Utilizan Día del Trabajador para reclamar jornada laboral completa

Por Redacción Es Noticia

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PONCE – El primer lunes de septiembre en los Estados Unidos, así como en Puerto Rico, celebran el Día del Trabajador, pero un grupo de empleados del municipio ponceño decidió no celebrar y usar la efeméride para denunciar sus condiciones de trabajo con una jornada reducida.

Los obreros utilizan, desde el pasado sábado, un extremo de la plaza pública como campamento de denuncias. Esperan terminar esa jornada hoy. Mientras, en su protesta exhiben paños con mensajes en los que informan a qué obedece la manifestación obrera.

A orillas de la fuente de los leones levantaron cinco casetas de acampar. Al frente, la enorme fachada y puertas de la Casa Alcaldía.

Los manifestantes reclaman a la alcaldesa María Meléndez que se reúna con ellos y le comunique hasta cuándo tendrá sobre 700 empleados en jornada de trabajo reducida a la mitad.

La Alcaldesa expresó en un comunicado que la manifestación tenía ribetes políticos. Es Noticia entrevistó a Josué Díaz, empleado municipal y líder del Partido Nuevo Progresista, colectividad en la que milita la Alcaldesa. Díaz señaló que se unió a los empleados en reclamo de “justicia”.

“Es bien lamentable que en el marco del día del trabajador, aparezcan políticos a convertir las causas de los servidores públicos en asuntos políticos. Es más triste aún que se trivialice un tema tan sensitivo y tan serio con una evidente agenda política”, dijo Meléndez Altieri.

“Ningún alcalde quiere mantener a sus empleados en reducción de jornada. Que nadie dude que la primera que pide a diario un reporte para evaluar la posibilidad de devolver la jornada completa a los empleados que restan, soy yo”, alegó.

La Alcaldesa dijo que devolver la jornada completa implicaría “un gasto de $15 millones anuales” que no tiene y que el municipio “se ha enfrentado a sustanciales reducciones de ingresos por concepto de arbitrios de construcción, IVU y remesas del CRIM”.

Mencionó que enfrenta “la imposición del pago por Retiro, mejor conocido como el Pay Go, el ajuste del CELI que establece nuevas exclusiones a los municipios y el aumento en las pólizas de seguros tras el huracán”.

“Para Ponce esas reducciones de ingresos y nuevas imposiciones representan una variación de $15 millones en el presupuesto. Por lo tanto, hemos tenido que establecer medidas austeras para enfrentar este nuevo escenario”, dijo.

“Aun con la reducción de jornada, que representa un ahorro anual de $7 millones, nos seguimos quedando cortos para satisfacer esa variación en la reducción ingresos y nuevos gastos que asciende a $15 millones, si yo pudiera completar la integración de esos empleados, créanme que ya lo hubiese hecho”, expresó antes de añadir que entre ellos hay empleados “que se han reinventado y han construido su vida en ese escenario, por lo que ya no quieren que se les regresen las horas”.

El comunicado de prensa señala que devolver la jornada implicaría un gasto de $15 millones anuales y en otro párrafo informa que la reducción representa un ahorro anual de $7 millones.

Meléndez Altieri dijo que mientras ellos se manifiestan, “en el País hay mucha gente que trabaja sobre 40 horas semanales para ganarse $1,160. Entre los empleados que están protestando algunos cuentan con salarios que rondan entre los $1,000 y $2,000 dólares, más beneficios marginales, plan médico y desempleo, trabajando 20 horas”.

 

Empleados desmienten Alcaldesa

La empleada municipal Eugenia Colón Costas, quien lleva 9 años en jornada reducida, mostró sus hojas de talonarios y otros documentos de empleados gubernamentales que, al sumar las cifras, lo que recibe de desempleo, el PAN y las 20 horas semanales, sus ingresos no llegan a $800 al mes.

El salario mensual de Colón Costas, con la jornada completa, alcanza los $1,304 mensuales.

Colón Costas, quien posee un bachillerato en Administración Comercial, explicó que el dinero a penas le alcanza para pagar la hipoteca, los servicios de agua y energía eléctrica. Con la primera quincena, con la ayuda del Plan de Retiro de su esposo, pagan la hipoteca y con la segunda los servicios básicos. El teléfono es de un plan de ayuda federal.

La comprobante de retención del 2017 especifica que durante ese año, Colón Costas recibió poco más de $6,357 sin hacerle las deducciones. “Yo me gano en un año lo que Santini (empleada recién nombrada en el municipio de Ponce) se gana en un mes”, lamentó la mujer que hace 19 años trabaja para el ayuntamiento.

“A veces me da rabia”, dijo sobre sus sentimientos. “Nosotros hemos tenido compañeros que se han quitado la vida”, lamentó en un banco de la plaza y frente a un cartel que preparó con copia de los documentos que evidencian sus ingresos.

 

Represalias contra los que denuncian

Otro de los empleados en reducción de jornada es José Green, cuya esposa Lourdes Rivera, una líder comunitaria en Ponce, destacó que para su familia ha sido un proceso difícil. Dijo que adicional a la reducción de ingresos, su esposo ha sido blanco de represalias y lo han reubicado en siete ocasiones de su lugar de trabajo. “Han sido totalmente injustos”, insistió.

No todos los empleados en jornada reducida participan de las manifestaciones. Rivera explicó que “hay mucho miedo a las represalias” porque lo han visto con otros empleados, como el caso de su esposo. Indicó que hasta comerciantes se le han acercado para apoyarlos, pero le expresan que no pueden hacerlo público porque tienen temor a cualquier acción contra ellos.

El municipio de Ponce atraviesa una de sus peores crisis fiscales y encabeza la lista de los ayuntamientos con el mayor déficit acumulado, el cual supera los $40 millones.

No obstante, la contratación de servicios y de empleados continúa. En los tribunales también continúan las vistas de casos en los que empleados municipales reclaman derechos que aseguran les fueron violentados. El 6 de septiembre volverán a encontrarse en el Tribunal de Ponce.