JCF asegura que acuerdo con retirados garantiza las pensiones

Por Redacción Es Noticia

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La Junta de Control Fiscal llegó a un acuerdo con el Comité Oficial de Retirados (COR) que -según el organismo federal- protege y asegura las pensiones a todos los empleados del Gobierno, tanto retirados como activos.

Las pensiones estarían aseguradas mediante la asignación de excedentes acumulados en el corto plazo y que irían a un fondo de reserva que garantiza el pago de futuras obligaciones de pensiones.

Además, aseguraron que este acuerdo provee una política más justa y sencilla para ajustar las pensiones que la que figura en el Plan Fiscal Certificado, al permitir que casi el 75% de los beneficiarios estén protegidos de cualquier recorte.

El acuerdo será parte integral del plan de ajuste que la Junta presentará al Tribunal del Título III y que afecta a más de 300,000 beneficiarios de pensiones y reestructura más de $50,000 millones en obligaciones de pensiones no sufragadas en el Sistema de Retiro de Empleados, el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura, explicó el organismo en declaraciones escritas.

Nos complace anunciar el acuerdo con el Comité Oficial de Retirados (COR), que es un paso crucial para presentar el Plan de Ajuste para el Gobierno de Puerto Rico y para que podamos salir del proceso de reestructuración de deuda del Título III, mientras aseguramos los beneficios futuros de nuestros retirados”.

José Carrión – presidente de la JCF

“Hemos trabajado arduamente con todas las partes interesadas durante el pasado año para lograr acuerdos consensuales para reestructurar nuestras deudas y obligaciones de pensiones. Hoy alcanzamos otro hito que permitirá a Puerto Rico salir de la quiebra y facilitará que las empresas inviertan, que nuestra economía crezca y que la gente de Puerto Rico prospere”, indicó.

La JCF no desaprovechó para hacer hincapié en que «décadas de mala administración financiera, falta de fondos y préstamos tomados de las pensiones del pueblo dejaron los sistemas de retiro del gobierno central, los maestros y la judicatura prácticamente sin dinero».

«Las restricciones fiscales y legales obligaron a la Junta de Supervisión a proponer una reforma de pensiones ya que, si el Gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones del presupuesto operacional general, los retirados hubieran dejado de recibir sus cheques de beneficios. Esto ha significado que el gobierno está sufragando el costo anual de las pensiones, por aproximadamente $2,500 millones al año».

«Según el proceso del Título III de PROMESA, los retirados son considerados acreedores no asegurados, cuyo trato bajo un plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal. Afortunadamente, la Junta de Supervisión ha podido alcanzar este y otros acuerdos consensuales para reestructurar las obligaciones de pensiones de Puerto Rico», señalan en la comunicación. 

“La Junta de Supervisión ha tomado medidas ágiles para proteger a los retirados presentes y futuros de Puerto Rico, y para asegurarse de que todos tengan acceso a una pensión digna, después de haber dedicado tantos años de arduo trabajo a nuestra Isla y de haber ganado un lugar muy especial en el corazón de todos los puertorriqueños”, dijo Ana Matosantos, miembro de la Junta de Supervisión.

“Este acuerdo con el COR, así como los que se lograron con los principales sindicatos que representan a los empleados activos, garantizan sus pensiones hoy y durante las próximas décadas, mientras protegen a nuestros retirados más vulnerables de cualquier reducción de pensión”, añadió.