JSF refiere a Justicia once municipios entre ellos Ponce, Yauco, Guánica y Villalba

Por Eduardo L. Questell Rodríguez

@elquestell

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La Junta de Supervisión Fiscal dio a conocer -el miércoles en la tarde- que refirió al Departamento de Justicia, tanto federal como estatal, once municipios y tres entidades gubernamentales que retuvieron a sus empleados las deducciones de retiro y no los entregaron a los Sistemas de Retiro por lo que entiende violaron la Ley 106 del 2017.

Municipios referidos y cantidad que adeuda: 

Ponce                        $229,968

Yauco                               $643

Guánica                     $231,857

Villalba                      $110,797

Arecibo                    $1,125,401

  Arroyo                          $24,829  

Ciales                        $144,468

Maricao                     $176,883

Naguabo                      $17,319 

Vieques                     $176,235

Yabucoa                      $89,376

 

Entidades gubernamentales: 

Autoridad de Transporte Marítimo

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Autoridad de Transporte Integrado

 

“Una de las prioridades de la Junta de Supervisión es mantener el fondo de pensiones debidamente financiado. La gente necesita sentirse confiada de que recibirán el pago de sus pensiones. El no transferir el dinero que ya ha sido retenido del cheque de los empleados a sus cuentas de retiro es inconcebible y potencialmente ilegal”, dijo la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko.

La Ley 106 del 2017 provee para que el director de una entidad gubernamental, que con conocimiento y sin justa causa no remita la contribución que hace el empleado a su cuenta de retiro, está sujeto a penalidades significativas. Esta conducta también podría representar una violación a la ley federal -18 U.S.C. 666(a)(1)(A).

El 30 de abril pasado, la Junta de Supervisión informó al Principal Oficial Financiero del gobierno el resultado del más reciente informe -por entidad- sobre la deuda en el pago de pensiones (PayGo) y de la contribución de retiro individual. El informe, preparado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, refleja que 20 municipios y siete corporaciones públicas han fallado en remitir unos $10 millones retenidos de los cheques de empleados a cuentas segregadas de contribución definida.

Asimismo, el 29 de mayo la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico informó a la Junta de Supervisión que había recibido pagos por $5.5 millones de las contribuciones de individuo adeudadas. No obstante, tres entidades gubernamentales y 11 municipios, aún no han remitido $4.5 millones a las cuentas de retiro correspondientes.

Las contribuciones que se hacen a estas cuentas de retiro deben ser sagradas e inquebrantables. Administraciones pasadas no respetaron este principio, permitiendo el mal manejo de esos fondos, dinero que le pertenece a los empleados públicos, evidenciado en el caso del Sistema 2000, en el que el gobierno estableció cuentas de retiro para empleados. Mientras que por un lado los empleados contribuían con su dinero en estas cuentas; por otro, el gobierno utilizaba el dinero para otros propósitos, y nunca los repuso.

“Décadas de indisciplina fiscal socavó el sistema de pensiones de los empleados públicos”, apuntó Jaresko. “Por eso nos preocupa que el gobierno y los municipios fallen en transferir el producto de años de trabajo de estos ciudadanos a donde corresponde. Aquellos que ponen en riesgo las pensiones de los empleados públicos deben tener que rendir cuentas”.

 

JCF Carta Secretaria de Justicia