Jueza advierte a presidenta de la UPR: “La llave está en su bolsillo”

Por CyberNews

 

La jueza del Tribunal de Primera Instancia, Lauracelis Roques Arroyo, dio un plazo de 24 horas a la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández Hernández, para lograr la reapertura de los portones del Recinto de Río Piedras.

“En el desacato civil la apercibo, no hay fianza…la llave la tiene en el bolsillo, según la jurisprudencia. Le estoy dando la última oportunidad”, expresó la jueza a la Presidenta interina antes de recesar la vista para encontrar causa por desacato civil, esto tras incumplir con un fallo del Tribunal Apelativo. La  vista se reanudará mañana martes. 

En concreto, la jueza le dijo a la Presidenta interina de la UPR, que su testimonio no la convenció, que hubo ambigüedades, que tiene que tomar acciones administrativas concretas contra las personas que mantienen activa la huelga, que sus diligencias no han sido suficientes y que tampoco lo era radicar un recurso de mandamus contra la Policía para que la ayude a abrir los portones.

La jueza criticó que la presidenta hablara de un Plan de Trabajo, el cual nunca especificó.

A su salida de sala, la Presidenta interina no emitió declaraciones.

Por su parte, el abogado de los demandantes, Pedro Vázquez Pesquera, aseguró que, si la Presidenta, en efecto, va a la cárcel por desacato, se acaba la huelga.

“Vemos a diario como hay muchas cosas que no se cumplen y tan pronto hay una amenaza de arresto o un arresto, las cosas se cumplen bien rápido. Yo creo que sería efectivo y todo el mundo vería que esto es en serio”, declaró el abogado.

Entretanto, el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), José Torres Rosario, le hizo un llamado a los estudiantes para que acepten los preacuerdos alcanzados el fin de semana y pongan fin al conflicto.

Finalmente, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), José Raúl Rivera Caballero, alegó que están cerca de lograr un entendido con los estudiantes, para acabar con la huelga.

“Estamos muy adelantados en este proceso. Estamos tan cerca de encontrar una solución que va a fortalecer la universidad y sería una lástima que se eche a perder por esta decisión del Tribunal”, indicó.

En su comparecencia a la vista de seguimiento por desacato, Fernández Hernández alegó que está imposibilitada de cumplir con la orden del Tribunal de Apelaciones para abrir los portones del Recinto de Río Piedras.

No obstante, admitió que no ha tomado ninguna acción administrativa contra las personas que de alguna forma han impedido el acceso.

“Si no me siento apoyada por las agencias de Orden Público, mi capacidad de ejecutar se ve imposibilitada”, dijo Fernández Hernández a preguntas del licenciado Enrique Figueroa, su representante legal.

No obstante, a preguntas del abogado de los estudiantes demandantes, Pedro Vázquez Pesquera, la Presidenta admitió que no ha tomado acciones administrativas contra ninguna de las personas que de alguna forma u otra no permiten el acceso al Recinto de Río Piedras. Por ejemplo, contra el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, José Torres Rosario o contra el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, José Raúl Rivera Caballero. Ambos han expresado públicamente su respaldo a los estudiantes en huelga, según contestó en sala Fernández Hernández.

La funcionaria alegó que cualquier acción administrativa le corresponde implantarla a la ahora renunciante rectora de Rio Piedras, Carmen Haydée Rivera.

Sin embargo, admitió que en las conversaciones que tuvo con Rivera previo a su renuncia, en ningún momento le requirió información sobre las medidas administrativas contra las personas que de alguna forma favorecen la huelga. Tampoco, en ningún momento le solicitó a la renunciante rectora que lo hiciera.

Cuestionada nuevamente sobre el particular, la Presidenta interina contestó que sancionar a esas personas, a su juicio, no garantiza la apertura de los portones.

Previo a comenzar la vista de seguimiento, la jueza superior, Roques Arroyo, expuso que quería saber lo que la presidenta interina hizo o no, tal como lo dispone la orden del Tribunal Apelativo, para abrir los portones como mandató para el pasado 11 de mayo.

La jueza señaló que la directriz del Tribunal de Apelaciones le da varias opciones a la Presidenta para implantar, de manera que se permita el acceso al recinto.

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