PPD denuncia consecuencias nefastas del Plan Fiscal

Héctor Ferrer, presidente del Partido Popular Democrático

Por Redacción Es Noticia

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Las medidas propuestas en el Plan Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló tendrán un impacto billonario en la economía, aseguró ayer el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer.

Las expresiones las hizo mientras anunciaba que pondrán a disposición de los empleados públicos, un contingente de abogados que estaría dispuesto a ir a los tribunales a denunciar los casos de despidos injustificados, persecución política, traslados forzosos y cualquier otra acción que violente derechos a esos funcionarios.

“A esos miles de servidores públicos y sus familias que ya comenzaron a sentir la carga que le impone el Plan Fiscal del gobernador les digo; el PPD no los dejará solos”, expresó Ferrer en conferencia de prensa.

“El Partido Popular pondrá a su disposición a nuestros abogados para defenderlos de cualquier acción que este fuera del marco legal y la justicia. Vamos a evaluar los despidos, la reducción de jornada, las transferencias irregulares de una agencia a otra y cualquier otro acto guiado por motivaciones de fanatismo político”, indicó junto al representante Jesús Manuel Ortiz.

 

Ferrer mencionó que el plan fiscal del Gobernador provocó:

– que sobre 5 mil trabajadores transitorios fueran despedidos

– a cerca de 1.6 millones de pacientes de la reforma le redujeron su cubierta médica

– a 50,000 estudiantes del sistema de la UPR le aumentaron la matrícula

– la reducción de jornada laboral a 138,000 trabajadores y otros miles municipales

 

El representante Ortiz dijo que el Plan Fiscal aprobado por la JSF ha tenido in “efecto devastador”  en las diferentes áreas de servicios y cuyo impacto sobrepasará los $1,000 millones en un sólo año.

“Los recortes a los municipios han obligado a la reducción de jornada laboral de más de 15,000 empleados municipales en 22 municipios con un impacto económico de $31 millones. Asimismo, se despidieron más de 5,000 empleados transitorios lo que representó una merma de $100 millones en salarios y beneficios que perdieron esos empleados, otros $350 millones en servicios esenciales en los municipios como recogido de basura, mantenimiento de carreteras y atención directa a los grupos poblacionales; y, como si fuera poco, ya se inició la reducción de $100 millones en el Plan de Salud del Gobierno, especialmente en los medicamentos”, señaló el representante popular.

Ferrer indicó que, en el caso de la UPR, los recortes escalonados conllevarán un impacto de sobre $200 millones, otros $250 millones en los recortes de pensiones y otros $420 millones en reducciones de la jornada laboral que representará el 10% del salario de los empleados públicos.

Los líderes populares señalaron que el Gobernador busca responsabilizar la Junta de Supervisión Fiscal de la nueva ola de despidos al solicitar que sea ese ente y no el Gobierno el que proceda con la remoción de los empleados públicos.

“Este fracasado intento de manipulación era una clara estrategia de evitar que los jefes de agencias de su administración fueran demandados por los despidos injustificados y la persecución política, ya que la inmunidad legal que cobija a los miembros de la JSF no es extensiva a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico”, dijo.

“Si el Gobernador y su administración están convencidos que tienen la razón, por qué no asumen las consecuencias de sus actos. La persecución política es ilegal y el que se preste para eso tendrá que responder ante la justicia.”, indicó el Presidente del PPD.