Reducción de jornada sería mayor si acuden al Tribunal

Por Redacción Es Noticia

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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le recordó al gobernador Ricardo Rosselló que la reducción de jornada de trabajo no se puede derogar y aprovechó para advertirle que un proceso judicial para evitar esa medida retrasaría que logren los ahorros establecidos y provocaría que “la reducción de dí­as tendrí­a que ser mayor a dos días al mes”.

José B. Carrión, presidente de la JSF, recordó que el Plan Fiscal establece la reducción de jornada -la cual impactaría 138,000 empleados de la Rama Ejecutiva con excepción de la Policía- como una medida para lograr un ahorro de $851 millones.

“La Junta de Supervisión adoptó la reducción en la jornada de trabajo como una parte integral y obligatoria del Plan Fiscal”, señala la carta que la JSF le envió al Mandatario el pasado 4 de agosto. “En la formulación del programa de la reducción en la jornada de trabajo, la Junta de Supervisión reconoció que el Gobierno debiera tener la oportunidad de lograr las metas de liquidez y ahorro presupuestario establecidas en el Plan Fiscal sin imponer reducciones en la jornada de trabajo, y dejó los detalles de la reducción en la jornada de trabajo a la  discreción del Gobierno”.

“Sin embargo, la Junta de Supervisión no dejó en manos del Gobierno la decisión de implantar, derogar, o reducir el programa de la reducción en la jornada de trabajo. Dicha decisión le corresponde únicamente a la Junta de Supervisión, según establecido en el Plan Fiscal certificado”, señala la misiva.

El documento advierte que “la Junta de Supervisión y el Gobierno acordaron que la manera para lograr la responsabilidad fiscal y la eliminación de déficits estructurales es implantando medidas de ahorros de $851 millones (ahora $880 millones), y que la reducción en la jornada de trabajo era una de dichas medidas”.

El Gobernador aseguró que no implementará la reducción de jornada a los empleados públicos y que hacerlo conllevaría un impacto adverso en la economía del país que alcanzaría los $600 millones en los próximos dos años fiscales.

No obstante, la carta de la JSF establece que si el Gobierno no cumpliera con implementar la reducción de jornada comenzando en septiembre, utilizarán “todos los medios oportunos para hacer cumplir el Plan Fiscal certificado, según lo requiere PROMESA. Esto puede incluir solicitar una determinación judicial de que la reducción en la jornada de trabajo es una parte obligatoria del Plan Fiscal y que el Gobierno carece de autoridad para no cumplirla”.

“Dado que cualquier resolución judicial podría demorar, los ahorros requeridos para el año fiscal 2018 tendrían que lograrse en un período mucho más corto. Eso haría las reducciones a la jornada de trabajo más dolorosas y causaría mayores disturbios, ya que la reducción de días tendría que ser mayor a dos días al mes”, advirtió la JSF en el documento.

“La Junta de Supervisión exhorta enérgicamente evitar esto y confía que el Gobierno desee lo mismo”, sentenció en dicho documento, en el que reconoció que habido “adelantos significativos” en la implantación de controles de gastos para remediar lo que llamó: “falta de disciplina fiscal que históricamente ha afligido a Puerto Rico”.

 

Carta que la JSF envió  al Gobernador 

Carta al Gobernador Rosselló sobre el ajuste del Gobierno de Puerto Rico incluido en el Plan Fiscal Certificado (Español) (1)