Empleados de Ponce recurren al tribunal

Por Redacción Es Noticia

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PONCE –  Un grupo de empleados de este municipio acudió al Tribunal -ayer lunes- a solicitar que se le ordene a la alcaldesa María Meléndez Altieri paralizar una serie de determinaciones en contra de ellos y los indemnice por el daño que esas acciones les han causado.

Los empleados reclaman:

– El municipio mantenga la jornada laboral que estableciera hace más de tres años.

– El municipio pague las aportaciones descontadas de su salario según corresponde por ley y se paguen las remesas a las agencias e instituciones pertinentes, incluyendo el pago de cualquier penalidad legal que corresponda.

– El municipio les pague el exceso de días de enfermedad, según dispone la ley, junto a la penalidad legal que corresponda.

– Le paguen los daños, perjuicios y angustias mentales ocasionados a cada uno de ellos por los empleados, cantidad que estiman, individualmente, en no menos de $15,000.

El grupo, representado por la United Steel Workers, plantea que, aun cuando el municipio ha impuesto reducción de jornada y declarado estado de emergencia ante la pésima situación en que tiene sus finanzas, la Alcaldesa no ha cesado de contratar servicios y realizar gastos sin que pague a la agencias o entidades concernidas el dinero que les retiene.

Presidente de la Legislatura Municipal, Alcaldesa,  legislador municipal del PIP y Presidenta de la Asociación de Empleados se reunieron la semana pasada.

La Alcaldesa reaccionó por escrito: “Nosotros nos reunimos con la presidenta de la United Steel Workers, Mayra Rivera y ya nuestro comité ejecutivo está atendiendo sus inquietudes. La próxima semana les dejaremos saber sobre las decisiones que hemos tomado al respecto”.

“Si a pesar de escucharlos insisten en demandar, pues ya eso es discreción de ellos. Nosotros estamos dispuestos a recibir propuestas y evaluarlas siempre velando por el bienestar del pueblo y de los servidores públicos”, indicó Meléndez Altieri.

Los demandantes plantean que a la reducción de jornada laboral, la Alcaldesa ha impuesto una restricción que le fracciona el horario de trabajo y dificulta que, aquellos que recurrieron a buscar otro empleo a tiempo parcial para completar sus gastos, puedan cumplir con ambos trabajos.

La nueva jornada laboral impuesta por el municipio, según el Injunction, “ha creado condiciones onerosas a los demandantes, quienes pudieron conseguir trabajos parciales con el fin de equiparar y nivelar sus ingresos ante la reducción de la jornada laboral sufrida hace tres años”.

Los empleados señalan en el recurso judicial que “las actuaciones de la parte demandada, no son otra cosa que un menoscabo a los derechos adquiridos por los demandantes y a su contrato de empleo. Tales actuaciones son irrazonables e innecesarias, sin un fin legítimo probado y en nada adelantan el propósito de sus Ordenanzas”.

Otra denuncia de los empleados es que el ayuntamiento les descuenta de los salarios las aportaciones que éstos deben hacer a las distintas agencias e instituciones, como Sistema de Retiro, AEELA, Seguro Social, ASUME, entre otras, pero la administración de Meléndez Altieri “no realiza los pagos de las remesas a las agencias, entidades e instituciones concernientes”.

Los empleados informaron al Tribunal de Ponce que, no habido dinero para pagarle ni aumentarle las horas de trabajo, pero han otorgado una serie de contratos:

– julio de 2016 a marzo de 2017 aprobó $1,456,258.00 en contratos de servicios.

– julio y septiembre de 2016 – contratos aprobados totalizaron $470,919.

– diciembre de 2016 – tras revalidar en las elecciones, los contratos otorgados ascendieron a $782,469.

– enero a marzo de 2017 – concedió $202,870 en contratos por servicios.

– 2 de marzo de 2017 – autorizó la concesión de $124,300 en contratos para servicios externos de asesoría administrativa, consultoría legal y Contabilidad.

“Lo antes descrito, es decir, el gasto millonario en contratos de diferentes índoles que el Municipio de Ponce ha tenido desde el mes de julio de 2016 al mes de marzo de 2017 contrasta con la precaria situación fiscal que éste aduce estar sufriendo. Lo que raya en lo inverosímil y ofende el sentido común”, reza el recurso legal en el que los empleados están representados por el abogado César A. Rosado Ramos.

En la demanda los empleados señalan que “las actuaciones de la parte demandada (municipio) también han sido imprudentes, descuidadas, arbitrarias, irrazonables e injustificadas” entorno a sus derechos, empleo y salarios.

DEMANDA EMPLEADOS PONCE