Por Redacción Es Noticia
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La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el martes la Resolución Conjunta de la Cámara 193, ahora Resolución Conjunta 5-2026, que ordena al operador de la red eléctrica, LUMA Energy, eliminar los cargos a clientes con sistemas fotovoltaicos de menos de 25 kilovatios de capacidad y dispone que el Negociado de Energía adopte estándares modernos al completar un nuevo Reglamento de Interconexión.
Según explicó la mandataria en declaraciones escritas, la legislación impone al Negociado de Energía la responsabilidad de revisar su reglamento para evitar el cobro de cargos retroactivos de 300 dólares por concepto de interconexión y, además, impedir que esos costos se transfieran al resto de los consumidores en sus facturas. “El resto de los clientes que no tienen sistemas fotovoltaicos menores de 25 kilovatios no tienen que pagar estas conexiones. Le corresponde ahora al Negociado establecer el nuevo reglamento para que el operador, en este caso LUMA, autorice esas conexiones”, indicó González Colón.
Como parte del proceso previo a la firma de la medida, la gobernadora se reunió con el zar de Energía, Josué Colón; la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata; representantes de la Asociación de Almacenamiento Solar y de Energía (SESA), entre ellos su presidente PJ Wilson y el director ejecutivo Javier Rua Jovet; así como con asesores legislativos, para discutir el impacto de la legislación.
La Resolución Conjunta 5-2026 es de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, y del representante Víctor Parés Otero, y cuenta con la coautoría de legisladores del Partido Nuevo Progresista, Héctor Ferrer Ríos, así como de todos los miembros del Partido Popular Democrático, Dennis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nellie Lebrón Robles.
En la Sección 2 de la resolución se establece que, una vez aprobada la medida, el Negociado de Energía reanudará los procesos administrativos en los casos consolidados NEPR-MI2019-0009 y CEPR-MI-2018-0008. Esto permitirá la celebración de talleres participativos con entidades interesadas, guiados por una firma o entidad reconocida por su experiencia en procesos de reglamentación de interconexión de carácter intensivo y multiparticipativo.
Previo a que la medida se convirtiera en ley, el presidente de LUMA Energy, Juan Saca, había insistido en que no se eliminara el cobro. En declaraciones públicas, Saca argumentó que suprimir el cargo por el estudio de interconexión suplementario, establecido por ley en 2017, expone la red eléctrica a condiciones de inestabilidad en zonas con alta penetración de energía renovable y limita la capacidad de evaluar responsablemente la integración de nuevos sistemas de energía distribuida.
“Eliminar estos análisis técnicos incrementa significativamente el riesgo de fluctuaciones de voltaje, fallas operacionales e interrupciones de servicio que pueden afectar a comunidades completas”, sostuvo Saca, quien además advirtió que la pérdida de esos ingresos podría impactar el presupuesto y afectar otros avances necesarios para el sistema eléctrico del país.
