactada, es el hecho de brindar una protección mayor a las personas de edad avanzada llamados a ser alimentistas pues es una directriz expresa en la ley y no una consideración discrecional del juzgador del caso”, sostiene Carmen D. Sánchez Salgado, Procuradora.

“Se torna necesario atender la medida a los efectos que se atiendan las necesidades especiales que sufren las personas de edad avanzada como parte de una población vulnerable en el balance de la petición de alimentos subsidiaria”, indica Sánchez Salgado.

La enmienda que propone el P del S 905 lee como sigue: “Si los ascendientes son de 60 años o mayores, se deberá tomar en cuenta cualquier condición de salud que limite de forma sustancial los recursos con los que cuenta el ascendiente para vivir una vida de calidad y digna, al determinar si procede o no la imposición la prestación de alimentos solicitada. Además, para determinar si procede o no la imposición de los alimentos, el juzgador deberá examinar y tomar en consideración lo siguiente: estado de salud que pueda impactar la habilidad de los abuelos para sufragar sus propios gastos médicos; gastos en lo que invierte éste si tiene algún impedimento o discapacidad; gastos por nutrición particular o dietas; cuidado necesario de alguna condición de salud o enfermedad que le aqueje; edad; si trabaja o no; gastos relacionados a vivienda y gastos necesarios relacionados a prevención de enfermedades”.

Mientras que, para el Departamento de Justicia, esta medida “indudablemente adelanta la política del Gobierno de Puerto Rico a favor del bienestar y protección de la población de las personas de edad avanzada. Sin embargo, resulta necesario que se establezcan mediante legislación, los criterios que se deben tomar en consideración al momento de determinar si procede la obligación de alimentar a los nietos. Ellos sin duda, constituirían salvaguardas mayores para esta población”, sostiene la Secretaria del departamento, Wanda Vázquez Garced. Recomienda, entonces, se incorporen al proyecto los criterios establecidos por la jurisprudencia, como parámetros a considerar en las controversias relacionadas al establecimiento de la obligación de prestar alimentos de los ascendientes.

El Departamento de la Familia, endosa la aprobación del proyecto y establece que “los abuelos no están desprovistos de remedios al momento de fijarles una pensión alimentaria en beneficio de sus nietos. A pesar de ello, la enmienda propone que se incluya lenguaje especifico en torno a cuando los abuelos son de 60 años o mayores para que se tome en consideración su salud, gastos médicos, si tienen algún impedimentos o discapacidad, gastos de nutrición, ingresos, si trabaja o no y otros gastos relacionados a prevención de enfermedades. Todas las situaciones anteriores son consideradas por el Tribunal al momento de fijarse una pensión alimentaria, no obstante, la intención legislativa es que las mismas consten establecidas en el Código Civil y no estén sujetas a interpretación”, indicó Evelyn Velázquez Vega, Secretaria Interina.

Por su parte, Roberto Aquino García, Presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico, respalda la aprobación de la medida, “dejando establecido claramente, que la prioridad tiene que ser la atención de esos menores, ya sea por los padres, los abuelos o el Estado. Como institución, nuestra posición es respaldar toda la legislación en beneficio de los pensionados y las personas de edad avanzada, como lo estamos haciendo en este momento, pero consignando que la prioridad tiene que ser el asegurar la alimentación de los hijos menores”, señaló.

El Instituto de Estadísticas establece que en cuanto a hogares de personas de 60 años o más como jefes o jefas de los mismos, se estiman cerca de 500,000. Por último, y concerniente al fenómeno amplio de abuelos y abuelas asumiendo deberes con implicaciones económicas con respecto a sus nietos, 6.3% de las personas de 60 años o más comparte residencia con nietos y 2.5% se consideran responsables de esos nietos.

“Tenemos que proteger, tanto a los niños, como a las personas de edad avanzada, ese es el propósito de esta medida. Que el proceso de establecerle una pensión alimentaria a esos abuelitos y abuelitas sea uno justo donde puedan cumplir con la sentencia, pero sin ver afectada su calidad de vida, ya que es una de las poblaciones más vulnerables de nuestro Puerto Rico”, sentenció la legisladora.