Municipios expropiarán y multarán dueños de casas abandonadas

Por Angelique Fragoso Quiñones

redaccion@esnoticiapr.com

 

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó ayer -lunes- la ley que permite a los municipios imponer multas para recuperar gastos de limpieza invertidos en las propiedades declaradas  estorbos públicos y le define el poder para realizar la expropiación forzosa.

El Proyecto de la Cámara 991, con el cual se enmendó la Ley de Municipios Autónomos, establece que una vez cumplidos 60 días de la declaración de estorbo público, el titular de la propiedad será multado si no toma acción.

La multa, en aquellos casos en que el municipio haya incurrido en el costo por la limpieza, no podrá ser menor de $500 ni mayor de $5,000.

La medida también establece el procedimiento de expropiación forzosa a favor de los municipios. Asimismo, estipula que la propiedad puede ser expropiada forzosamente por el municipio para:

  • la construcción de vías de transporte
  • edificios públicos para uso del Gobierno municipal
  • transferirla a alguna corporación con o sin fines de lucro

“Es necesaria la acción inmediata de los gobiernos municipales para detener el abandono y desvaloración de los centros urbanos como de las propiedades vecinas a estos estorbos.  No obstante, los municipios en muchas ocasiones no cuentan con el capital para poder limpiar, mantener y/o adquirir estas propiedades”, reza la exposición de motivos del PC 991.

El estatuto establece que una vez el titular de la propiedad es notificado del procedimiento de expropiación tiene la oportunidad de presentar una contestación ante el tribunal y levantar las defensas y objeciones que tenga tanto sobre el uso que se le dará como por la cuantía declarada como justa compensación.

No obstante, la medida dispone “que ningún recurso de apelación, ni ninguna fianza o garantía que pudiere prestarse, podrá tener el efecto de evitar o demorar la adquisición o investidura del título de las propiedades por el Municipio que hubiese requerido la expropiación”.

“La medida mantiene el derecho de la ciudadaní­a de solicitar vista en la declaración de un estorbo público pero sin tener que duplicar el proceso cuando posteriormente un municipio decida expropiar para un fin público esa propiedad declarada como estorbo público que constituye un adefesio”, expresó Roselló Nevares en un comunicado de prensa.