Comisión de Gobierno pedirá opinión a la Junta sobre descolegiación voluntaria

Por CyberNews

 

El representante, Jorge Navarro Suárez, que preside la Comisión de Gobierno informó el miércoles, que impartió instrucciones al personal de la Comisión, para que se le solicite al presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, una expresión de la descolegiación voluntaria y si afecta el plan fiscal de las agencias gubernamentales.

Como parte del análisis de los Proyectos de la Cámara 1789, 1804 y 1800, Navarro Suárez, anunció que se apresta a solicitar una expresión por parte de la Junta de Control Fiscal, en torno al posible impacto negativo en el plan fiscal de las agencias gubernamentales que tendría la aprobación de la colegiación voluntaria en el caso de los ingenieros, arquitectos, agrimensores, delineantes y agrónomos.

En específico, la arquitecta Diana Luna Serbiá, presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, opinó que la aprobación del Proyecto de la Cámara 1789 “tiene un efecto fiscal que incluso pudiera ser antagónico con los fines de la Ley PROMESA de lograr un presupuesto balanceado. Esto debido a que la descolegiación representa una mayor responsabilidad para el Estado con respecto a la regulación y fiscalización de esta profesión, lo que conllevará mayores costos para el gobierno”.

Por su parte, el ingeniero Pablo Vázquez, presidente del Colegio de Ingeniero y Agrimensores, señaló que el estado de derecho actual “cumple cabalmente con el interés apremiante del Estado de protección ciudadana y de asegurarse que aquellas personas a quienes se les concede el privilegio de ejercerlas, observen unos estándares mínimos en cuanto a su conducta y competencia profesional”.

Añadió que en el caso específico del CIAPR y por delegación expresa de ley, les corresponde adoptar e implementar los cánones de ética que rigen la conducta de los ingenieros y agrimensores, aparte de que, por delegación por la Junta de Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, les corresponde a ellos el implementar y administrar el programa de educación continua para estas profesiones.

Sostuvo que, debido al carácter compulsorio de la colegiación en esta profesión, “bajo el estado de derecho actual, la suspensión de la colegiación conlleva la inhabilitación del profesional para la práctica de su profesión”.

El ingeniero se manifestó en favor del derecho constitucional de afiliación que se esgrime en el proyecto, siempre y cuando el interés apremiante del Estado no requiera que se regule esta profesión debido al carácter de protección pública de la labor que se ejerce. Este punto fue apoyado por el resto de los deponentes presentes.

Mientras que la agrónoma Aida Maldonado Quiñones, presidenta del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, señaló que, en el caso de esta profesión al no existir una reválida para ejercer estas funciones, es mediante la colegiación compulsoria, que se puede velar que se cumplan los estándares dispuestos por ley.