Reducción de jornada: El carimbo de la nueva esclavitud puertorriqueña

La reducción de jornada voluntaria es un derecho que tienen los/as empleados/as ante su patrono para conciliar su vida personal o familiar sin dejar de trabajar.  En un proceso de negociación –y de buena fe-, entre patrono y empleado/a pueden llegar a unos acuerdos en materia de duración de la reducción de jornada solicitada.

Suecia realizó un experimento -en el 2015- sobre la reducción de jornada manteniendo el mismo salario.  Los resultados presentaron el evidente bienestar en los/as participantes y en la economía del país.

Sin embargo, el mismo fue cancelado el año pasado por alegados “altos costos” para el Gobierno.  Cabe señalar que quienes presionaron por su cancelaron fueron políticos del espectro centroderecha, es decir, los más conservadores.

En Puerto Rico la reducción de jornada se manifiesta de manera distinta.  Esta no es considerada un derecho sino se impone como decreto por el gobierno -estatal y municipal- en los tiempos oscuros de la Junta de Control Fiscal.

La crisis económica y política ha trastocando, sistemáticamente, todos los sectores sociales.  Esta vulnerabilidad social no solo ha disminuido la calidad y cantidad de empleo sino que, también, en la salud psicosocial de la clase trabajadora.

El Gobierno y la Junta, bajo el concepto de crisis económica, justifican la reducción de la jornada para sostener la empleomanía gubernamental y, así, contar con $200 millones en ahorros según el Plan Fiscal – que no ha sido público todavía- y la Ley 26 del 2017 que obliga su cumplimiento.

Antes de llegar a este punto crítico, hemos sido testigos del despido masivo de empleados/as públicos, cierre de industrias privadas, congelación de plazas, los obstáculos para el empresario local desarrollarse, la incentivación de programas de pre-retiro voluntario, entre otros, que socavan la oportunidad de contar con un trabajo digno.

En consecuencia, se arrastra al único sector capaz de mover la economía local hacia el empobrecimiento aun trabajando.  A esto nos referimos como esclavitud moderna a las alturas del siglo 21.  Penosamente, estas medidas de austeridad han encontrado terreno fértil en el desgaste de los sindicatos en cuanto a su poder de convocatoria ante una clase trabajadora fuertemente dividida.

Es importante enfatizar que el camino de la austeridad no tiene apoyo científico en cuanto a mejorar las condiciones económicas de los países que lo han implementado, mucho menos la calidad de vida de la gente.  Nuestro Puerto Rico no será la excepción.

Por otro lado, el Gobierno colonial justifica la reducción de jornada como estrategia para salvaguardar su capacidad económica.

Sin embargo, estas fuertes medidas de ajuste son impuestas a la clase trabajadora (11.5% de IVU), pero tímidamente a las multinacionales que contribuyen, cuando bueno, un 4% o menos al fondo general.  Ni hablar del despilfarro de contratos innecesarios en la Asamblea Legislativa, gastos en publicidad del Gobierno (!!!), y los millones mensuales asignados al burdo andamiaje que compone la Junta de Control Fiscal.

Economistas responsables indican que el camino de la austeridad hundirá la capacidad de los/as empleados/as de, si quiera, poder satisfacer sus necesidades más básicas.  ¡Hasta han venido al país a denunciarlo!

Llevar a la clase trabajadora a la reducción de jornada trae consigo altos riesgos a nivel psicosocial.  Investigaciones evidencian la presencia de situaciones de estrés con el potencial de desencadenar episodios de ansiedad, depresión, conductas violentas, incluyendo el suicidio, el uso y abuso de sustancias, deterioro en las relaciones familiares y comunales y el desarrollo de otros trastornos psicológicos severos ante el fatídico panorama de inseguridad y ajuste forzado.

El empleo es una acción que demanda nuestra capacidad intelectual, emocional, física y social para realizarse; el cual deben ser protegidas por el gobierno sin medir costo económico alguno.  El faltar a la garantía de seguridad y salud de los/as empleados/as se potencializa el riesgo de accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo.

Sin embargo, los riesgos psicosociales son los grandes ausentes en la discusión política del país. Ni la Junta, ni el gobernador, alcaldes/as, muchísimo menos el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos consideran los mencionados efectos en la salud psicosocial de los/as empleados/as.

La imposición de esta medida se basa en un cálculo frío; ignorando que cada partida analizada representa una persona, una familia, una sociedad que quiere trabajar y no merece ser llevada a condiciones de esclavitud.

Por lo tanto, a la clase trabajadora le urge unirse para dar una respuesta contundente en defensa a in trabajo digno y convencer al Gobierno a no ceder a la presión por parte de la Junta de Control Fiscal.

De lo contrario, retrocederemos al siglo 19 donde los jornaleros no tenían nada que decir sobre sus condiciones de trabajo, ni de sus salarios. El sindicalismo puertorriqueño ha sido protagonista de importantes victorias a los largo de nuestra historia.

Hoy, y quizás más que nunca, enfrenta el desafío de reorganizar a los/as empleados/as de cada sector para transformar la economía, defender la democracia y, sobre todo, impedir las cadenas de una esclavitud que no necesita repetirse.

El autor es psicólogo del trabajo y las organizaciones. Para comentarios o sugerencias puede comunicarse a: puntocpr@gmail.com Síguenos en Facebook: @puntocpr