Licencia para matar

 

En 1989, la famosa saga del agente 007, James Bond  lanzó al mercado cinematográfico su décimo sexta entrega titulada License To Kill (Licencia para Matar).  La trama de la película sirve de ejemplo al definir el concepto como la autorización, por parte del gobierno o alguna agencia, para el uso de la fuerza letal en algún operativo o para alcanzar algún objetivo en particular.  De esta manera, pueden justificar las miles de muertes que producen a diario.

Sin embargo, cabe resaltar que el uso de la fuerza letal, también, se compara con el uso de esa misma fuerza en situaciones de defensa personal o de proteger la vida.

La legitimidad de la fuerza letal se materializa en el poder de los gobiernos a través de sus leyes, reglamentos, órdenes ejecutivas, entre otros.  Aunque en teoría se presume que el uso de esta licencia es a discreción, solo se le otorga a un puñado de agentes que trabajan en funciones de seguridad nacional.  La impunidad por matar bajo esta licencia puede ser concedida si el (la) agente indica que dicha acción era indispensable para lograr el cometido.

Por tanto, analizar el fenómeno de la violencia en cualquier sociedad requiere una respuesta histórica.  Es decir, acentuar las situaciones sociales concretas que determinan la aparición de estos eventos violentos.   Por lo que es importante aclarar que la violencia que pueda cometer un ser humano no viene en su genética sino en la sociedad concreta de la que es parte y conforma su vida de manera particular.

La configuración de cada uno (a) de nosotros (as) se debe a las condiciones establecidas en este país-colonia –y claro está, en Estados Unidos – que requiere de comportamientos violentos.  La vía contraria sería establecer lazos de afecto y apertura entre todos (as) y para todos (as).  Ya vemos cuán distante estamos de legislaciones que fomenten la inclusión.

El sistema social de opresión que existe en Estados Unidos y Puerto Rico se materializa en una diversidad de leyes y acciones.  Sin embargo, nos centraremos en la flexibilidad al acceso a las armas como eje central de discusión.  A raíz de los eventos recientes en una escuela en Porkland, FL vuelve a discusión pública el eterno dilema del acceso a las armas en Estados Unidos.

La 2nda Enmienda Federal establece el derecho que tiene el individuo en ese país a portar un arma y la no obstaculización para adquirir una.  Así, que de facto cualquier persona puede portar un arma y esta cobijado bajo la mencionada enmienda.

No obstante, es muy importante indicar que cuando se diseñó esta enmienda el 15 de diciembre de 1791, Estados Unidos vivía en un contexto de mucha tensión, amenazas de insurrección e invasión extranjera.

Aun hoy, con todo el historial de matanzas en escuelas, iglesias, centro comerciales, discotecas, cines, entre otros lugares, muchos (as) legisladores (as) en el Congreso ejercen fuerte mollero en contra de restringir o regular el acceso a las armas.

En el 2016, cabilderos de parte de grupos pro armas otorgaron al 98% de los Republicanos $5.8 millones de dólares.  También, mucho dinero se movió a favor de la campaña del presidente actual y en contra de Hillary Clinton.  Por tanto, podemos concluir que dicho país está histórico y culturalmente fundamentado por la posesión y defensa de las armas por encima de la vida humana.

Aterrizando en nuestro país-colonia, el Proyecto del Senado 439 pretende impulsar una nueva ley de armas bajo el supuesto de “derecho individual y fundamental” como lo establece la 2nda Enmienda.

El desfase y la descontextualización de dicho proyecto refleja el grado de ignorancia que se tiene para trabajar la violencia desde la prevención y sus consecuencias en esta sociedad.  El legislador no considera la relación colonial como la zapata que establece un orden social violento; donde los intereses de ambos países involucrados son irreconciliables.  Por tanto, el Estado, al permitir liberar el acceso a las armas se constituye en cómplice de la desigualdad opresiva que vivimos.

La ideología de esta legislación no viene del ciudadano corriente, sino de intereses económicos muy poderosos que se lucran por encima de la tragedia de muchos (as).  Lo peligroso del caso es que la violencia, impregnada en el Estado y en el orden social actual, se impone, se normaliza y la reproducimos de manera que, muchas veces, no nos damos cuenta que actuamos como si tuviéramos licencia para matar.