Crónica de la salida del titular de Corrección

Por Sandra Caquías Cruz

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Horas después de que un confinado fue encontrado muerto en la celda, el tercero desde que un reo asesinó a un oficial correccional en agosto pasado, la gobernadora Wanda Vázquez le pidió la renuncia al secretario y al subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Rolón Suárez e Irving Otero Narváez, respectivamente.

«Cuando comencé en la gobernación, expresé claramente que todos los jefes de agencia están bajo evaluación constante y bajo análisis con relación a sus ejecutorias. Es nuestra prioridad que todos les debemos al pueblo efectuar nuestro trabajo diligentemente, con responsabilidad y compromiso. Así lo continuaremos haciendo”, expresó la gobernadora Wanda Vázquez Garced en un comunicado de prensa que envió sábado a las 8:00 pm.

El secretario asociado del DCR, Eduardo J. Rivera Juanatey, será el secretario interino de esa Agencia, esto luego que ambos entregaran sus cartas de renuncia.

 
3,986 oficiales correccionales
9,050 confinados

 

Rolón Suárez, quien fuera ‘mano derecha’ del renunciante gobernador Ricardo Rosselló, devengaba un salario de $106,666 anuales y mientras fue subsecretario de la Gobernación recibía un diferencial adicional de $3,000 mensuales. También fue administrador de la Administración para el Financiamiento de la Vivienda (AFV).

El pasado 19 de agosto, la Gobernadora le pidió a Rolón Suárez que, «con el fin de maximizar sus funciones», se dedicara a «su gestión como Secretario de esa agencia» y dejara sin efecto su nombramiento como administrador de la AFV. 

El Secretario del DCR, quien es abogado y fue juez municipal, comenzó a dedicarle más tiempo al DCR luego que lo relevaran de esos cargos.

Bajo su mandato, el pasado mes, asesinaron un oficial correccional, lo que no ocurría en Puerto Rico desde 1971, cuando mataron dos oficiales correccionales en la cárcel de Bayamón.

El oficial correccional Pedro Joel Rodríguez Mateo fue asesinado a golpes por el confinado Luis Emmanuel Sostre Picinnini, esto ocurrió en la cárcel de máxima seguridad del complejo correccional Las Cucharas, en Ponce.

Los oficiales correccionales aseguraron que esa muerte pudo evitarse si hubiesen tenido más oficiales correccionales, por lo que comenzaron una serie de manifestaciones en las que denunciaron malas condiciones de trabajo.

Rolón Suárez informó que la Junta de Control Fiscal le retuvo $28 millones y que no podían convocar una academia para reclutar más personal debido a la falta de dinero.

Los miembros de la Junta de Control Fiscal se reunieron con Rolón Suárez para decirle que necesitaba ser más eficiente con el dinero que tenía asignado y libero un dinero que será utilizado para una academia de 500 oficiales correccionales que realizarán en los próximos meses.

 

El presupuesto del año fiscal 2020 le permite al DCR atender las necesidades actuales y futuras de corrección y rehabilitación en Puerto Rico mediante una planificación efectiva y una administración responsable de la gestión fiscal y de recursos».

Natalie Jaresko – directora ejecutiva de la JCF

 

Tan reciente como el jueves -pasado-  miembros de la JCF visitaron la cárcel de Bayamón y Aguadilla «para entender la condición real de las estructuras, la población penal, y los oficiales correccionales».

«El Sistema debe cumplir con los parámetros necesarios de la ley utilizando fondos públicos de manera efectiva», informó el organismo en las redes sociales.

Mientras, la Legislatura comenzó un proceso de vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 59, con la que buscan atender las preocupaciones sobre la seguridad y condiciones de trabajo en las cárceles.

Durante esas vistas, los legisladores pusieron en duda varias subastas del DCR, entre las que se encuentra la de servicios de alimentos y servicios telefónicos, salud correccional, así como una sentencia del Tribunal de Apelaciones revocando la adjudicación del contrato de servicios de alimentos por supuesta intervención indebida. 

Mientras, en las cárceles continuaba la muerte de confinados.

El reo Sostre Picinnini, quien después del asesinato del oficial correccional fue traslado a la cárcel de Guayama, murió de una supuesta sobredosis, esto luego de que días antes expulsara supuesta droga que tenía en su cuerpo. Sostre Picinnini cumplía una sentencia de 71 años en prisión por una masacre. 

El agosto, un reo fue hallado muerto en la cárcel de Bayamon. A las 3:25 de la madrugada de hoy -sábado, según el informe de la Policía- fue encontrado muerto el confinado Eliomar Ortiz Méndez, de 25 años. 

 

Miembros de la Junta de Control Fiscal visitaron la cárcel de Bayamón y Aguadilla. FOTO: JCF