Listo el Plan para que Corrección pase a Justicia

Por Sandra Caquías Cruz

redaccion@esnoticiapr.com

 

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó ayer el Plan de Reorganización 11 que propone pasar al Departamento de Justicia los bienes y el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación, así como el programa de Salud Correccional y la Junta de Libertad Bajo Palabra.

El plan se conocerá como el ‘Plan de Reorganización del Departamento de Justicia de 2018’ cuyo fin es crear el nuevo Negociado de Corrección y Rehabilitación del Departamento de Justicia.

“Se propone consolidar, traspasar y transferir al Departamento de Justicia, bajo la nueva estructura, las funciones, programas, recursos humanos, estructuras administrativas, y bienes del Departamento de Corrección y Rehabilitación, del Programa de Salud Correccional y de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, reza el PRS-11.

La medida, en su ‘Artículo 6 – Propuesta del Gobernador’, estimó que esta consolidación tendrá ahorros y eficiencias al fisco de aproximadamente $8 millones el primer año y aproximadamente $78 millones para los próximos cinco años.

“Nos encaminamos a poder reducir los gastos con cargo al fondo general por $620 millones para el año fiscal 2023 de acuerdo al Plan Fiscal”, reza la medida que aclara el que esa cifra incluye todas las reorganizaciones y cambios.

 

“Están jugando con el nene a ver si el nene se entretiene”

Por su parte, el senador Miguel Pereira, exsecretario de Corrección y exsuperintendente de la Policía, explicó que la propuesta busca parecerse al buró de prisiones en los Estados Unidos.

“Por lo que creo, esto es que están jugando con el nene a ver si el nene se entretiene”, expresó Pereira, quien no percibe que hubiese conflictos en que la Junta de Libertad Bajo Palabra esté bajo el Departamento de Justicia.

Pereira, del Partido Popular Democrático, resaltó que el gobernador Ricardo Rosselló expresó que no avalará despidos de empleados públicos por lo que los empleos de Corrección no deberían estar en riesgo.

No obstante, explicó que si mantienen el número de oficiales de correccionales, trabajadores socio-penales y administradores no habrían logrado “nada que redunde en ahorros” como resaltan que es el fin de este plan de reorganización.

El estatuto establece que los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación que actualmente tienen derecho a organizarse en sindicatos y a negociar colectivamente de conformidad con la Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como ‘Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico’, “mantendrán dicho derecho bajo el Negociado de Corrección y Rehabilitación”.

 

Comisionado de Corrección responderá a Secretario de Justicia

Lo que se conocerá como el ‘Negociado de Corrección y Rehabilitación’ sería dirigido por un Comisionado que nombre el Gobernador y lo confirme el Senado.

Mientras, la Junta de Libertad bajo Palabra será dirigida por el Presidente de la misma, y sus miembros serán nombrados de conformidad a la legislación aplicable.

La medida señala que, por haber estado confirmados, tanto la actual Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced,  y el actual Secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Y. Rolón Suárez, “no tienen que ser nombrados y confirmados nuevamente”.

Una de las principales funciones del Comisionado será seguir e implementar las directrices establecidas por el Secretario de Justicia en todo lo relacionado a los asuntos administrativos.

El PRS -11 establece que las disposiciones establecidas en dicho plan “no podrán ser utilizadas como fundamento para el despido de ningún empleado con un puesto regular. El personal que compone el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Programa de Salud Correccional y la Junta de Libertad Bajo Palabra consolidados y reorganizados en este Plan, será asignado de conformidad con los estatutos, reglamentos y normas administrativas aplicables a los mismos”.

El plan comenzará un proceso de transición que, una vez firmado, deberá culminarse en un término no mayor de 180 días.

Plan de Reorganización del Departamento de Justicia de 2018