El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, escribió al congresista republicano por Arizona, Paul Gosar, para solicitarle que reconsidere su petición a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de anular la Ley 215 de 2024 y cuestionar su validez bajo PROMESA en el tribunal federal.
En una misiva, el también Alcalde de Camuy sostuvo que eliminar los arbitrios municipales de construcción reduciría ingresos que los municipios utilizan para prestar servicios y planteó que cualquier exención contributiva sobre proyectos financiados con fondos federales debe establecerla el Congreso mediante legislación.
«Compartimos el interés de que cada dólar destinado a la reconstrucción se utilice de manera responsable, pero eliminar ingresos municipales sin identificar cómo se sustituirán puede reducir nuestra capacidad para mantener carreteras, atender emergencias, manejar desperdicios, realizar inspecciones y ofrecer seguridad. Si el Congreso entiende que determinados proyectos financiados con fondos federales deben estar exentos de contribuciones estatales o municipales, tiene la facultad para establecerlo mediante legislación. Lo que no debe ocurrir es utilizar PROMESA o la Junta Fiscal para imponer una exención contributiva que el Congreso no ha aprobado», puntualizó Hernández Rodríguez.
La respuesta del líder de los alcaldes federados responde a una carta que Gosar envió el 18 de agosto al director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en la que solicitó que el organismo tome acción contra la Ley 215 y rete su validez bajo PROMESA. El congresista sostuvo que la legislación permite utilizar dinero federal de recuperación para pagar arbitrios municipales, aumenta los costos de los proyectos y desvía recursos destinados a la reconstrucción. Al citar una comunicación del ente federal de diciembre de 2025, planteó que la ley pone en riesgo cerca de $4,000 millones en fondos federales y concedió al organismo hasta el 15 de septiembre para responder cuatro preguntas relacionadas con el asunto.
Gosar también expresó preocupación por el uso que algunos municipios han dado a esos recaudos. En su comunicación señaló que un municipio habría utilizado cerca de $4 millones provenientes de estos arbitrios para sufragar gastos de su policía municipal y mencionó contratos otorgados en Humacao por cerca de $500,000 para festivales, entretenimiento y producción.
Hernández Rodríguez, mientras, explicó que el debate debe distinguir entre la fiscalización del uso de fondos federales y la facultad contributiva que las leyes de Puerto Rico delegan a los municipios. Rechazó, igualmente, que la Ley 215 haya creado un nuevo arbitrio y explicó que esta contribución forma parte del marco fiscal municipal desde 1996. También cuestionó que se atribuya al arbitrio el aumento en los costos de reconstrucción cuando las obras enfrentan otros gastos relacionados con aranceles, contribuciones, materiales importados, transportación, seguros, inflación y requisitos regulatorios.
«Si el Congreso determina que los fondos federales para recuperación de desastres deben estar exentos de ciertas contribuciones federales, estatales o municipales, esa política debe establecerse mediante legislación federal específica, debidamente presentada, debatida y aprobada por el Congreso», indicó Hernández Rodríguez en la carta.
Además, solicitó que los municipios participen de cualquier discusión sobre medidas que puedan afectar sus ingresos y su capacidad para sostener la infraestructura reconstruida con fondos federales.
