Por Redacción Es Noticia
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El secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Gabriel Hernández, informó que el permiso solicitado por Miguel Ángel Flores Torres, en el municipio de Salinas, es para uso residencial.
Rechazó que se trate de un predio que sea propiedad de Guillermo Cidre Miranda y aseguró que éste no tiene relación con el proponente.
Las expresiones de Hernández son una reacción a lo imputado por la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, quien sembró dudas sobre la otorgación de dicho permisos.
Hernández explicó que la persona que solicitó el permiso fue Miguel Ángel Flores Torres, dueño de la propiedad descrita en la titularidad, contrario a lo que había señalado la Representante.
«Queremos aclarar que el mismo cuenta con un permiso de uso residencial, emitido por el Profesional Autorizado, el ingeniero Ángel Rodríguez, bajo el trámite 2019-279203-PUS-065158».
«La Ley 161 del 2009 crea la figura del Profesional Autorizado quien puede adjudicar solicitudes de servicio de uso, permiso de demolición, de construcción, permisos generales consolidados, determinación de exclusión categórica, urbanización vía excepción, entre otros. Estos profesionales licenciados son entes externos, auditados por la Junta de Planificación y la División de Regulación Profesional».
«Cabe mencionar que el municipio de Salinas es parte del Consorcio CCVS, que está compuesto por los municipios de Coamo, Cayey Villalba y Salinas. Toda solicitud de permisos dentro de lo que son los cuatro municipios son evaluados y emitidos por el Consorcio CCVS, según el convenio de transferencia de la Junta de Planificación (JP)».
«Recomendamos que cualquier determinación de la OGPe que se entienda no se ajusta a los contornos de las leyes y reglamentos, sea revisada en los foros correspondientes conforme establece la ley, de modo que la discusión de los asuntos pueda ser en los méritos de la controversia, sin necesidad de lacerar la ética de los funcionarios que día a día laboran en beneficio del Puerto Rico, de este modo se cumple con los principios rectores de justicia y el debido procedimiento de Ley», expresó.
