El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico concedió el viernes un interdicto provisional solicitado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contra NFEnergía, LLC, para facilitar el suministro de gas natural mediante otros proveedores, ante la posibilidad de que el combustible disponible en la Central de San Juan se agote durante los próximos días.
La orden del juez federal Pedro A. Delgado Hernández establece un término de 24 horas para que New Fortress informe cuánto gas natural queda en el buque Amur River, cuándo se proyecta que se agote y los detalles de la próxima embarcación que podría llegar a Puerto Rico.
Además, la compañía deberá identificar las instalaciones disponibles para recibir, regasificar y distribuir combustible de suplidores alternos, así como designar un representante autorizado para coordinar esas operaciones.
En un término de 72 horas, NFEnergía tendrá que entregar los procedimientos operacionales y requisitos técnicos necesarios para permitir que terceros utilicen su infraestructura.
La orden también prohíbe a la empresa realizar acuerdos o tomar acciones que impidan o retrasen el recibo de gas natural de otros proveedores, así como condicionar ese suministro al pago de facturas que se encuentren en controversia.
“Esta determinación representa un paso importante en nuestros esfuerzos para proteger la estabilidad del sistema eléctrico y defender los intereses del pueblo de Puerto Rico. No podemos permitir que la falta de suministro de combustible ponga en riesgo la generación de energía ni que se obstaculicen las alternativas disponibles para garantizar el servicio”, expresó la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón en declaraciones escritas.
Según informó La Fortaleza, el tribunal determinó que la AEE demostró una probabilidad sustancial de prevalecer en su reclamación relacionada con la activación de la cláusula 22.12.1 del contrato de suministro de gas natural, conocida como tolling, que permite utilizar las instalaciones de New Fortress para recibir combustible de terceros bajo las condiciones establecidas en el acuerdo.
La determinación judicial ocurre un día después de que el director general de NFEnergía, Zak Ahmed, reconociera bajo juramento ante la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes que la empresa no podía garantizar cuándo llegaría el próximo cargamento.
Durante esa audiencia, Ahmed informó que el Amur River disponía de aproximadamente 7,800 metros cúbicos de gas natural licuado, cantidad que permitiría abastecer la Central de San Juan, como máximo, hasta el domingo 1 de noviembre.
“Ambos queremos lo mismo, que es suplir gas, pero sería irresponsable de mi parte decirle con certeza que podamos hacer eso… Hay cosas que están fuera de nuestro control que no me permiten entonces darle esa certeza”, manifestó Ahmed durante la vista pública.
La incertidumbre sobre el próximo cargamento provocó cuestionamientos del presidente de la Comisión, José “Cheito” Hernández Concepción, quien advirtió sobre una nueva interrupción del combustible necesario para las unidades 5 y 6 de San Juan.
“Pudiera haber más días que ambas plantas estén sin gas natural porque New Fortress no ha cumplido con su trabajo de traer las barcazas a tiempo”, sostuvo Hernández Concepción.
En la misma audiencia, Genera PR confirmó que actualmente la Unidad 5 de la Central de San Juan recibe gas natural, mientras la Unidad 6 continúa utilizando diésel, combustible más costoso.
“Tenemos la responsabilidad de operar con el combustible que esté disponible. En este caso, si no hay gas natural, tenemos que utilizar diésel”, afirmó el vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Genera PR, Iván Báez.
El Tribunal Federal reconoció, según la comunicación de La Fortaleza, que una interrupción del gas obligaría a utilizar diésel, lo que podría reducir la eficiencia de las unidades generatrices, afectar su capacidad de generación y aumentar el riesgo de averías e interrupciones. El juez concluyó que ese riesgo a la confiabilidad del sistema eléctrico constituye un daño irreparable que justifica el remedio provisional.
Horas antes de divulgarse la determinación judicial, González Colón había informado que su administración acudía al tribunal para exigir el cumplimiento del contrato y permitir el acceso de otro proveedor mediante el mecanismo de tolling.
“Para eso precisamente negociamos un contrato que estipula que si la compañía por la razón que fuere no puede suplirnos el gas, nosotros podamos activar la cláusula del tolling que nos permita traer a otra compañía a suplirnos. Y yo la voy a ejecutar y si la manera es a través del tribunal lo haré y si no es a través del tribunal también lo haré”, expresó la mandataria a preguntas de la prensa.
New Fortress, por su parte, rechazó durante la vista legislativa que las interrupciones anteriores respondieran a una estrategia para presionar al Gobierno y atribuyó las dificultades a controversias judiciales, determinaciones regulatorias y problemas con los servicios de practicaje en la bahía de San Juan.
“El problema no es el contrato ni la disponibilidad del gas natural, sino las dificultades de acceso al puerto. Podemos tener el gas natural disponible para su entrega, pero si las embarcaciones no pueden entrar a la bahía de manera segura y oportuna, el suministro se verá afectado, independientemente de quién sea el suplidor”, sostuvo Ahmed en declaraciones divulgadas por la empresa.
NFEnergía también había reconocido que el contrato contempla la entrada de otros suplidores mediante el mecanismo de tolling, aunque planteó que su utilización requiere completar acuerdos sobre procedimientos operacionales, seguridad marítima y responsabilidades de las partes.
La controversia ocurre mientras el Gobierno mantiene reclamaciones contra New Fortress por los costos adicionales asociados al uso de diésel durante las interrupciones del suministro de gas natural.
La Junta Fiscal también había reclamado que la empresa formalizara los acuerdos necesarios para permitir que otros proveedores utilizaran su terminal cuando no pudiera cumplir con las entregas contratadas.
Luego de emitirse la orden, González Colón reiteró que su administración dará seguimiento a las gestiones para conseguir combustible de otros suplidores.
“Desde el primer día hemos sido claros en que vamos a utilizar todos los mecanismos disponibles para garantizar la generación de energía y evitar que nuestro pueblo se vea afectado por situaciones que pueden atenderse con planificación y responsabilidad. Esta orden judicial permite adelantar gestiones importantes para contar con alternativas de suministro y proteger la continuidad del servicio eléctrico”, expresó la gobernadora.
El interdicto provisional tendrá una vigencia inicial de 14 días, mientras continúan los procedimientos judiciales relacionados con la solicitud de un interdicto preliminar.
