En manos del juez Gelpí decidir si federales discriminan contra puertorriqueños

Por Sandra Caquías Cruz

redaccion@esnoticapr.com

 

PONCE – El juez federal Gustavo A. Gelpí tiene en sus manos decidir si el gobierno federal discrimina contra Puerto Rico en los fondos que asigna para los programas Medicaid, Medicare y el Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés), según la demanda radicada por el Consejo de Salud de Puerto Rico, mejor conocido como MedCentro.

El juez Gelpi determinó reservarse el fallo, tras una vista celebrada el pasado jueves y cuyo fin fue atender una moción que presentó la parte demanda (Gobierno federal) argumentando que, basado en el caso Califano y Harris, la demanda debería ser desestimada.

No obstante, en mayo pasado el juez Gelpí emitió una opinión y orden en un caso civil sobre Seguro Social con la que abrió la puerta a revisar el trato discriminatorio de Estados Unidos hacia los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. Se trató de un caso que, en resumén, el Seguro Social demandó a un individuo porque se mudó a Puerto Rico sin avisar y recibió más pensión que si viviera en uno de los estados.

“La Corte no le va a permitir a Estados Unidos evadir una revisión judicial de un tema antipático utilizando pretextos jurisdiccionales”, señaló el juez federal en Puerto Rico en aquella opinión.

“Los acontecimientos recientes sobre Puerto Rico, por ejemplo, aumentaron la conciencia en Estados Unidos continental después del huracán María, así como se generó un consenso local y nacional en contra de ese tipo de tratamiento diferente, que podría alentar a los tribunales a revisitar Califano y Harris”, reza la opinión y orden del juez Gelpí, emitida en mayo.

Mientras, el abogado Ignacio Fernández Lahongrais, representante de Med Centro, dijo al salir de la vista, que su argumento es “que la desigualdad en el tratamiento de los fondos Medicare, Medicaid y CHIP son distinguibles a Harry y Califano porque crean un sistema de salud separado y desigualdad al sistema de salud que tienen otros ciudadanos de Estados Unidos, residentes en los otros Estados”.

“Lo que estamos reclamando en la demanda es trato igual en lo que respecta a sistema de salud”, subrayó en un aparte con la prensa tras concluir la vista en la sala que el tribunal federal tiene en Ponce, la cual estuvo repleta  de médicos y estudiantes de medicina.

“Nosotros estamos nadando en contra de esa marea, estamos nadando en contra de los casos del (tribunal) Supremo y estamos tratando de distinguir de esos otros casos”, indicó sobre los planteamientos del abogado César López Morales, quien representó al Gobierno federal y argumentó su petición de desestimación de la demanda amparandose en el caso Harry y Califano.

Fernández Lahongrais espera que el Gelpi se tome, hasta un mes, en emitir la decisión por tratarse de un caso que tiene “unas repercusiones muy serias, que afectan a más de un millón de residentes de Puerto Rico”.

Explicó que la demanda incluye dos pacientes, uno beneficiario de Medicare y otro de Medicaid, ambos ciudadanos de Estados Unidos, que cumplieron con sus responsabilidades como ciudadanos americanos, “y ahora, en las postrimerías de su vida, cuando más lo necesitan, están sujetos a un plan de salud de segunda clase, y eso para nosotros es ofensivo”.

Fernández Lahongrais indicó que ese discrimen ha llevado a la falta de especialista, “los pacientes están descontrolados, no tienen atención médica, no hay el acceso debido. Nos llegan los pacientes descontrolados, sin acceso a (servicios de salud) y nosotros (centro de salud) tenemos que subsanar eso”.

“Eso es lo que vemos en carne propia, lo que causa el discrimen, causa el deterioro en la calidad de vida del ciudadano”, enfatizó.

La comisionada residente Jenniffer González, quien estuvo representada por la licenciada Veronica Ferraiuoli Hornedo, se unió a este caso como amiga de la corte. “La opinión de la Comisionada Residente es indispensable para poder ilustrar a la corte los problemas que tenemos los ciudadanos para poder accesar el sistema político norteamericano”, dijo el abogado Fernández Lahongrais.

Señaló que, aunque la decisión tal vez pudiera aplicar en otros programas federales, el caso de salud es único porque se trata de la vida humana.

“Cuando tenemos un servicio de segunda clase, la gente, que no se debió haber muerto, se muere. Segundo, el discrimen que hemos recibido en los fondos es lo que ha llevado a Puerto Rico a la quiebra”, dijo.

“Gran razón por la que estamos donde estamos, bajo PROMESA y una Junta de Control Fiscal, es porque tenemos que subsanar el requerimiento federal que nos obliga a dar esos servicios, igual que en los estados, pero no nos dan los fondos para proveer los servicios”, indicó.

Por su parte, Allan Cintrón Salichs, director ejecutivo de Med Centro, dijo que “es un caso sólido que abre la puerta para que el Tribunal nos conceda las protecciones constitucionales que nos cobijan”.

“Med Centro, como institución de salud primaria sin fines de lucro, persigue un trato justo e igual al momento en que se asignen los fondos federales de salud.  Estamos seguros de que vamos a prevalecer en nuestro reclamo y que las determinaciones que se tomen, una vez concluya el caso, beneficiarán a todos los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico”, indicó.

En la demanda, radicada por Med Centro y varios beneficiarios de Medicaid, se alega que Puerto Rico es tratado de forma discriminatoria, al otorgársele menos fondos de los programas de salud Medicaid, Medicare y CHIP, aunque se le impone las mismas responsabilidades y deberes cual si fuera un estado.  El caso es de singular importancia ya que podría repercutir en la futura asignación de fondos que recibe Puerto Rico para la reforma de salud.