Alegan medida sobre abortos es una interferencia indebida del estado

Por CyberNews

 

La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal Segurola alegó el jueves que el proyecto de ley que pretende limitar el derecho de la mujer a consentir a un aborto, constituye un retroceso en los derechos de la mujer y una interferencia indebida del estado con un derecho fundamental.

Esto, sin que exista un interés apremiante o un problema significativo de salud que lo justifique, según dijo.

“El estado debe dirigir sus esfuerzos en ofrecer una educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y otras medidas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres y no en interferir con las decisiones que ésta tome mediante requisitos innecesarios. El aborto ya está reglamentado en Puerto Rico y no debe el Estado imponer más cargas a las mujeres que deciden terminar un embarazo no deseado”, dijo Candal Segurola en declaraciones escritas.

Precisó que la medida de referencia se encuentra en evaluación en el Senado. Alegó que el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, aseguró en los medios de comunicación que no bajará la pieza legislativa por descargue y que la misma será evaluada minuciosamente antes de llevarla a votación.

La otrora juez superior, explicó que la Constitución de Puerto Rico en el Artículo 2 Secciones 1 y 8 establece que la dignidad del ser humano es inviolable y que toda persona tiene derecho a la protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.

“El Tribunal Supremo de los Estados Unidos también ha expresado que el derecho a la intimidad tiene protección constitucional. Como parte de ese derecho fundamental el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció el derecho y la libertad de la mujer a terminar su embarazo conforme al debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda en Roe vs Wade, 41 US113 (1973)”, indicó.

Por otra parte, citó que en Puerto Rico, desde 1980 el Tribunal Supremo en el caso de Pueblo vs Duarte Mendoza, 109 DPR 596 (1980) reconoció que una mujer menor de edad con capacidad y suficiente madurez para comprender el significado de la terminación de un embarazo y lo que implica el procedimiento para llevarlo a cabo, puede consentir a la terminación.