Redacción Es Noticia
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El más reciente informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico hizo diversos señalamientos sobre las operaciones fiscales del Municipio de Ponce, e incluso se revela que se hizo un referido a una agencia federal por una aparente deficiencia relacionada a un préstamo ascendente a $17.6 millones.
Según se desprende de parte de la información divulgada, el Informe de Auditoría M-21-24 contiene cinco hallazgos y dos comentarios especiales, incluyendo que en el periodo auditado, correspondiente a la administración de la alcaldesa saliente María Meléndez Altieri entre los años 2013 y 2017.
El primero de los hallazgos fue que el Municipio de Ponce otorgó puestos en el servicio de confianza en exceso al establecido por ley. La oficina del Contralor explica que la alcaldesa tenía 69 empleados de confianza, cuando la norma general dispuesta por ley es de 30, aunque si se pide dispensa se puede llegar a 50, por lo que había 19 puestos en exceso.
Asimismo, el informe señala que se pagaron vacaciones acumuladas en exceso sin la justificación exigida por ley necesaria por $308,569.
Mientras, el informe también expone que hubo pagos realizados por el Municipio por servicios que le correspondía pagar a una entidad contratada en el 2013, esto por la cantidad de $53,131, esto para el mantenimiento de los aires en el complejo ferial.
También, el informe detectó que una corporación municipal debía recibir beneficios económicos de la empresa contratada para administrar l complejo ferial, pero no los ha recibido. Esa empresa entre 2013 y 2016 ingresos de $1,280,469.
También se informa que, como el complejo ferial se construyó usando fondos federales CDBG mediante un préstamo de $17,600,000 que tenía como garantía de repago los ingresos que generara el proyecto, se entiende que hay una deficiencia y se refirió a la Oficina del Inspector General del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano “para su evaluación correspondiente”.
De otra parte, en una situación que se repite en el informe M-13-07 de 2012, se denuncia la inexistencia de un inventario de la propiedad mueble, esto tras la salida de dos encargados de la propiedad que dejaron sus puestos en 2014 y 2017, esto a pesar que el Municipio al 2 de agosto de 2017 contaba con un inventario de 72,219 unidades de propiedad mueble valoradas en $70,503,805.
El informe también resalta un acuerdo de servicios de 2014 con la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas con un costo de $242,135, que no fue remitido a la Legislatura Municipal para su aprobación.
Mientras, el informe menciona como primer comentario especial hay 50 demandas civiles pendientes de resolución, ascendentes a $9,711,347, esto al 31 de diciembre de 2018.
