País portátil – Parte 1: Privatizar

NOTA: Para entender mejor esta serie de 3 columnas, sugiero escuchen la canción “País Portátil” de Rubén Blades (vídeo adjunto)

 

Desde la década del 1990, Puerto Rico ha sido salvajemente atacado por aves de rapiña que buscan privatizar los activos del gobierno y sus distintos servicios a la ciudadanía.

Los gobernantes de ambos partidos coloniales han compartido su fetiche por la privatización para obtener capital o pagar deudas altamente cuestionables.

Recordemos aquel fatídico 18 de junio de 1998, que por 42 días ininterrumpidos, la organización sindical Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, Inc. (HIETEL), se lanzó a la huelga en defensa de los derechos adquiridos de sus trabajadores y trabajadoras en un intento de frenar la política privatizadora de los servicios esenciales del pueblo por parte del gobierno.  Esta movilización obrera también conocida como “la Huelga del Pueblo”, fue la lucha sindical más grande jamás vista en la historia contemporánea del pueblo de Puerto Rico.

Las imágenes de represión contra quienes defendían el “patrimonio nacional” todavía viven en la memoria de muchos/as.  La PRTC fue una de las corporaciones públicas más lucrativas, competitivas y con proyección global.  Fue burdamente vendida a la empresa GTE, Corp. por la cantidad aproximada de $4 mil millones bajo la administración del ex gobernador, el doctor Pedro Rosselló.  Cabe destacar que bajo su gobierno, se desarrolló un comité de privatización.

A partir de la venta de la PRTC, nuestro país-colonia ha sido arrastrado por un cántico de sirenas neoliberales que aparenta no cesar. La lección no aprendida del mal negocio de privatizar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que fue vendida a la Compañía de Aguas y luego a Ondeo en el 2002-2004 por el gobernador ya mencionado y su sucesora, tuvo que ser devuelta al gobierno por problemas con el servicio y facturación. ¿Papelón? Me parece.

En ese mismo contexto, los servicios de salud, también, fueron vendidos a precio de “pescado abombao”. Desaparecieron los dispensarios y hospitales regionales.  Los servicios pasaron a manos privadas que, nuevamente, buscan las ganancias por encima de la efectividad del servicio.  Es decir, les importa más el dinero que nuestro derecho a la salud y bienestar.  La transacción no reflejó capital para la agencia.  La deuda actual de la reforma de salud es exorbitante y las aseguradoras generan millones.

Se unen a la tediosa lista: el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, administrado desde el 2013 por Aerostar Airport Holdings, Metropistas, desde el 2011 controlan la PR-22 y PR-5 bajo una Alianza Público-Privada (APP) por 40 años el financiamiento, varios hoteles de la Corporación de Desarrollo Hotelero, las Navieras de Puerto Rico, los campos de piña de la Autoridad de Tierras y esta semana pasada la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Cabe destacar, nuevamente, que la generación de energía de la AEE ya estaba en manos privadas tales como AES y Ecoeléctrica Natural Gas Power Plant.  Las controversias no cesan con las gestiones de AES, particularmente, y su depósito de cenizas tóxicas comunidades y vertederos en Peñuelas y Guayama.

El proyecto de ley para la venta de activos de la AEE se presentará en la Legislatura en las próximas semanas.  Todos los sectores conocedores de la gestión reconocen que será un proceso complejo, pues, la AEE tiene una deuda sustancial y está bajo los dictámenes y consideraciones de la jueza Taylor Swain por su condición de quiebra.

No obstante, el fetiche privatizador del gobernador actual va dirigido a achicar el Estado bajo el supuesto de efectividad y productividad.  Esa ideología se la dicta el sistema que lo llevó a su puesto.  Dentro del esquema neoliberal, el Estado del Bienestar Social es un obstáculo que hay que desmantelar.

La presente columna es una de tres propuestas sobre privatización, hipnosis colectiva y respuestas alternas.  Síguenos Punto C en Facebook o escríbenos a puntocpr@gmail.com