Unión denuncia como «peligrosas» medidas de austeridad impuestas por Corrección

Por CyberNews

 

El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López, denunció el  “peligro” que representa para la seguridad pública el que los técnicos sociopenales no puedan dar seguimiento a las unidades especializadas de asuntos de ofensores sexuales y violencia doméstica, Drug Court, supervisión electrónica o libertad bajo palabra, entre otras, por las medidas adoptadas por el secretario de Corrección, Erick Rolón, para lograr economías.

Reclamó, además, el pago de las dietas y millaje que supuestamente se les adeudan desde hace seis meses y el pago del Seguro Choferil.

“Las directrices del Secretario tienen su mayor impacto en las unidades especializadas, asuntos de ofensores sexuales y violencia doméstica, Drug Court, supervisión electrónica, pases extendidos, reciprocidad, libertad bajo palabra y libertad a prueba, con el efecto acumulativo que necesariamente tendrá el no seguimiento efectivo de las personas involucradas en el agravamiento de la incidencia criminal que ya prevalece en el país”, precisó Guzmán López en comunicación escrita.

Según el presidente de la UGT, “las medidas que ha adoptado el Departamento de Corrección para lograr economías consisten en fragmentar el trabajo de investigación que los técnicos sociopenales deben realizar, asignándolo a una tercera persona bajo el criterio de “estar cerca del lugar” medida que los ha llevado a cuestionarse cómo van a poder responder sobre las investigaciones ante los tribunales cuando no son ellos los que realizan las investigaciones”.

Mencionó que, para los técnicos sociopenales,  limitarse la movilidad del personal y reducirse su acción en el campo mediante la asignación de un solo día de salida, y el requerimiento de autorizaciones especiales para poder realizar las órdenes emitidas por los tribunales, se reduce significativamente la ejecución de una adecuada supervisión en aquellos casos que, por su particular naturaleza, lo ameritan.

A estos técnicos sociopenales también se les adeudan las dietas y el millaje desde hace más de seis meses. Cuando se les requiere que realicen su labor de campo y ellos solicitan que se les provea la transportación en vehículos oficiales, se les ha puesto presión, señalando como “insubordinación” el no poder utilizar sus vehículos personales para salir a la calle ya que no cuentan con la capacidad para asumir los gastos.

Expuso que otro elemento que señalaron los técnicos sociopenales es el hecho de no contar con una cubierta de responsabilidad pública cuando utilizan sus vehículos, ni con la protección que brinda el Seguro Choferil, el cual no se paga desde el año 2010.

“Una situación muy particular que enfrentan estos compañeros es que, de acudir a La Fortaleza a establecer sus justos reclamos, serán enviados a la Secretaria de la Gobernación donde, con toda probabilidad los estará atendiendo la misma persona que toma las decisiones en el Departamento de Corrección”, concluyó el presidente de la UGT.