Firman dos leyes en favor de la comunidad sorda

Por Redacción Es Noticia

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La Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda es ley así como un Proyecto del Senado para viabilizar que personas con condiciones, como la sordera, puedan comunicarse efectivamente en los tribunales del País.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el Proyecto de la Cámara 335 y el Proyecto del Senado 663, ambos dirigidos a atender las necesidades de la comunidad sorda en Puerto Rico.

El Proyecto de la Cámara de Repesentantes 335 establece la Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda o con Impedimento Auditivo en Puerto Rico, medida dirigida a garantizar a esta población el acceso a la educación y que puedan participar en los servicios educativos que le permitan el desarrollo profesional y la ayuda técnica que necesiten.

La medida promueve la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas de las personas con discapacidades auditivas y garantiza que las personas con sordera alcancen su máximo desarrollo y plena participación social.

“La comunidad escolar sorda tendrá derecho a que se les brinde acceso tanto a la enseñanza del lenguaje oral (lectura de labios), así como al lenguaje de señas”, señaló la representante María M. Charbonier Laureano, autora de la medida.

El estatuto también obliga al Departamento de Educación a ofrecer adiestramientos, cursos o talleres de lenguaje de señas a los padres o tutores de niños sordos.

Mientras, el Proyecto del Senado 663, de la autoría del senador independentista Juan Dalmau Ramírez, viabilizar el acceso a la justicia de las personas que padecen de condiciones que impidan su comunicación efectiva.

La medida realiza varias enmiendas a una diversidad de estatutos que rigen los procedimientos judiciales y cuasijudiciales, con el fin de asegurar que las personas con sordera o con condiciones que le impiden comunicarse efectivamente puedan entender de manera eficaz los procedimientos adversativos que se lleven en su contra en los tribunales de justicia o en foros administrativos.

A su vez, se les garantiza intérpretes de señas o un acomodo razonable en cualquier proceso judicial o administrativo.

El Gobernador dijo que “proveer asistencia de intérprete durante cualquier proceso judicial o cuasijudicial es una consecuencia lógica de la garantía a un debido proceso de ley y que ninguna persona puede estar sujeta a un proceso judicial injusto”.