Aval a licencia para casos de violencia de género

Por Redacción Es Noticia

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La ‘Línea de Orientación 24/7’ de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) atendió -el pasado año- unas 3,296 llamadas para orientaciones de víctimas de violencia de género.

La situación es tan grave en Puerto Rico que este mes han aumentado en un 21 por ciento, reveló la procuradora de la mujer, Lersy Boria Vizcarrondo,  quien destacó que estadísticas de la Policía revelan que Bayamón encabeza los incidentes de violencia doméstica con 951 querellas en 2018, seguido por Arecibo con 907 y Caguas con 608.

La Procuradora de la Mujer agregó que el año pasado, la OPM atendió 966 situaciones de violencia doméstica, 73 situaciones de asecho y 29 situaciones de agresión sexual, sin considerar las situaciones que no llegaron a esa Oficina.

A tal efecto, la funcionaria favoreció el Proyecto de la Cámara 2007 que crear la “Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su modalidad grave”.

 

La Ley de ‘Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género…’ concede 15 días sin sueldo indistintamente que exista o no una querella policiaca.

 

“A pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno para atender las manifestaciones de la violencia doméstica o de género en las esferas de empleo público y privado, muchas víctimas se han visto coartadas de la ayuda que proveen estas leyes en sus lugares de empleo por la interpretación limitada de las leyes, que algunos patronos han decidido adoptar a favor de sus empleados.  Por lo que este proyecto es cónsono con parte del protocolo ya existente en estos casos”, indicó la Procuradora.

 

Respaldo a la medida

Naihomy Álamo Rivera, procuradora del Trabajo, adscrita al Departamento del Trabajo, avaló la medida. No obstante, aclaró que los empleados exentos tienen que ser remunerados de forma íntegra por cada semana de trabajo en la que realicen una tarea sin importar las horas que trabajen. Esto porque su contrato se basa en un sueldo fijo garantizado que no está sujeto a reducciones por variaciones en la cantidad o calidad del trabajo.

“Por lo tanto, si un empleado exento se ausenta menos de un día por hacer uso de la licencia especial concedida por este Proyecto, se tiene que pagar el día completo de trabajo o el patrono estaría haciendo una deducción no permitida por el ‘Fair Labor Standards Act’, indicó. También, destacó el hecho de que cuando el trabajador se reincorpore a su empleo someta evidencia justificando el uso correcto de la licencia especial.

Mientras, Mairís Cassagnol Corniel, secretaria auxiliar de asesoramiento del Departamento de Justicia, afirmó que la pieza “responde un interés apremiante del Estado de proteger a estas víctimas y, a su vez, elimina la discreción de los patronos de negar a la víctima o a su familiar disfrutar de una licencia para atender situaciones de maltrato”.

Es importante señalar que tanto el licenciado Carlos Yasmín, director legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, como la licenciada Diocelyn Rivera Díaz, de la Oficina de Administración y Transportación de los Recursos Humanos, también respaldaron la medida.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborables, Ángel Peña Ramírez, en segunda instancia de la vista pública, expresó que el Proyecto complementa las leyes ya establecidas por el Gobierno y amplía la ayuda para las víctimas.

“Se entiende por buscar ayuda que no solamente es incoar una acción en el tribunal o entidad cuasi judicial, sino de orientación, terapia y otras. Esto abarca la parte legal y la integral del servicio que merecen este tipo de víctimas. Nuestro norte es buscar que ese acceso que ha estado buscando el Estado se lleve a cabo. Quizás ya la ley existía, pero el hecho de que puedan asistir al tribunal, terapias o algún albergue sin verse afectado su empleo es necesario, y abarca tanto al sector público como privado”.

El representante independentista, Denis Márquez Lebrón, expresó su preocupación por el concepto de la reinstalación de las víctimas en su empleo ya que no se utiliza normalmente en los proyectos que tienen que ver con licencias sino en lo relacionado al asunto del Fondo del Seguro del Estado.

“Lo hablé ahora con la Procuradora y lo van a trabajar para que se cumpla con la licencia de manera específica. Lo otro es que como unen patronos públicos o privados y no necesariamente los procesos son iguales, hay que utilizar conceptos en algunos momentos diferentes”, afirmó. Además, indicó que el concepto familiar es amplio y deben trabajarlo. Ante esto, la Procuradora de la Mujer, expresó que se podría atender en el aspecto de la consanguineidad.