Corporación Puerto Rico

 

Desde hace unas décadas, Puerto Rico ha sido objeto de un golpe de estado corporativo.  Este fenómeno económico-político, responde al sistema capitalista neoliberal que impera a nivel mundial.

La globalización de la economía funge como autopista sin peaje para que el sistema corporativo se despliegue por el mundo como pavo real, sin mucha resistencia o regulación por parte de los gobiernos nacionales.

Es decir, el sistema corporativo controla y somete a los gobiernos nacionales a proteger sus intereses por encima de los del pueblo.  No obstante, para que los pueblos se acojan a los intereses corporativos, éstos deben ser hechizados psicológicamente a favor de la privatización de servicios públicos.

Por lo general, para lograr que los pueblos se seduzcan bajo el canto de sirenas de la privatización, se establecen tres pasos básicos por parte del gobierno:

1) reducir/eliminar sustancialmente los fondos asignados al servicio o agencia gubernamental.

2) el deterioro del servicio provocará molestia en la gente que recibe el servicio.

3) el gobierno propone privatizar la agencia o servicio como solución porque no puede costear las operaciones.

Es decir, el gobierno induce el daño al servicio público y, posteriormente, te presenta la “solución”.  En consecuencia, tal y como termina la leyenda del Flautista de Hamelin, el pueblo se lanza hacia la privatización coronándola como el estilo de vida ideal y beneficiosa para todos y todas. Nada más lejos de la realidad.

A 50 días luego del paso del huracán María, muchas escuelas del país sufrieron graves daños que limitaron la posibilidad de reabrirlas.

Otras, indicaron que los daños que tenían ya era parte del exhibidor escolar mucho antes del paso del fenómeno atmosférico.  La planta física deteriorada, los escasos recursos para maestros/as, personal no docente y materiales para estudiantes era parte del diario vivir antes del huracán.

Conjuntamente, el hacinamiento de estudiantes por salón impide que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea uno dirigido, considerando la diversidad entre los/as estudiantes.

El poco espacio para que los/as maestros/as sean creativos se reduce a lo que le impone un mapa curricular.

Las evaluaciones punitivas, el exceso de trabajo administrativo y la imposición de pruebas estandarizadas no contextualizadas a nuestro país, evidencian la reducción del presupuesto asignado a las escuelas y la molestia e incomodidad que vive el personal educativo diariamente.  Así, el paso 1 y 2 de la privatización se va cuajando.

El panorama educativo antes descrito lleva años desarrollándose en Puerto Rico.  La molestia evidente en los/as maestros y directores/as es sumada a la baja reputación que tienen por parte de la sociedad, al mismo tiempo que sus salarios no compensan el esfuerzo titánico de enseñar en un sistema que los oprime.

Los beneficios marginales son trastocados severamente, cuestionando si gozaran de su retiro algún día o a dónde habrá ido a parar.  Por tanto, la propuesta de privatizar escuelas se presenta como la respuesta salvadora del tedioso problema que enfrentan los/as docentes.  Llegamos al paso 3.

Ceder el servicio de enseñanza a la empresa privada, trae consigo un cambio ideológico.

La educación no se considerará como un servicio sino como un producto a mercadear/vender.

El maestro pasará de ser un servidor social a una mercancía desechable en el momento que le cueste mucho ($$$) a la empresa o que la tecnología digital lo reemplace para siempre.

Las condiciones salariales y marginales cambiaran significativamente y su contratación podrá verse limitada a los grupos que atienda, por el tiempo que los atienda.  No habrá garantía de empleo sustentable o permanente.

Bajo la privatización, el enfoque será cuánto dinero puede generar la empresa sin que le cueste mucho la mano de obra.

Además, bajo la privatización de las escuelas públicas apenas habrá espacio para la sindicalización del personal docente debido a que no podrán contar con la presencia de ese/a maestro/a anualmente.  Quizás esto lleve al sindicato a reconfigurar sus estrategias de afiliación.

En fin, la clase magisterial quedaría a la merced del patrono empresario que le interesa más su beneficio económico sobre lo que pueda aprender los/as niños/as y jóvenes.

La calidad de la educación será dirigida según lo que dicte el mercado económico y no la especialidad del/a maestro/a.  Es decir, el atentado al derecho constitucional a una educación pública y gratuita –y otros servicios sociales- queda en entredicho cuando el poder económico se posiciona por encima del poder social de la gente creando, así, la Corporación Puerto Rico.