Exigen acción de la Gobernadora para modificar Reglamento de Permisos

Por Redacción Es Noticia

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A pesar de las iniciativas de la gobernadora Wanda Vázquez para favorecer el establecimiento de nuevos negocios, las principales asociaciones de comerciantes del país exigieron a la Primera Ejecutiva que detenga la aplicabilidad del Reglamento Conjunto de Permisos (RCP) y que junto con el sector privado procedan a modificar aquellas disposiciones que causan el incremento de costos y que perjudican a las pequeñas y medianas empresas.

“Bien por la Gobernadora por brindar una mirada al grave asunto de los permisos que lleva años torturando al sector empresarial del País. Sin embargo, lo que aquí se urge es más bien el reclamo consistente y sostenido para denunciar la mala interpretación y las diferencias diametrales con la Ley 161-2009 que presenta el Reglamento (Conjunto de Permisos)”, sostuvo Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas por medio de un comunicación de prensa.

De acuerdo con el CUD y otras asociaciones de comerciantes el principal problema son las discrepancias entre el RCP y la Ley 161 del 2009. Las asociaciones sostienen que la Ley 161 de 2009 y el RCP se promulgaron para eliminar la burocracia en los procesos de permisos y certificaciones, pero el reglamento redactado causará más obstáculos para obtener permisos y elevará los costos de las empresas.

En las pasadas semanas la Gobernadora Vázquez aprobó de manera provisional sobre 800 permisos estancados en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), de un total que sobrepasa los 2,000 y además ordenó una prórroga en la instalación de rociadores contra incendios en centros de cuido.

 “Agradecemos la intención de la Gobernadora, pero la realidad es que con la aprobación provisional de permisos fallamos en atender la verdadera problemática que viven miles de comercios sobre los requerimientos, procesos y costos asociados al Reglamento de Permisos. Si ya el propio gobierno reconoce que el Reglamento tiene unas deficiencias, lo correcto es detener su aplicabilidad y corregirlo de una vez. La Legislatura dio tiempo para atender la situación, y ante este escenario lo que pedimos al Ejecutivo es que otorgue ese espacio y tiempo a la Legislatura, en deferencia a su responsabilidad ministerial”, dijo Eduardo Cardona, presidente de la Asociación de Funerarios.

“Las acciones tomadas no han dado ningún alivio a los comercios, al contrario, causan mayor inestabilidad e incertidumbre. Es importante que la Gobernadora escuche de forma directa nuestras preocupaciones, así como establecer un grupo de trabajo que atienda las enmiendas que requiere la Ley y el RCPporque es la única forma que se puede llegar a un entendimiento. El sector empresarial fue excluido de toda discusión sobre este reglamento y ya vemos las consecuencias, el gobierno no puede cometer el mismo error una vez más. Queremos ayudar, queremos aportar al desarrollo de Puerto Rico, pero para eso necesitamos un gobierno facilitador”, sostuvo por su parte, Enid Monge de Pastrana, presidenta de Empresarios por Puerto Rico.

“La moratoria concedida por OGP a los hogares y centros de envejecientes, tampoco resuelve el problema, ya que la clasificación que Bomberos aplica es incompatible con su estructura y, por tanto, la instalación de rociadores institucionales es inalcanzable para un número significativo de estos establecimientos. La aplicación de los Códigos de Construcción y del Código Contra Incendios se impone retroactivamente y esto contraviene con el propio Código Internacional de Estructuras Existentes y con el Código Internacional de Construcción, que establecen una aplicación prospectiva», indicó Arguelles Morán.

Agregó que  la oficina de la Secretaria de la Gobernación está trabajando en este sentido y «confiamos en el compromiso, prudencia y sensibilidad que merece un asunto tan crítico”, sostuvo el presidente del CUD.

Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), expresó que en ningún caso se requerirá un nuevo permiso siempre que el uso previamente autorizado no haya cambiado o interrumpido por más de dos años. “En estas renovaciones anuales exigen pagos y la presentación de múltiples documentos año tras año. Esto es un retroceso de décadas en los adelantos para agilizar la gestión comercial”.

Otras asociaciones afectadas con un alza en sus costos operacionales son la de Centros de Inspección y los Detallistas de Gasolina, ya que la OGPe requiere permisos de uso distintos para una misma operación, por ejemplo, uno para marbetes y otro para el centro en comparación con la ganancia ínfima por dar un servicio público. Aludieron que esta exigencia costosa tampoco está en la Ley Número 161, que sirve de base a este reglamento.

“Quien único se beneficia del requisito de varios permisos de uso y de las renovaciones anuales es la empresa contratada para proveer el sistema de renovaciones, que le cobra al comercio por cada transacción”, planteó Roberto Echevarría, presidente de la Asociación de Centros de Inspección. Todas las organizaciones exigen acciones concretas sobre esta problemática.

Las asociaciones hicieron un llamado a la gobernadora para que la reunión que se tiene pendiente en Fortaleza se concrete finalmente. Solicitaron, asimismo, la intervención de la Legislatura para realizar enmiendas a la Ley y tomar acción sobre aquellos aspectos contenidos en el Reglamento que son incompatibles con el espíritu y objetivos de la Ley