Alcalde de Hormigueros se defiende

Por Redacción Es Noticia

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El alcalde de Hormigueros, Pedro J. García Figueroa, se defendió de los señalamientos de una auditoria de la Oficina del Contralor y aseguró que no cometió ilegalidad al otorgar un contrato a una firma de arquitectura para realizar el proyecto del Centro de Usos Múltiples.

“Es inaceptable que la Oficina del Contralor de Puerto Rico haga un referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental cuando le contestamos sus hallazgos, le demostramos que su interpretación es errónea, que la contratación cumplió con la ley y nos mantenemos firmes en que ni la Junta de Subasta ni ningún empleado del municipio ha cometido ninguna ilegalidad en la otorgación de este contrato”, indicó García Figueroa.

“Nuestra administración municipal de Hormigueros tiene dentro de su misión, el ejercer sus deberes y facultades dentro de los más altos estándares de excelencia y en estricto cumplimiento con las leyes y la reglamentación aplicables. Así ha quedado demostrado en las anteriores auditorías realizadas por la Oficina del Contralor y en las monitorías de agencias fiscalizadoras de fondos federales”, expresó el Ejecutivo municipal.

Explicó que la selección de la Corporación de Servicios Profesionales de Arquitectura a la que hace referencia el Contralor la hicieron “dentro del proceso de competencia adecuado” mediante la solicitud de propuestas y el análisis de las mismas por la Junta de Subastas Municipal.

“La Junta tuvo ante su consideración cinco propuestas para los servicios de diseño  de la primera fase de un Centro de Usos Múltiples en el Sector Hoya Grande del Barrio Guanajibo.  La adjudicación de los trabajos se hizo conforme a la Ley, por votación unánime de los miembros de la Junta presentes en la consideración de propuestas, y ante la recomendación del Director de Obras Públicas Municipal, en calidad de miembro asesor de la Junta”, señaló.

Según indicó, el contrato -firmado en julio de 2009- contiene obligaciones contractuales que no se extinguen con su vencimiento y el mismo cumple en su totalidad con las disposiciones de la Ley 237-2004, Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales o Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Precisó que la cuarta cláusula de dicho contrato formaba parte de la propuesta del contratista y la establecieron de acuerdo al Manual de Práctica Profesional del Colegio de Arquitectos vigente en aquel momento.

Los $28,885 pagados al Contratista, según indicó, los pagaron “sin apartarse de la ley y con la aprobación de la entidad custodia y fiscalizadora de los fondos federales CDBG, la antes Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM)”.

Los primeros $20,286 pagados por la revisión de honorarios estaban dentro de los costos iniciales de la fase de diseño, y los $8,599 fueron producto de una reprogramación de fondos solicitada el 2 de abril de 2012 y aprobada el 18 de abril de 2012 por la OCAM, señaló.

“Si se le pagó al Arquitecto esa cantidad es porque en su propuesta estaba estipulado y en el contrato que se firmó también. Además, ese pago al arquitecto se hizo como lo establecen las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como se hacen todas las cosas en mi municipio. Jamás se ha pagado por un trabajo no realizado, Jamás”, aseguró.