Piden a la JCF tomar acción con resultados de investigación a los Sistemas de Retiro

Por Redacción Es Noticia

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La representante Lourdes Ramos señaló a la Junta de Control de Fiscal (JCF) que si desea recuperar el dinero pagado en la emisión de bonos del Sistema de Retiro recurra al gobernador y administrador de los Sistemas de Retiro del Gobierno en esa época.  

“Podrán ir contra los que adquirieron bonos y les han pagado intereses y dividendos. Pero también hay que ir contra (Aníbal) Acevedo Vilá y (Juan) Cancel Alegría, quienes idearon el andamiaje ilegal, así como contra la casa de inversiones UBS, que aconsejó, colocó y compró los mismos”, señaló Ramos, vicepresidenta de la Cámara de Representantes.

La también Presidenta de la Comisión cameral de Sistemas de Retiro no desaprovechó para señalarle a la JCF que no deben gastar «un solo centavo de los contribuyentes puertorriqueños» buscando información para sustentar las demandas, ya que en diciembre de 2011 finalizó una investigación sobre el particular y sus hallazgos fueron referidos al FBI y a la Fiscalía Federal.

Explicó que entregó, tanto a esas agencias federales como al Departamento de Justicia local y a la Comisión Federal de Valores (SEC), un informe -en tres cajas de documentos- que revelan el supuesto esquema que llevó al colapso las pensiones de los jubilados del Gobierno. Ramos detalló los resultados de dicha investigación.

 

Hallazgos de la investigación:

  • Esta transacción desde sus inicios tiene una base ilegal. Se respalda la transacción con las aportaciones patronales. Los Artículos 2-116 y 3-105 de la Ley Núm. 447, supra, no disponen que las aportaciones patronales puedan ser utilizadas para servir de garantía al pago de una deuda, y las Casas de Corretaje y funcionarios con conocimiento de esta base legal prefirieron ignorarla.   
  • La Legislatura de Puerto Rico rechazó conceder su aval a una emisión de bonos por lo riesgoso al Sistema de Retiro de la pérdida en el mercado de valores. Pero los funcionarios responsables, con el consejo y consentimiento de contratistas y Casas de Corretaje envueltas en la emisión, continuaron adelante ideando un andamiaje para burlar el consentimiento legislativo, como dicta la ley.  
  • Con el consejo y consentimiento de varios funcionarios públicos y la participación de Casas de Corretaje reguladas por la Securities and Exchange Commission (SEC) se obligó al Sistema de Retiro del ELA, sin base legal, para tomar dinero a préstamo a través de una Emisión de Bonos.   La Ley Núm. 447, supra, que crea el Sistema de Retiro del Gobierno, no provee para la Emisión de Bonos.
  • Hubo un cambio súbito de Merill Lynch a UBS como “underwriter” de la Primera Emisión de Bonos y no se le explicó a la Junta el porqué de ese cambio.    
  • A sabiendas de las circunstancias prevalecientes en el mercado de bonistas, funcionarios y Casas de Corretaje contratadas permitieron la emisión de bonos obligando a que el Déficit de “Cash Flow” o dinero en caja se disparara de $60 millones en 2005-2006 a $380 millones en 2008-2009.  
  • El “funding ratio” del Sistema bajó de 17.2% a un 8.5% a consecuencia de la  Emisión de Bonos que se recomendó como buena y positiva para el Sistema,  el más bajo de todos los Sistemas de Retiro de la Nación. No obstante, todos los participantes de la emisión facturaron y cobraron sus regalías.  
  • La Junta de Síndicos aprobó la Segunda y Tercera Emisión de Bonos con el propósito de levantar fondos para un plan estratégico de inversiones conocido como “Liability Driven Investment o LDI”, aprobado por la Junta el 13 de junio de 2008.  Esta estrategia nunca se llevó a cabo por la caída de los mercados, pero nunca se le informó a la Junta hasta el 30 de octubre de 2008, aunque denotan las minutas que su presidente sí tenía conocimiento.   
  • El 30 de octubre se le informó a la Junta de Síndicos por el Sr. Irizarry Herrans que el dinero de las últimas dos emisiones de bonos estaba depositado en el BGF ganando un 2%, o sea, aproximadamente 4.5 % menos que lo que debían pagar a los bonistas y encima sin dinero para pagar el déficit de “cash flow”.   
  • Se desprende del testimonio de González Rosado, administrador del Sistema de Retiro de julio de 2008 a diciembre de 2008, que después de un análisis que hiciera éste y la Firma Callan & Associates sobre la transacción de las Emisiones de los Bonos, nunca se debió hacer las mismas por entenderse que cuando se llevaron a cabo, los mercados estaban demasiado inestables.  
  • Herrans Barrera durante todo su interrogatorio por los miembros de la Comisión niega que haya intervenido o conocido de la Emisión de Bonos como Asesor Financiero, para así evadir un posible conflicto de intereses. Sin embargo, las minutas de la Junta de Síndicos de 14 de marzo de 2007, éste habla de que se necesita unas guías de política de inversiones.  
  • Irizarry Herrans que se desempeñaba como presidente de la Junta de Síndicos durante la Emisión de Bonos es familia de Herrans Barrera, que se desempeñaba como asesor financiero del Sistema y ninguno de los dos le reveló esto a la Junta.  Además, Irizarry Herrans fungió al mismo tiempo como presidente de la Junta de Retiro y presidente del Banco Gubernamental de Fomento, otro conflicto de interés.  
  • Declaraciones bajo juramento denotan un aparente plan concertado de lograr la emisión de bonos, a pesar de todas las circunstancias adversas para la misma. Denotan las declaraciones de Aquino que a los miembros de la Junta de Síndicos no se les dio toda la información con relación a la transacción de la Emisión de Bonos ya que él desconocía que desde febrero hasta diciembre de 2008 la inversión de $937,000,000 en vez de ganar, perdió dinero y que esta inversión se convirtió en $831,105,976 para diciembre de 2009.   
  • En los primeros cinco meses, la inversión del Producto de la Primera Emisión de Bonos, Serie A, de febrero a junio de 2008 se perdieron aproximadamente $19 millones convirtiéndose el principal de la inversión de $937 millones en $918 millones.  
  • Una funcionaria de alto rango que se desempeñó como secretaria de la Junta de Síndicos de Retiro aceptó bajo juramento haber destruido documentos públicos en torno a las deliberaciones y posibles reparos sobre la transacción.  
  • Todos los funcionarios, entidades, corporaciones y casas de corretaje envueltas fallaron en cumplir su deber fiduciario, sus normas de ética y su responsabilidad profesional, violentando leyes estatales y federales.