Alcaldes molestos con la JSF por meterse con las arcas de los municipios

Por Sandra Caquías Cruz

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Un grupo de alcaldes se expresó -hoy- en contra de la acción que tomó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en demandar al Gobierno para se derogue la Ley 29-2019 que exonera a los municipios de pagar la aportación al plan de salud del Gobierno y a los Sistemas de Retiro mediante el método conocido como “Pay as you Go”.

«Con esta acción la Junta de Supervisión Fiscal pretende desmantelar a los municipios de Puerto Rico, lo que afectará a su vez todos los servicios esenciales que ofrecemos a nuestros constituyentes, tales como el recogido de la basura, mantenimiento de parques y áreas recreativas, manejo de emergencias, ayudas a personas de edad avanzada y escasos recursos, repavimentación de carreteras, construcción de nueva infraestructura en nuestras comunidades, limpieza y ornato, entre muchos otros”, expresó el presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y alcalde de Arecibo, Carlos Molina.

La JSF presentó un recurso en el tribunal federal para anular la Ley 29, así como varias resoluciones conjuntas de la Legislatura que asignan fondos a los municipios. «La ley 29 exonera a los municipios de reembolsarle al gobierno cientos de millones de dólares en pensiones para sus propios retirados y transfiere esa carga al gobierno central, permanentemente», reza la demanda de la Junta.

“Los patronos, incluyendo a los municipios, tienen la responsabilidad de pagar su parte del PayGo. Eximir a los municipios y poner toda la carga en el Gobierno de Puerto Rico establece un precedente funesto que otros patronos pudieran utilizar en el futuro», expresó el presidente de la JSF, José B. Carrión.

La JSF insiste en que el presupuesto del Gobierno no puede asumir esa aportación por lo precario en que se encuentra. Incluso, la JSF ha advertido a los ayuntamientos que para el 2024 tienen que ser autosostenibles y no pueden depender del presupuesto del Gobierno central.

Los alcaldes plantean que los ayuntamientos asumen servicios que le corresponden al Gobierno central porque las agencias no los ofrecen y mencionan el mantenimiento a carreteras estatales y hasta destinar dinero para comprar medicinas. 

El vicepresidente de la Federación y alcalde de Naguabo, Noé Marcano, dijo que el gobernador Ricardo Rosselló puede contar con el respaldo de todos los alcaldes en este proceso que se decidirá en el Tribunal federal.

“Esta decisión de la Junta no solo afecta los servicios que brindamos los municipios, sino que podría poner en peligro el sustento de las familias de cientos de empleados municipales. El Gobernador de Puerto Rico no está solo y tiene el respaldo de los 78 alcaldes de nuestra Isla para dar la batalla en los tribunales en contra del empeño de la Junta de desmantelar los municipios, siendo los pueblos pequeños como Naguabo los más afectados”, expresó Marcano.

El alcalde de Naranjito y segundo vicepresidente de la Federación, Orlando Ortiz, expresó que “la Ley 29-2019 le hace justicia a los municipios de Puerto Rico porque alimenta el Fondo de Equiparación que actualmente se encuentra en peligro de desaparecer al eliminar los subsidios del Estado a los municipios».

«Sin el dinero del Fondo de Equiparación, sobre 40 municipios, en su mayoría pequeños y medianos, tendrían serios problemas para continuar sus operaciones, lo que conllevaría al cierre de los mismos en los próximos cinco años. ¿Quién se va a hacer responsable del recogido de basura en nuestros municipios, de ayudar a nuestros envejecientes o de socorrer a nuestra gente en el próximo huracán? ¿La Junta de Supervisión de Fiscal?”, preguntó.

La vicepresidenta de la Federación de Alcaldes y alcaldesa del Municipio de Canóvanas, Lorna Soto, hizo un llamado a la unidad del pueblo de Puerto Rico para que se manifiesten en contra de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Todos los residentes de Puerto Rico nos veremos afectados de alguna manera por esta decisión de la JSF. En el caso de Canóvanas, podrían afectarse los servicios de Salud que ofrece nuestro Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), perjudicando así a 95 mil pacientes de Canóvanas y pueblos limítrofes que acuden anualmente a nuestro CDT. Ante injusticias como ésta, hace falta la unidad de nuestro pueblo para defender nuestro derecho a recibir servicios básicos y esenciales. Hago un llamado a toda la ciudadanía a que hagan sentir su rechazo a la derogación de la Ley 29”, expresó la alcaldesa de Canóvanas.