El Departamento de Justicia, junto a la Policía de Puerto Rico, presentó 135 cargos criminales contra 33 personas por su participación en un esquema mediante el cual se pagaron ilegalmente sobre $300,000 en multas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y AutoExpreso utilizando una tarjeta de crédito sin la autorización de sus titulares.
La Operación Eslabón, liderada por la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras de la Policía de Puerto Rico y la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, reveló que entre junio y septiembre de 2021 varios de los imputados suministraron información de sus licencias de conducir y pagaron a terceros para que gestionaran la eliminación de sus multas o les obtuvieran certificaciones que reflejaran balances en cero mediante el esquema fraudulento. Para el momento en que se efectuaron las transacciones no estaba vigente ningún descuento o amnistía.
Durante el proceso de investigación, se identificaron más de 100 transacciones ilegales realizadas con una tarjeta de crédito para el pago de multas a través de CESCO Digital y AutoExpreso. Los titulares de la tarjeta presentaron ante la institución financiera las reclamaciones correspondientes por las transacciones no autorizadas. El Departamento de Hacienda, atendió estas reclamaciones conforme al proceso ordinario establecido por las instituciones financieras para transacciones no reconocidas y devolvió los fondos correspondientes a los pagos reclamados.
Como resultado de la investigación, la Fiscalía determinó presentar 135 cargos contra 33 personas, entre las que se encuentran los imputados que se beneficiaron del pago ilegal de multas, los que realizaron las transacciones ilegales con la tarjeta de crédito, así como gestores, negocios de gestoría y otros intermediarios o facilitadores.
La fiscal Rosa Molina Pérez, de la División de Delitos Económicos, formuló 71 cargos por fraude y 64 por apropiación ilegal de fondos públicos, en virtud de los artículos 202 y 182 del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente. La investigación estuvo a cargo del agente Abraham Lebrón Hernández, de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico.
El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra los imputados y les impuso una fianza global de $1, 231,000.00.
“Estas transacciones ilegales no solo afectaron a los titulares de una tarjeta de crédito, entre los que se encuentra una adulta mayor, sino que provocaron el desembolso indebido de fondos públicos. Toda persona tiene que cumplir con el pago de multas conforme a la ley. Esta investigación continúa, por lo que exhortamos a quienes tengan conocimiento de este tipo de esquema a que cooperen voluntariamente antes de que sea demasiado tarde”, advirtió la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.
“La Operación Eslabón demuestra que quienes participan de un esquema de fraude, ya sea ejecutándolo, facilitándolo o beneficiándose de él, se convierten en parte de una cadena delictiva que vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias. Nuestros agentes realizaron una investigación minuciosa que permitió identificar las distintas piezas de este esquema y llevar ante la justicia a quienes presuntamente participaron en él. Este resultado también demuestra la importancia del trabajo conjunto entre la Policía y el Departamento de Justicia para combatir los delitos económicos y proteger los fondos públicos”, expresó el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González.
El esquema fue descubierto luego de que una institución bancaria presentara una querella tras detectar múltiples transacciones realizadas con la tarjeta de crédito, que ascendieron a $308,573.13.
El delito de apropiación ilegal de fondos públicos conlleva una pena fija de 15 años de reclusión. Mientras, el delito de fraude implica una pena fija de ocho años.
“Este trabajo nos permite identificar posibles irregularidades, desarrollar casos sólidos y referirlos a las autoridades correspondientes para que puedan tomar las acciones que procedan”, manifestó el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo.
Entre las partes perjudicadas como consecuencia del esquema de fraude se encuentran los titulares de la tarjeta de crédito, que incluyen a una adulta mayor; el Gobierno de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda; el DTOP; CESCO; AutoExpreso; y una institución bancaria.
“Exhortamos a cualquier persona que tenga conocimiento de posibles irregularidades o esquemas de fraude relacionados con transacciones o procesos del Departamento a comunicarse de manera confidencial a través de SURI Confidencia”, explicó el secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez.
