Jenniffer González radica medida para extender el SSI a Puerto Rico

Por Redacción Es Noticia

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La comisionada residente, Jenniffer González Colón, aplaudió la determinación del tribunal federal de distrito reconociendo la igualdad de los derechos de los ciudadanos americanos que residen en el territorio en el caso USA v. Vaello-Madero. Hoy, luego de la decisión del juez, la comisionada radicó legislación bipartita para hacer extensivo a Puerto Rico el beneficio del SSI.

Las expresiones de González Colón surgen luego de que el juez Gustavo Gelpí desestimara la demanda por cobro radicada por el gobierno de Estados Unidos para recobrar el Supplemental Security Income (“SSI”) pagado a un ciudadano que se mudó de Nueva York a Puerto Rico sin notificar el cambio de residencia. La comisionada participó como Amiga de la Corte para defender el SSI para Puerto Rico.

“El estatus territorial de Puerto Rico ha sido la causa de discriminen contra los ciudadanos americanos residentes en la isla al rebajar la ciudadanía americana a una de segunda categoría. La decisión del tribunal federal de distrito hoy es consistente con nuestro reclamo. Nuestra lucha por la Igualdad de Puerto Rico en todos los foros, incluyó este tribunal federal y por eso pongo la acción donde puse la palabra y continúo esta lucha particular de trato igual en el programa SSI para que sea extensivo a la isla radicando legislación federal para poner en efecto la determinación del Juez Gelpí”, expresó González Colón.

“Hoy inmediatamente, luego de la decisión del juez radicamos legislación bipartita HR 947 junto a los congresistas Darren Soto, José Serrano, Auna Amata Radewagen, Stacey Plaskett, Kilili Sablan, y San Nicolas para hacer extensivo a Puerto Rico el beneficio del SSI”, añadió la comisionada.

“El SSI es un programa al que se ingresa por índice de pobreza en el que el gobierno federal asiste económicamente a personas de 65 años o más bajo línea de pobreza o impedimentos o condiciones especiales o menores con condiciones como cáncer, perlesía cerebral síndrome Down, esclerosis, entre otras condiciones, que afectan el que la familia y el individuo pueda generar ingresos suficientes para vivir. A diferencia del Seguro Social tradicional, con el SSI no requieren que un beneficiario realice pagos en el programa para tener derecho a los beneficios del programa. Un estadounidense en los Estados Unidos continentales que recibe SSI es tan probable que pague impuestos federales como un estadounidense que vive en Puerto Rico. No hay razón justificable para esta discriminación legal”, dijo.

El SSI es el único programa federal de apoyo de ingresos dirigido a familias con menores discapacitados. El programa de Puerto Rico que aplica en vez del SSI— el AABD— no provee para ayudas para menores discapacitados que no sean ciegos.

En los estados, la ayuda que provee el SSI mantiene al 66% del total de beneficiarios y al 59% de las familias con menores discapacitados por encima del nivel de pobreza que sin el SSI caerían por debajo.

Un 14% de los recipientes del SSI son menores con discapacidad que incluyen síndrome de Down, autismo, cáncer y parálisis cerebral.

El SSI es un programa de último recurso ya que los beneficiarios tienen que solicitar para todos los otros beneficios para los cuales puedan ser elegible antes de poder recibir asistencia bajo ese programa.

El máximo de ingresos para cualificar para SSI es $750 mensual por individuo o $1,125 mensual por pareja. En el programa que aplica en Puerto Rico (AABD) es $65.

El beneficiario promedio de SSI recibe $533 mensual ($662 para menores con discapacidades). El beneficio promedio bajo el programa q aplica en Puerto Rico es $77 mensual.

“No puede haber justificación alguna para que a Puerto Rico, Islas Vírgenes y Guam se les discrimine. Ya de por sí, las familias con niños y adultos con discapacidades hacen mil malabares para poder pagar terapias, tratamientos y lograr ingreso familiar. El SSI es la ayuda económica que necesitan para poder al menos vivir sin miedo a perder su casa o tener seguridad alimentaria. Nuestras familias no pueden ser menos que las que viven en los estados u otros territorios”, concluyó la comisionada.