JSF pone reglas de juego con nuevas políticas

Por Redacción Es Noticia

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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó ayer, horas después de que se hizo público que el Tribunal federal determinó que tenían poderes sobre el presupuesto del Puerto Rico, que había adoptado dos nuevas políticas para fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y el trato eficiente en ciertas transacciones gubernamentales y proyectos públicos.

“La supervisión es indispensable en todas las áreas que afectan la capacidad del gobierno para cumplir con los Planes Fiscales certificados”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF.

“Esta política ayudará en la rendición de cuentas de todos los responsables de ayudar a Puerto Rico a lograr la responsabilidad fiscal, recuperar acceso a los mercados de capital, reestructurar la deuda pendiente y regresar al crecimiento económico”, indicó.

Explicó que la nueva Política de Reglas, Reglamentos y Órdenes de la Junta de Supervisión (la “Política de RRO”) requiere la aprobación por la Junta de ciertas reglas, reglamentos, órdenes administrativas y órdenes ejecutivas a ser emitidas por el Gobernador o el jefe de cualquier departamento o agencia para asegurar que no sean inconsistentes con los Planes Fiscales certificados.

Según indicó, esta política aplica a asuntos relacionados con transacciones propuestas para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), asuntos relacionados con la gerencia y operación de la Oficina del Principal Oficial Financiero, asuntos relacionados con la adecuación del tamaño del gobierno y las instrumentalidades cubiertas—incluyendo aquellos relacionados a compras, contrataciones, compensación o beneficios de los empleados—entre otros.

 

Lupa sobre los contratos

Con estas nuevas políticas, todos los proyectos que requieran la adjudicación de un contrato o solicitud de propuestas (“RFP”, por sus siglas en inglés) de una agencia gubernamental o una corporación pública (excluyendo municipios) antes de que puedan ser ejecutados (un “Proyecto Público”) deberán obtener dicha adjudicación de contrato o adjudicación de RFP antes de que puedan considerarse para el proceso de Proyectos Críticos bajo el Título V de PROMESA.

Además, los proyectos relacionados con energía que requieran un acuerdo de compra de energía (“PPOA”, por sus siglas en inglés) de la AEE deberán primero tener un PPOA que aceptado bajo PROMESA para que cumpla con este requisito.

“Sería ineficiente que un proponente de un proyecto que requiera un contrato o una concesión de RFP (solicitud de propuesta) del gobierno coloque el proyecto en el Proceso del Título V de PROMESA antes de haber obtenido la adjudicación requerida por el gobierno, ya que puede dar a su proponente una ventaja no intencionada sobre sus competidores”, indicó en comunicación escrita.

“Si determinamos que un proyecto es un Proyecto Público, solicitaremos y confirmaremos la evidencia del contrato requerido o la adjudicación del RFP; de lo contrario, devolveremos la solicitud al proponente del proyecto y le indicaremos al proponente que debe obtener la adjudicación requerida”, advirtió Jaresko.

“Los que no sean Proyectos Públicos, es decir, los proyectos que son entre privados o con un gobierno municipal, se considerarán a través del proceso del Título V, como ha operado hasta ahora”, agregó Noel Zamot, Coordinador de Revitalización de la Junta.