Otro revés para los oponentes al depósito de agremax

Por Redacción Es Noticia

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Los intentos judiciales para detener el depósito de agremax en el vertedero de Peñuelas, una vez más, no tuvieron éxito.

Un juez del Centro Judicial de Ponce determinó -el pasado viernes- que no procedía el injuntion solicitado para paralizar el depósito de agremax.

“La actividad realizada por los codemandados, entiéndase, el depósito y disposición del Agremax en los vertederos codemandados, está permitida por la Ley 40”, sentenció el juez superior Mariano Vidal Sáenz.

El Comité Pro-Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa acudió al Tribunal -el pasado 17 de julio- a solicitar que se ordenara a la parte demandada -Junta de Calidad Ambiental, AES, Peñuelas Valley Landfill, EC Waste y camioneros- a que cesara y desistiera del depósito de cenizas y sus agregados, producto de la quema de carbón, en el vertedero de Peñuelas.

La petición fue fundamentada en que los demandados habían “contravenido con sus actuaciones, la Ordenanza Núm. 13 del municipio de Peñuelas y la Ley 40”, según el documento de 21 páginas.

La reacción de los administradores del vertedero así como la empresa AES no se hizo esperar. Manuel Mata, presidente de la AES Puerto Rico (AESPR), expresó estar satisfecho con la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce.

“Nuevamente el grupo de opositores al cumplimiento de las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico no logran probar sus alegaciones ante los tribunales. Invito al Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa a desistir en su intento de poner en riesgo la integridad del sistema de generación eléctrica de la Isla y la seguridad de los ciudadanos de la zona sur, obstruyendo con el uso de la violencia la entrada de camiones al vertedero de Peñuelas”, expresó Mata en un comunicado de prensa.

Señaló que el tribunal “claramente establece” que la Ley 40 de 2017 no prohíbe ni el depósito, ni la disposición del agremax en el vertedero de Peñuelas.

 

Manuel Mata, presidente de la AES Puerto Rico, dijo:

El Tribunal de Ponce en su sentencia en favor de AESPR reafirmó claramente el cumplimiento de las leyes y reglamentos por parte de nuestra empresa de generación de energía eléctrica, acorde con la reglamentación de la JCA y la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Incluso, el tribunal se hizo eco de las expresiones de la directora de la EPA, Carmen Guerrero, vertidas en la prensa del País, a los efectos de que dicha agencia federal, no ha identificado un “riesgo inminente” a la salud o al ambiente que justifique su intervención en la comunidad.

Continuaremos apoyando los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico en impulsar el desarrollo económico y su recuperación fiscal. Reiteramos nuestro compromiso de garantizar energía segura y confiable al costo más económico para los ciudadanos y continuaremos colaborando con todo esfuerzo por ampliar los usos de subproductos y agregados en la fabricación de bienes para exportación y materiales de construcción.

 

 

Ricardo Soto, portavoz de EC Waste, señaló:

La desestimación del recurso de interdicto radicado por Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa v. JCA y otros establece que un estudio exhaustivo de la Ley 40 y su trámite legislativo claramente revela que el uso beneficioso y la disposición segura del AGREMAX™ no son actividades prohibidas.

La decisión también hace eco de las repetidas declaraciones hechas por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) reafirmando que estas actividades están en cumplimiento con la ley y que no representan una amenaza para la salud y el medio ambiente.

Urgimos a los ciudadanos a tomar esta nueva decisión judicial de forma seria y cumplir con su mandato. Los ataques continuos contra estas operaciones que están debidamente autorizadas solo le hacen daño a la ciudadanía en general, a la estabilidad del sistema energético, a la viabilidad a largo plazo de otras actividades industriales y a la recuperación económica de Puerto Rico.

La compañía continuará sus actividades según autorizadas por el ordenamiento legal y en coordinación con las necesidades de sus clientes.

 

 

Yanina Moreno, portavoz del Campamento Contra el Depósito de Ceniza, indicó:

Lamentamos esa decisión porque hemos visto como el Gobierno está utilizando todas las herramientas, incluyendo la Rama Judicial, para favorecer los intereses de la empresa privada y en contra de la salud de sus ciudadanos y del asunto ambiental, que es tan importante. Estamos viendo como estan privatizando los recursos del País.

Posiblemente vamos a estar solicitando una revisión del caso, de eso se encargan nuestros abogados. Pero nosotros vamos a seguir en la calle. Nuestra lucha va a continuar. Estamos bien consciente de que han manipulado las leyes.

Moreno reiteró la petición al gobernador Ricardo Rosselló y a la Legislatura para que enmienden la Ley 40 en busca de prohibir que en Puerto Rico se deposite cualquier derivado de la quema de carbón.

 

Sentencia del juez Mariano Vidal Sáenz:

Sentencia cenizas