Inicio Uncategorized Advierten que decisión de jueza Taylor pone en aprietos a los municipios

Advierten que decisión de jueza Taylor pone en aprietos a los municipios

11
0

Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

.

PONCE – La determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain sobre la Ley 29 del 2019 obliga a los municipios a pagar un dinero que no tienen y eso pone en riesgo la salud fiscal de los ayuntamientos, señaló la alcaldesa María Meléndez Altieri.

Publicidad

“Sin duda alguna afecta de mala manera la operación de gran parte de nuestros municipios y  nos obliga a decidir entre cumplir con el pago de Pay Go u ofrecer los servicios básicos en medio de la secuela de cuatro crisis sin precedentes”, reconoció Meléndez Altieri. 

La jueza Taylor Swaim dejó sin efecto la Ley 29, que actualmente exime a los municipios del pago de retiro (PayGo) y el plan de salud gubernamental, además de otras resoluciones conjuntas que transfieren fondos no utilizados a decenas de municipios.  

La situación había sido impugnada en el tribunal federal al considerar que no era cónsona con el plan fiscal aprobado. Mientras, el gobierno defendía el estatuto como un alivio necesario para las delicadas finanzas de los municipios.

“Sin duda alguna esta decisión cambia la perspectiva de los gobierno municipales y nos obliga a identificar otras alternativas de financiamiento para poder responder a las necesidades fiscales en nuestros municipios”, indicó la Alcaldesa en un comunicado de prensa.

“En este momento crucial que enfrentamos, esa determinación (de la jueza Taylor Swaim) obliga al gobierno estatal y la Junta a establecer mecanismos financieros urgentes que permitan la continua operación de nuestros municipios. Siendo nosotros los que estamos en la primera línea del manejo de estas emergencias”, subrayó Meléndez Altieri.

Actualmente Puerto Rico está pasando por una emergencia de salud debido a la presencia del coronavirus COVID 19, situación que mantiene en acción el cumplimiento de una Orden Ejecutiva que impone un toque de queda de unas diez horas al día.

“La obligación de procurar la continuidad de las operaciones se convierte en una prioridad indelegable e improrrogable”, indicó.