Municipios incrementan recaudos con más impuestos

Por Mario Santana

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La alcaldesa María Meléndez Altieri aumentó las contribuciones sobre la propiedad inmueble en Ponce en dos ocasiones en apenas cuatro años, revelan los datos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Ponce y Cidra poseen la tasa más alta de contribuciones sobre la propiedad inmueble de todo el país. En ambos municipios, las contribuciones sobre la propiedad inmueble se pagan a una tasa de 12.33%. Esta tasa es mayor que la que se paga en ciudades con economías más prósperas que la de Ponce, como San Juan, Guaynabo y Carolina.

Ponce no es el único municipio del sur que ha aumentado las contribuciones sobre la propiedad durante los pasados años. Otros cinco municipios también lo hicieron entre el año fiscal actual y el 2012-2013.

Sin embargo, Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Santa Isabel y Villalba aumentaron los impuestos sobre la propiedad solamente una vez durante ese periodo estudiado.

En cambio, la administración de la alcaldesa Meléndez Altieri lo ha hecho en dos ocasiones, una en el año fiscal 2017-2018 –el año del huracán María– y otra en el año fiscal 2014-2015, según los datos del CRIM.

Con los aumentos decretados, la Contribución Adicional Especial (CAE) es en Ponce casi igual a la contribución básica. Sin embargo, el CAE fue concebido como un ingreso complementario a la contribución básica.

 

¿Cómo funcionan las contribuciones sobre la propiedad inmueble?

Con el propósito de proveer a los municipios mayor autonomía fiscal y herramientas financieras para pagar sus operaciones, la Ley 30 de 1991 –Ley de Contribución sobre la Propiedad– transfirió al CRIM y a los municipios el poder de imponer y cobrar contribuciones sobre la propiedad inmueble y mueble. Antes de esa ley, las contribuciones sobre las propiedad las imponía el –y se pagaban al– Departamento de Hacienda.

La Ley 83 ordena pagar una contribución básica equivalente al 6% del valor tasado de la propiedad inmueble.

No toda propiedad inmueble paga contribuciones. Están exentos del pago de este tributo las casas y los apartamentos que sean utilizados como residencia principal, siempre y cuando tengan una tasación en el CRIM de $15,000 o menos. Esa tasación está basada en los valores o precios de 1958 y por eso es distinta a que se utiliza para vender o comprar una vivienda o para hipotecar la propiedad.

Las viviendas que no sean utilizadas como residencia principal pagan contribuciones sobre la propiedad, no importa su valor, así como las propiedades comerciales e industriales.

En el caso de las propiedades no exoneradas que tienen hipotecas, la norma es que el banco hipotecario cobra las contribuciones sobre la propiedad en el pago mensual y las remite al CRIM.

Si tiene hipoteca sobre su propiedad, la institución financiera cobra las contribuciones en el pago mensual y las remite al CRIM.

 

Los problemas con las contribuciones a la propiedad mueble

La Ley 83 también establece una contribución básica equivalente al 4% del valor tasado de la propiedad mueble.

Una propiedad mueble es aquella que puede trasladarse fácilmente de un lugar a otro pero los municipios y el CRIM centran sus esfuerzos de recaudo de propiedad mueble en los inventarios que mantiene el comercio y la industria.

El impuesto sobre la propiedad mueble tiene numerosos detractores, incluyendo el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA). El senador independentista Juan Dalmau ha presentado legislación para eliminarla.

Uno de los argumentos es que la contribución a la propiedad mueble desincentiva el mantener inventarios amplios y que, si no hubiese existido, el comercio y la industria hubiese estado mejor preparado para evitar los desabastecimientos que provocó el año pasado la emergencia del huracán María.

Las contribuciones básicas sobre la propiedad inmueble y mueble no son el único gravamen que pagan los dueños de viviendas o de inventarios.

A la contribución básica se añade un 1.03% que se destina al pago de las deudas de las obligaciones generales del gobierno central. Este 1.03% se conoce como el Fondo de Redención Estatal.

 

La Contribución Adicional Especial

Pero eso no es todo. Adicional a la contribución básica y al Fondo de Redención Estatal, los municipios imponen el CAE. Esta contribución adicional es autorizada por el artículo 2.02 de la Ley 83 y su tasa varía de municipio a municipio.

En Adjuntas, por ejemplo, el CAE es de apenas 1.50% tanto para la propiedad inmueble como para la mueble. En Peñuelas es un poco mayor, pero no por mucho: de 1.75%.

Sin embargo, en Ponce el CAE sobre la propiedad inmueble es de 5.50%. Este es un CAE apenas medio punto porcentual menor a la contribución básica sobre la propiedad inmueble, que es de 6%.

La administración Meléndez Altieri aumentó a 5.50% el CAE sobre la propiedad inmueble el pasado año fiscal.

Antes de eso, imponía un CAE de 3.50%, como en Coamo, Salinas y Yauco. Pero Ponce llegó a tener un CAE sobre la propiedad inmueble aún menor pero en el año fiscal 2014-2015 lo aumentó. Antes de esa alza era de apenas 2.50%.

En el caso de la propiedad mueble, el CAE que impone Ponce es de 3.50%. Este es el mismo CAE sobre la propiedad mueble que se paga en Coamo, Salinas, Yauco, Villalba y Juana Díaz.

Antes, el CAE sobre la propiedad mueble era en Ponce de 2.50% pero la alcaldesa Meléndez Altieri lo aumentó en el año fiscal 2014-2015.

Pero Ponce no es municipio del sur con el CAE sobre la propiedad mueble más alto. Guayanilla y Santa Isabel imponen un CAE sobre la propiedad mueble de 4%; es decir, igual a la contribución básica que se supone pague la propiedad mueble.

 

La insolvencia del BGF

Los fondos que recaudan los municipios a través del CAE –sea sobre la propiedad inmueble o sobre la mueble– van a un fondo especial llamado Fondo de Reducción de la Deuda Pública Municipal, creado mediante la Ley 64 de 1996 o Ley de Financiamiento Municipal. Ese fondo especial está bajo la custodia del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y, tal y como lo sugiere su nombre, los municipios lo utilizan para pagar sus deudas.

Sin embargo, el BGF está en un proceso de liquidación por problemas de liquidez y de una cartera de préstamos que no puede repagar. Varios alcaldes han demandado al BGF para exigir el uso de los fondos que la institución custodia, incluyendo los del CAE.

El presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, presentó el año pasado legislación para autorizar a los municipios a depositar los recaudos de las contribuciones sobre la propiedad en instituciones financieras distintas al BGF. La medida –el Proyecto del Senado 547– recibió el apoyo de legisladores de mayoría y minoría tanto en el Senado como en la Cámara.

Sin embargo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevárez lo devolvió a la Asamblea Legislativa este mes, según puede observarse en la página electrónica de la Oficina de Servicios Legislativos.

Tabla CRIM