Amnistía Internacional señala que Puerto Rico retrocedió en protección de derechos humanos

Por Redacción Es Noticia

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La organización Amnistía Internacional señaló en su informe más reciente sobre derechos humanos que Puerto Rico ha experimentado un retroceso en las medidas de protección de las personas y que la lenta respuesta gubernamental “agudizó la crisis humanitaria” causada por el huracán María.

Más aún, resaltó que las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal ponían en peligro los derechos humanos y que la Policía hacia uso excesivo de la fuerza.

El informe, titulado La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo 2017-18, destaca que el 20 de septiembre de 2017 Puerto Rico sufrió el “mayor desastre natural” que experimentó en su historia y que “la lenta respuesta de los gobiernos local y federal agudizó la crisis humanitaria causada por el huracán”.

El documento, de 474 páginas, señala que el Gobierno reconoce unos 69 muertos ocasionados por este desastre, pero dada la incertidumbre sobre la cifra exacta, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que se realizaría una nueva investigación.

“En octubre, los expertos en derechos humanos de la ONU señalaron que la falta de una respuesta eficaz a la emergencia se había producido en el contexto de una delicada situación que ya existía en la Isla, causada por una creciente deuda y por medidas de austeridad”, especifica el documento.

También señala que en diciembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las labores de emergencia y reconstrucción del País tras el paso del huracán María.

 

Grave crisis financiera

El documento, el cual realizan anualmente, insiste en que Puerto Rico afronta “una grave crisis financiera, como consecuencia de su enorme deuda externa, de más de $70.000 millones”.

La Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada por las autoridades estadounidenses en 2016, implementó medidas que podrían tener consecuencias negativas para los derechos humanos, en especial para el acceso a la atención médica, la vivienda, la educación y el empleo, advierten.

El 9 de enero, especifica el documento, un experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos expresó públicamente su preocupación por los “efectos adversos” que podrían tener esas nuevas medidas de austeridad.

El informe especifica que -en diciembre pasado- el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos visitó la Isla y expresó su preocupación por la falta de consideración dada a la protección social en las medidas de austeridad previstas.

“El gobierno de Puerto Rico seguía negándose a auditar detalladamente su deuda, pese a los pedidos de las organizaciones de la sociedad civil local”, enfatizó.

 

Retroceso en derechos a la comunidad LGBTI

El informe señala como un retroceso la eliminación, por parte del Departamento de Educación, del programa que incorporaba la perspectiva de género en el currículo de las escuelas públicas. “El nuevo currículo tendría solo un concepto binario del género”, informó.

El Departamento de Educación, recoge el informe, eliminó también las directrices que permitían a los alumnos vestir un uniforme escolar acorde con su identidad de género.

Otro retroceso, según especifica el informe, la determinación del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de firmar una orden administrativa que eliminaba las medidas de protección que habían permitido a quienes trabajaban en el legislativo vestirse y utilizar los lavabos públicos según su identidad de género.

 

Medidas para coartar la libertad de expresión

La Organización señaló que el Gobernador firmó la entrada en vigor de varias enmiendas al Código Penal que convertían en ilegal ciertas conductas, como bloquear la entrada a obras en construcción o instituciones educativas, tácticas utilizadas tradicionalmente por quienes protestaban.

“El paso de esas enmiendas por la Asamblea Legislativa fue muy apresurado, con consultas limitadas con la sociedad civil, por lo que entraron en vigor inmediatamente después de su aprobación, sin el período de espera habitual de 90 días”, señala el documento que evaluó un total de 159 países.

“Las enmiendas parecían ser un intento directo por parte del gobierno de desalentar la protesta pacífica”, subraya el informe.

 

Uso excesivo de la fuerza

El documento señala que, precisamente el Día Internacional del Trabajo, la Unión Americana de Libertades Civiles documentó un uso indiscriminado de gas lacrimógeno contra los que participaban en una protesta relacionada a la crisis fiscal.

“Los observadores reunieron botes que revelaban que se había empleado gas lacrimógeno caducado. Además, las pruebas videográficas mostraron el uso de balas de goma contra manifestantes en gran parte pacíficos. Se planteó asimismo preocupación por el hecho de que no podía identificarse adecuadamente a los agentes de Policía durante las protestas y por qué en las manifestaciones se habían infiltrado policías encubiertos que practicaron detenciones sin identificarse”, especifica.

 

Latente la pena de muerte

La organización Amnistía Internacional también recoge en su informe que a pesar de que la pena capital se abolió en Puerto Rico en 1929, todavía podía imponerse por delitos que, según la legislación federal de Estados Unidos.

“En febrero, la Fiscalía Federal estadounidense para el Distrito de Puerto Rico anunció que pediría, una vez más, la aplicación de la pena de muerte contra Alexis Candelario Santana, en el nuevo juicio cuyo inicio estaba previsto el 1 de agosto de 2018. Candelario Santana había sido condenado en 2013 a cadena perpetua”, señala.

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que trabajan en favor del respeto y la protección de los derechos humanos. Su visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales. Es un ente independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Su trabajo se financia principalmente con las contribuciones de su membresía y con donativos.

 

Informe AI 2017-18