Clientes no tendrán que pagar servicios de agua y luz dejados de recibir

Por CyberNews

 

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el Proyecto del Senado 811, el cual crea la Ley de Facturación Justa, Razonable y Transparente de los Servicios Públicos Esenciales en Situaciones de Emergencia.

La nueva ley aplicará a los servicios básicos que proveen entidades como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Al firmar la medida, el primer ejecutivo resaltó que “nuestra política siempre ha sido que ningún cliente pague por un servicio que no recibió. Por eso, el pasado mes de octubre ordené suspender la facturación de agua y luz hasta que la AAA y la AEE pudieran determinar con certeza el consumo de sus clientes durante el periodo de la emergencia”.

Rosselló Nevares añadió que “con esta nueva ley aseguramos que, en caso emergencias futuras, los clientes tampoco tendrán que pagar por estos servicios si no los reciben y se puede determinar su consumo real. En la ruta hacia la transformación de nuestro sistema energético, esta ley nos permite comenzar a reformar el sistema de facturación para garantizar un sistema justo, razonable y transparente”.

La nueva ley declara como política pública del Gobierno la facturación justa, razonable y transparente de los servicios públicos esenciales (agua y luz) durante situaciones de emergencia.

Además, dispone que las interrupciones prolongadas de servicio que puedan ocurrir a raíz de situaciones de emergencia no serán razón para la facturación de cargos fijos o cargos por consumo que impliquen que el cliente tenga que pagar por un servicio esencial que no fue provisto.

Si el cliente recibió el servicio público esencial en parte del periodo de facturación concerniente, se prorrateará cualquier cargo fijo de manera que se pueda descontar cualquier periodo en el cual no se ofreció dicho servicio debido a una situación de emergencia.

Cabe destacar que los clientes de la AEE y la AAA tendrán un procedimiento para reclamar por cualquier actuación contraria a esta política. La AAA, la AEE y la Comisión de Energía tendrán un plazo de 30 días para establecer la reglamentación necesaria con el fin de dar cumplimiento a esta ley.