JCF advierte que bonistas están por encima de pensionados

Por Redacción  Es Noticia

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La Junta de Control Fiscal reaccionó hoy -viernes- a la controversia desatada en rechazo a su propuesta, de recortar las pensiones de los jubilados, advirtiendo que «el tribunal no permitirá que las pensiones se paguen en su totalidad, cuando los bonistas reciben mucho menos de lo que se les debe». 

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares ofreció un Mensaje al pueblo -la tarde del jueves- en el que hizo un llamado a todos los sectores a que se le unan en la lucha contra la Junta de Control Fiscal (JCF) para que no se les quiten las pensiones a los jubilados del Gobierno. 

 

La Junta de Supervisión hará todo lo que esté en sus manos para asegurarles a los retirados la mayor cantidad posible de sus pensiones. No obstante, legalmente la Junta de Supervisión está consciente de que el tribunal no permitirá que las pensiones se paguen en su totalidad, cuando los bonistas reciben mucho menos de lo que se les debe. Es por esto que la Junta de Supervisión desarrolló una política para reformar las pensiones que ha sido parte de cada Plan Fiscal desde 2017. Esa iniciativa, que ha resultado en una recuperación del 90% de los dineros de los pensionados, también intenta limitar los recortes a aquellos que están en una mejor posición económica para asumirlos”.

Junta de Control Fiscal

 

La JCF emitió la siguiente declaración:

“La Junta de Supervisión no quiere recortar las pensiones. Son las limitaciones legales y fiscales que pesan sobre Puerto Rico, no las ideologías, las que obligan a la Junta de Supervisión a reformar las pensiones.

Décadas de mal manejo financiero, pobre financiamiento y préstamos sobre las pensiones de la gente, han dejado a los sistemas de retiro del gobierno central, maestros y jueces prácticamente sin dinero.

Si el gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones utilizando como fuente de financiamiento el presupuesto del fondo general, los pensionados ya habrían dejado de recibir sus cheques. Pero eso significa que, de su presupuesto operacional, el gobierno tiene que identificar los fondos para pagar el costo anual de las pensiones (aproximadamente $2,500 millones al año), dado a que los sistemas de retiro están en quiebra.

En el pasado, los gobiernos fracasaron en identificar los fondos suficientes para pagar pensiones y, por lo tanto, tomaron más dinero prestado y gastaron todo el dinero con el que contaba el sistema de retiro. Ahora, el gobierno no puede tomar prestado y no hay dinero en el sistema de retiro.

La Junta de Supervisión no duda que las intenciones del Gobernador, de pagar las pensiones en su totalidad ahora y siempre, sean sinceras. Pero lamentablemente la realidad es que el gobierno no tiene el dinero para sufragar este gasto.

La política de la Junta de Supervisión para reformar pensiones reduce el costo de éstas por más de $10,000 millones durante los próximos 30 años para lograr que las pensiones sean asequibles y sostenibles para el gobierno.

Combinada con las demás reformas del Plan Fiscal, esta reforma de pensiones asegura que los próximos gobiernos siempre cuenten con los recursos para pagar el dinero que les pertenece a los retirados, hoy y en el futuro. Esto significa que nunca más los pensionados pasen por la difícil situación de dudar si recibirán o no las pensiones que se ganaron con su esfuerzo.

Los jubilados en Puerto Rico no tienen la culpa de la situación en la que se encuentran el Gobierno y los sistemas de retiro. Los jubilados son víctimas de la conducta irresponsable de gobiernos anteriores. La reforma de pensiones de la Junta de Supervisión está diseñada para corregir estos errores, logrando que las pensiones sean asequibles y sostenibles para el Gobierno, mientras se cumple con la ley PROMESA.

Bajo el proceso de Título III de PROMESA, los pensionados se consideran acreedores no asegurados, cuyo trato bajo el plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal. PROMESA provee para que solamente la Junta de Supervisión pueda proponer cuánto recibirán los pensionados; no el Gobernador. Pero todo lo que proponga la Junta tendrá que ser aprobado por un tribunal.

Otros acreedores del Gobierno, como los bonistas, argumentarán ante el tribunal que el dinero que va dirigido a pagar las pensiones debería destinarse al pago de los bonos del Gobierno. Algunos de estos acreedores también argumentarán que la Constitución de Puerto Rico establece que la deuda tiene prioridad y se debe pagar antes que las pensiones».