Urgen investigación por puente en Utuado

Por Redacción Es Noticia

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Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón y Juan Dalmau Ramírez, anunciaron la radicación de legislación para realizar una investigación que permita documentar las acciones gubernamentales a partir de la instalación del puente provisional tras el paso del Huracán Georges en la Carretera 111 que conecta los pueblos de Utuado y Jayuya.

Se trata de la resolución de la Cámara 1207 y del Senado 948. Ambos legisladores explicaron que en septiembre de 1998, como consecuencia del devastador paso del Huracán Georges, el puente localizado en la Carretera 111 del barrio Viví del Municipio de Utuado fue destruido.

El referido puente conectaba el área urbana con nueve barrios de dicho pueblo, además de ser la única vía directa hacia el pueblo de Jayuya, donde trabajan muchos utuadeños. Ante la urgencia que representaba restablecer el paso por esa ruta, se instaló un puente modular temporero. La instalación tomó menos de dos meses. La proyección era que con las sumas recibidas para la reconstrucción de infraestructura tras el huracán, se proveyera para la construcción de un puente permanente.

Sin embargo, el dinero destinado a Utuado, que se estima en $23 millones, fue asignado a otros proyectos, y el puente que debía servir a un propósito temporero permaneció dando servicio por dos décadas. La situación empeoró el 20 de septiembre de 2017 cuando el Huracán María azotó nuevamente al país, y entre los muchos daños sufridos en Utuado, estuvo la destrucción del puente temporero construido 20 años atrás luego del paso de Georges.

“Un año después de María, todavía hay trozos del puente en el Río Viví, y las medidas remediales que se han tomado, como el vaciado de concreto en la ribera, han representado un costo excesivo que no resuelve el problema. La clausura del puente ha implicado un cambio en las rutas cotidianas de residentes, visitantes y comerciantes. Todo tipo de vehículos utiliza como ruta alterna el centro del pueblo, lo que genera una congestión que resulta en grave perjuicio del comercio local. Muchos ciudadanos desisten de acercarse siquiera al casco urbano para evitar inconvenientes y peligros”, manifestó Márquez Lebrón.

Los legisladores pipiolos detallaron que recientemente, para añadir al crítico escenario, colapsó parte de la carretera que permite el limitado paso vehicular por el ramal 111 que atraviesa la zona urbana de Utuado. Ambos están convencidos de que se trató de un evento previsible, toda vez que el ramal es una vía estrecha e inadecuada para el paso de camiones de arrastre y equipo pesado que superan la capacidad de otros pequeños puentes cuyo máximo tonelaje se estima entre cinco a ocho toneladas.

La recomendación del Departamento de Transportación y Obras Públicas, a los efectos de prohibir el tráfico pesado en lo que se buscan alternativas para los transportistas, no ha sido puesta en vigor, y se han limitado a enviar personal para cubrir con tierra el área afectada. Los camiones continúan pasando, en algunos casos interfiriendo también con el tendido eléctrico y de telefonía y causando daños a los vehículos estacionados en la ruta.

“Las pérdidas materiales, los múltiples inconvenientes, el peligro y la angustia que representa la situación para todo el pueblo de Utuado no han bastado para convencer al Estado de la urgencia de una intervención efectiva. Las reuniones que se han llevado a cabo con participación de funcionarios del ejecutivo y legisladores no han resultado en compromisos satisfactorios; por el contrario, ha quedado de manifiesto el desconocimiento y falta de coordinación”, expresó Dalmau Ramírez.

Como si fuera poco, los portavoces del PIP en la Legislatura denunciaron que la posibilidad de la construcción de un puente permanente se vislumbra como remota, y aún el proceso de instalación de otro puente “temporero”, según han anticipado las autoridades, demorará al menos seis meses, a pesar de los componentes de esa estructura ya se encuentran en el municipio por lo que urgieron a la Legislatura a investigar de inmediato la situación.