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Radican cargos por asesinato contra mujer que alegó legítima defensa de su esposo

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Las autoridades radicaron este lunes cargos criminales por asesinato y violaciones a la Ley de Armas contra Carmen Rodríguez Colón, señalada como sospechosa de la muerte de su esposo, Pedro Cruz Santiago, en hechos ocurridos el pasado 1 de marzo en Morovis.

Durante la vista celebrada en el Tribunal de Arecibo, un juez encontró causa para arresto en todos los cargos presentados y le impuso una fianza de $150,000. Rodríguez Colón no prestó la suma requerida, por lo que será ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón. Su representación legal adelantó que solicitará una rebaja de fianza durante una vista pautada para mañana.

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De acuerdo con la investigación, la mujer presuntamente le disparó a Cruz Santiago durante la madrugada del domingo en la barriada Ensanche, en la calle Ruiz Belvis de Morovis. La acusada contaba con licencia para portar el arma utilizada en el incidente.

Sin embargo, Rodríguez Colón ha sostenido que actuó en defensa propia y que el incidente ocurrió mientras intentaba protegerse de una agresión.

La familia de la imputada acudió al tribunal para brindarle apoyo. Su hija, Juliza Cruz, aseguró que su madre fue víctima de violencia doméstica durante años por parte de Cruz Santiago y alegó que había acudido en varias ocasiones a la Policía en busca de ayuda sin obtener respuesta.

Según trascendió, Rodríguez Colón residía cerca de la vivienda de Cruz Santiago y se desplazó hasta el lugar donde ocurrieron los hechos. La víctima, conocida por el apodo de “Pito”, tenía 44 años y falleció mientras era transportada a una institución hospitalaria.

La Policía indicó que Cruz Santiago poseía antecedentes por casos relacionados con sustancias controladas y violencia doméstica. Por su parte, Rodríguez Colón también contaba con récord criminal por violaciones relacionadas con sustancias controladas.

La pareja mantuvo una relación de aproximadamente 30 años y tuvo tres hijos en común.

El caso continúa bajo evaluación judicial mientras la defensa insiste en que la actuación de la acusada estuvo amparada bajo el principio de legítima defensa.

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