Demandan a Rivera Schatz por no hacer público registro de cabilderos

Por CyberNews

 

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó una demanda contra Thomas Rivera Schatz, como presidente del Senado por no entregar al periodista Joel Cintrón Arbasetti el registro de cabilderos de ese cuerpo, incluyendo los clientes a los cuales la persona o la firma le presta servicios de cabildeo, para los años 2017, 2018 y 2019.

“El señor Rivera Schatz, en representación del Senado de Puerto Rico, tiene el deber ministerial de entregar la información solicitada”, indica la demanda en la que el CPI es representado por la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell Recurt.

“¿Cómo se va a fiscalizar el trabajo legislativo si no se conoce cuáles son los grupos de interés que están intentando influenciar la legislación? El cabildeo es un ejercicio legítimo; lo que no debe ser es que ocurra a oscuras”, dijo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet en una comunicación escrita.

El documento solicitado es información pública a la cual “cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”, dice la demanda.

Indicó que luego de múltiples intentos iniciados en marzo de 2018 para conseguir el documento, la organización periodística decidió radicar el recurso legal para obtener esta información, que es pública. Según se indica en la demanda, la Cámara de Representantes recibió la misma solicitud de información y proveyó los datos.

El caso fue asignado al juez Anthony Cuevas y este citó una vista para el jueves, 7 de febrero a las 2:00 de la tarde en la sala 904 del Tribunal de San Juan.

En sus 10 años de trayectoria, el CPI ha tenido que demandar al gobierno en unas 12 ocasiones, con lo que lograron acceso a la información solicitada en todas ellas. También ha demandado al gobierno federal, en un pleito que todavía está en proceso pero ya ha producido información sobre las ejecutorias de FEMA en Puerto Rico luego del huracán María.

Además, demandó a la Junta de Control Fiscal (JCF) para obtener acceso a informes y comunicaciones entre esa entidad y el gobierno de Puerto Rico así como el federal, logrando acceso a más de 5,000 emails.