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Aprueban enmiendas a la Ley de Registro de la Propiedad y otras medidas

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La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley varios proyectos, entre ellos, el Proyecto del Senado 707 que busca cambia diversas disposiciones de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria para armonizarlas con el Código Civil de Puerto Rico de 2020 y brindar mayor certeza en las transacciones inmobiliarias.

La nueva ley, Ley 197-2026, enmienda nueve artículos de la Ley 210-2015 para atender asuntos relacionados con las garantías hipotecarias, los bienes y derechos que pueden hipotecarse, las subastas judiciales y los procedimientos para acreditar el dominio de una propiedad.

“Con esta ley continuamos actualizando nuestro ordenamiento jurídico para que las disposiciones que rigen las transacciones sobre propiedades sean claras y consistentes. Esto contribuye a brindar mayor certeza a nuestra gente y a los profesionales que trabajan diariamente con estos procesos”, expresó la gobernadora.

Medidas convertidas en ley:

  • Proyecto del Senado 908, convertido en la Ley 195-2026, para fortalecer las medidas de seguridad ante las altas temperaturas durante la práctica de deportes al aire libre en escuelas y entidades deportivas dirigidas a menores de edad. La legislación, de la autoría de los senadores Gregorio Matías Rosario, Héctor G. González López, Jeison Rosa Ramos, Wilmer Reyes Berríos y Luis D. Colón La Santa, enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) para establecer el cumplimiento obligatorio de protocolos que protejan a los menores de los riesgos de salud asociados al calor. La medida dispone que el DRD vele por el cumplimiento de los protocolos en las entidades deportivas cuyos equipos estén compuestos por menores de edad. Además, requiere que el Departamento de Salud acredite que el personal empleado o voluntario a cargo de estas actividades cuente con adiestramiento para identificar y manejar afecciones relacionadas con el estrés por calor y con un curso básico de primeros auxilios.
  • Proyecto del Senado 1171, convertido en la Ley 196-2026, que declara la última semana de septiembre de cada año como la “Semana de Concienciación sobre la Demencia Frontotemporal (DFT) en Puerto Rico”. La medida busca promover la educación, la detección temprana y la comprensión social de esta condición, así como fortalecer el apoyo a las personas diagnosticadas, sus cuidadores y sus familias. “Con esta ley damos mayor visibilidad a una condición que requiere comprensión, orientación y apoyo. Queremos que las familias tengan acceso a información y que los profesionales de la salud cuenten con herramientas para identificarla de manera temprana”, expresó la gobernadora. La legislación asigna al Departamento de Salud la responsabilidad de desarrollar campañas educativas y de orientación, coordinar foros y talleres, promover la recopilación y divulgación de datos estadísticos y fomentar la capacitación de profesionales de la salud para la identificación temprana y el manejo de la demencia frontotemporal. Además, dispone que la agencia evalúe la viabilidad de establecer un registro estadístico diferenciado para esta condición.’ Para cumplir con estos objetivos, el Departamento de Salud coordinará esfuerzos con el Departamento de Educación, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Administración de Seguros de Salud y la Oficina del Procurador del Paciente. La ley también exhorta a los municipios, universidades y organizaciones sin fines de lucro a colaborar con las iniciativas de concienciación. La medida dispone, además, la emisión de una proclama gubernamental con al menos diez días de anticipación a la semana designada, para exhortar a las instituciones públicas y privadas y a la ciudadanía a participar en actividades educativas y de orientación comunitaria.
  • Resolución Conjunta 62-2026, de la autoría de la senadora Jamie Barlucea, para encaminar la evaluación de la disposición de la antigua Escuela Piletas Arce a favor del municipio de Lares y promover su rehabilitación para beneficio de la comunidad. La medida, que corresponde a la Resolución Conjunta del Senado 164, ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles evaluar el mecanismo jurídico que proceda para autorizar el uso o la disposición del terreno y la estructura, conforme a la Ley 26-2017, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”. La antigua escuela, localizada en el barrio Piletas Arce, cerró sus operaciones educativas en 2014. La Asociación Comunitaria Piletas Arce, Inc. ha manifestado su interés en colaborar con la administración municipal para rehabilitar las instalaciones y desarrollar actividades educativas, sociales, recreativas, agrícolas y de desarrollo económico. Una vez rehabilitada, la propiedad podrá utilizarse como centro comunal, sede de oficinas de seguridad y centro de acopio para la distribución de suministros y la atención a la ciudadanía durante emergencias o desastres naturales. El municipio podrá coordinar su operación comunitaria con la asociación, conforme a las condiciones del negocio jurídico autorizado.
  • Resolución Conjunta 63-2026, que reasigna $100,000 al municipio de Aguas Buenas para construir un muro de contención en cemento que permita controlar los deslizamientos que afectan la pista atlética del Complejo Deportivo de Bairoa. La medida, de la autoría del senador Juan Oscar Morales y presentada como la Resolución Conjunta del Senado 176, busca proteger la infraestructura deportiva y mejorar la seguridad de los atletas, estudiantes y ciudadanos que utilizan estas instalaciones.
  • Proyecto del Senado 183 fue convertido en la Ley 198-2026. La medida actualiza la Ley del Programa de Desarrollo Artesanal para facilitar el acceso de los artesanos a herramientas de financiamiento que apoyen el establecimiento, operación, ampliación y mejoramiento de sus talleres. La nueva ley autoriza al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico a facilitar líneas de garantía o crédito para la concesión de préstamos y otras ayudas económicas a la clase artesanal. También permite conceder financiamiento y ayuda económica para la adquisición de equipos y herramientas necesarios para la producción de sus obras. Asimismo, la medida dispone que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en coordinación con la Comisión de Desarrollo Cooperativo, fomente entre los artesanos la conversión de sus talleres en empresas de base cooperativa.
  • Proyecto del Senado 997 fue convertido en la Ley 199-2026, para fortalecer la coordinación, la prestación y la fiscalización de los servicios dirigidos a las personas con trastorno del espectro autista en Puerto Rico. La nueva ley enmienda la Ley 163-2024 para actualizar su terminología, alinear la definición de autismo con los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición (DSM-5), y fortalecer la composición interdisciplinaria de los equipos que ofrecen servicios en los Centros de Autismo. “Las personas con autismo y sus familias necesitan servicios accesibles, coordinados y de calidad. Con esta ley fortalecemos las herramientas para atender sus necesidades, reconocer el trabajo de los profesionales que les brindan atención y dar seguimiento al cumplimiento de los servicios establecidos por ley. Nuestro compromiso es continuar promoviendo su bienestar, inclusión y desarrollo integral”, puntualizó González Colón.
  • Proyecto del Senado 838 fue convertido en la Ley 200-2026, que reconoce y declara la tradición de la Tuna Puertorriqueña como Patrimonio Cultural Intangible de Puerto Rico. La medida busca conservar, valorizar e impulsar las aportaciones culturales, musicales y sociales de esta tradición. Como parte de sus disposiciones, la ley establece que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Discover Puerto Rico, el Departamento de Estado y otras entidades públicas, privadas o municipales relacionadas promuevan iniciativas para divulgar la importancia histórica y cultural de esta tradición. Además, autoriza al ICP a solicitar y recibir aportaciones y donativos, parear fondos disponibles y establecer acuerdos colaborativos con entidades públicas o privadas interesadas en promover la Tuna Puertorriqueña.

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