Proponen investigar desprotección de reservas naturales

Por Redacción Es Noticia

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El senador penepé Carlos Rodríguez Mateo recién radicó una Resolución para que se investigue porque el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó dos órdenes ejecutivas que le quitan la designación de reserva natural a: Mar Chiquita, Finca Nolla, Río Camuy, Humedal Playa Lucía, Punta Cabuyones, Punta Guilarte y Punta Petrona.

“Se considera imperativo, necesario y prudente realizar una investigación minuciosa sobre la toma de decisiones que resultó en la eliminación de casi una decena de áreas establecidas como reservas naturales alrededor de todo Puerto Rico”, reza la Resolución del Senado 0826.

La medida plantea, en su exposición de motivos, que la decisión de derogar dichas ordenes ejecutivas fue “una acción que va en detrimento del bienestar social, cultural y ambiental de Puerto Rico”.

“La decisión del Gobernador fue una contraria a derecho, pues según se presenta en el caso particular del Humedal Playa Lucía, su designación como reserva natural está aprobada por la Ley Núm. 58-2014”, señaló en el documento al hacer referencia a los debates públicos y críticas por la recién derogación de las ordenes ejecutivas que debían proteger dichas áreas.

“No se realizaron vistas públicas, además de no consultar con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), instrumentalidad pública que administra las áreas protegidas”, reza la medida.

La Resolución recuerda que una Orden Ejecutiva, que el exgobernador Alejandro J. García Padilla firmó en diciembre de 2016, designó estas áreas como reservas naturales “para asegurar, a través de un plan de desarrollo sustentable, el uso prudente de los terrenos, y fomentar la conservación de los recursos naturales y medioambiente”.

No obstante, la Resolución presentada por Rodríguez Mateo señala que “la argumentación presentada por el Gobernador puntualiza en que el proceso llevado a cabo por la pasada administración (García Padilla) para el establecimiento de las reservas naturales fue uno atropellado, rápido, provocando serios problemas para implementar los planes y documentación”.

Las órdenes ejecutivas, según la Resolución, establecen que el proceso llevado a cabo en el 2016 adoleció de información necesaria para el uso adecuado y conservación del recurso.

“A pesar de lo expuesto en las ordines ejecutivas OE-2018-026 y OE-2018-027, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio realizar una investigación exhaustiva sobre la toma decisional y trámites llevados a cabo antes de firmar las órdenes del ejecutivo (Rosselló Nevares)”, señala la RC-0826.

 

Ordenes Ejecutivas derogadas:

 

OE-2016-69

OE-2016-74

OE-2016-76

OE-2016-078

OE-2016-064

OE-2016-077

OE-2016-081