Arrestado federal construyó bóveda en su residencia

Por CyberNews

 

Miguel Sosa Rodrí­guez, arrestado el miércoles junto a otras seis personas por supuesta corrupción pública, mandó a construir -con dinero público- una especie de bóveda subterránea, informó la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

“Nosotros entendemos que el boquete se hizo para guardar dinero en efectivo”, expresó la fiscal Rodrí­guez Vélez durante la conferencia de prensa en la que anunció la acusaciones contra el grupo de arrestados por las autoridades federales.

Las  imputaciones están relacionadas a la utilizar dinero de la corporación Rosso Group Inc., la cual obtuvo contratos con el Gobierno de aproximadamente $8.7 millones.

Los contratos los otorgó, el también arrestado exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ramón Orta Rodríguez. Además de la residencia de Sosa Suárez, en Salinas, se utilizó dinero de dicha corporación para hacer trabajos de construcción en la residencia de Orta Rodríguez, en Guaynabo.

Rodríguez Vélez expresó que el caso, de alguna manera, se relaciona con el del exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández.

¿Por virtud de algunos protagonistas del esquema?, le preguntó la prensa.

“Si, pero no puedo mencionar nombres, porque hay unas personas que ya están sujetas y no debo entrar en eso”, contestó.

Al preguntarle cómo va entonces la segunda etapa del caso de Hernández Pérez, la fiscal federal contestó que “ciertamente este caso que estamos sometiendo hoy esperamos que ayude en esa investigación”.

Rodrí­guez Vélez informó que un gran jurado federal emitió  acusación contra:

  • Ramón Orta Rodríguez – exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes.
  • Edgardo Vélez Morales – exayudante del exsecretario del DRD.
  • Oscar Rodríguez Torres – presidente de Rosso Group y supuestamente pareja de Sally López, exadministradora de la Administración de Derecho Laboral y convicta por corrupción en el caso del exrecaudador Anaudi Hernández Pérez.
  • Miguel Sosa Suárez – creador de Global Sports Iniciative y exdirector de Finanzas del Partido Popular Democrático (PPD) para la campaña de David Bernier.
  • Irving Riquel Torres Rodríguez – presidente de Administrative, Environmental and Sports Consultant
  • Cecilia Amador López – esposa de Torres Rodríguez.
  • Juan Carlos Ortíz López – presidente de Sports Consultants.

Según el pliego acusatorio, los arrestados supuestamente conspiraron desde el 2013 al 2016 para obtener fraudulentamente fondos federales, administrados por los Departamentos de Educación y la Administración de Vivienda Pública.

Supuestamente, Orta Rodríguez utilizó su posición como secretario del DRD, para solicitar fondos federales, bajo falsas representaciones en cuanto a la capacidad de su agencia para realizar las actividades.

El exfuncionario contrató entonces a la empresa Rosso Group para administrar varios proyectos pagados con fondos federales. Dicha corporación no participaba de subastas para obtener los contratos, que totalizaron $10,510,460.

Los contratos entre la corporación Rosso Group y el DRD, según la acusación, fueron inflados por $3.9 millones, que supuestamente fueron divididos entre los imputados del esquema.

De acuerdo con las autoridades, Orta Rodríguez obtuvo $799,740 de un proyecto que fue pagado con fondos del Departamento de Educación federal.

En otro de los supuestos esquemas, Orta Rodríguez contrató a la corporación Rosso Group para realizar un programa de televisión en los complejos de Vivienda Pública. El imputado Sosa Suárez acordó inflar los costos de las facturas para producir un segundo programa de televisión (DRD.TV).

Tanto la corporación Rosso Group, como Sosa Suárez, recibieron de la Administración federal de Vivienda Pública (HUD) la cantidad en exceso acordada. En total, Orta Rodríguez pagó en exceso con fondos del HUD $1,216,550.

Este dinero supuestamente Orta Rodríguez lo utilizó para, entre otras cosas, viajes a Veracruz, México, donde se celebraron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2014 y los Panamericanos en Toronto, Canadá del 2015.

Finalmente, Orta Rodríguez alquiló una propiedad en Guayama por $14,500 en contrato a 5 años a Juan Carlos Ortiz Nieves, para que el DRD utilizara las facilidades deportivas.

El contrato excedió por $6,000 la propuesta que originalmente se hizo por el arrendamiento. El exceso se le dio en efectivo, tanto a Orta Rodríguez, como a su entonces ayudante, Edgardo Vázquez Morales. En total, Orta Rodríguez recibió $27,000.

“La práctica de otorgar contratos a personas que no tienen los requisitos ni los méritos ni la capacidad para rendir los servicios se tiene que acabar”, añadió la fiscal federal.

De ser hallados culpables, se exponen hasta 30 años de prisión. Durante la tarde, los arrestados salieron en libertad bajo fianza cuando la jueza Camille Vélez les impuso una fianza no asegurada de $10,000.

Los acusados, Oscar Rodríguez y Miguel Sosa Suárez solicitaron una posposición de la vista de lectura de acusación. Mientras, el exsecretario del DRD, Ramón Orta, Irving Riquel Torres, Cecilia Amador López, Juan Carlos Ortiz Nieves y Edgardo Vázquez sometieron una alegación de no culpabilidad.

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