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Gobierno  / PORTADA
Tribunal asigna fecha para caso de Genera PR por uso ilegal de marca
Redacción Es Noticia Publicado en mayo 25, 2023


Por CyberNews

redaccion@esnoticiapr.com

 

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan programó una audiencia para el miércoles 31 de mayo contra Genera PR por el uso ilegal de este nombre y marca.

La audiencia se llevará a cabo de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, a partir de las 9:30 am. 

“Confiamos en que prevaleceremos en este proceso”, dijo Saúl González Mendoza, fundador de GenEra en declaraciones escritas.

“El derecho de marca en Puerto Rico ofrece protección absoluta y exclusiva al primero que utiliza la marca en este mercado. GenEra ha estado usando sus marcas desde 2020, mientras que la otra compañía comenzó a usarlas en 2023”, indicó.

La compañía puertorriqueña de energía renovable, GenEra, presentó la semana pasada una petición de interdicto (injunction) contra Genera PR por el uso ilegal de su marca en todo el comercio de Estados Unidos y Puerto Rico. El reclamo fue presentado después de varios intentos infructuosos de comunicación y resolución con los representantes del consorcio de energía.

GenEra es una compañía de responsabilidad limitada con fin social (L3C) que se dedica a promover el desarrollo de la energía renovable en Puerto Rico a través de iniciativas de impacto social positivo. Desde su registro en el Departamento de Estado de Puerto Rico el 25 de marzo de 2020, GenEra ha estado usando estos nombres y marcas en una amplia gama de documentos y materiales.

“Los tribunales buscan evitar la posibilidad de confusión para proteger al consumidor. Aquí está claro que hay una posibilidad de confusión entre los nombres y marcas”, dijo González Mendoza. “Era responsabilidad de esa compañía buscar en las redes sociales y en Internet. Con una diligencia mínima se hubieran dado cuenta de la existencia de nuestra compañía y el uso previo de nuestro nombre y marca”, añadió.

Además de la petición de interdicto, la compañía puertorriqueña continúa explorando otras medidas judiciales hasta alcanzar una resolución.


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Economía  / Gobierno  / PORTADA
Solicitan al Tribunal que ordene a Genera PR dejar de usar ese nombre
Sandra Caquias Cruz Publicado en mayo 16, 2023


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La compañía de energía renovable GenEra radicó ayer -lunes- un recurso legal -injuction- contra la empresa Genera PR “por el uso ilegal de su marca en todo el comercio de Estados Unidos y de Puerto Rico”.

 “Soy un ingeniero y empresario del patio, formado en Puerto Rico. Cuento con varias licencias y certificaciones que me capacitan para el trabajo que hago con mi compañía de generación de energía solar. Fundé mi compañía en marzo del 2020 con mucho esfuerzo y sacrificio y desde entonces estamos usando de manera continua e ininterrumpida las marcas y nombres comerciales GENERA y GENERA PR. Esta situación es sumamente injusta”, dijo Saúl González Mendoza, fundador de GenEra.

Según González Mendoza, GenEra es una compañía de responsabilidad limitada con fin social (L3C) cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la energía renovable en Puerto Rico a través de iniciativas de impacto social positivo en Puerto Rico.

Alegó que su negocio comenzó a verse afectado a principios del 2023, cuando comenzó a recibir comunicaciones de clientes, suplidores y colaboradores, confundidos ante los anuncios públicos del consorcio Genera PR.

“Uno se esmera para tratar de echar adelante un negocio de impacto social y una compañía poderosa trata de aplastar nuestro esfuerzo y adueñarse de nuestro nombre. Daremos la batalla y defenderemos lo nuestro como lo hace el pitirre contra el guaraguao”, sostuvo.

González Mendoza, a través de su representación legal, ha tenido varias comunicaciones con varios representantes del consorcio Genera PR sin lograr una solución a esta controversia. La representación legal del consorcio respondió que entienden no ha habido una utilización ilegal del nombre y marca GenEra.


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Gobierno  / Gobierno  / PORTADA
Al Tribunal de Apelaciones de Boston el reclamo de Morovis contra la AAA
Redacción Es Noticia Publicado en abril 28, 2023


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, informó que el Municipio de Morovis presentó su Apelación ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston en relación a la demanda del Municipio contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
La Apelación va dirigida a que se revoque la Sentencia de Desestimación del Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico.
La alcaldesa expresó que la Desestimación no se basó en que la AAA cumpliera con otorgar los servicios a los moroveños. Eso continúa sin ocurrir. Los moroveños continúan sufriendo la escasez diaria de servicios desde 2017 al presente.
“La sentencia que ha sido apelada, básicamente resolvió un asunto estrictamente de derecho, como ocurre en este tipo de Sentencias, dando por cierto que los moroveños que pagan por un servicio sufren ineficiencias e incumplimientos de la AAA. Aun así, interpretó el Tribunal que, según alegó la AAA, que tal incumplimiento no es una violación a los derechos civiles y al debido proceso», expresó Maldonado.
La alcaldesa añadió lo siguiente:
“En la Apelación se ha solicitado la revocación de la interpretación y aplicación del derecho del Tribunal de Distrito de Puerto Rico en cuanto a que había resuelto que:
1) Las alegaciones de la Demanda pintan un cuadro de incompetencia y falta de urgencia para arreglar el problema de falta de agua en Morovis, pero no uno que sacuda la conciencia. Según el Magistrado, conducta negligente o un mero incumplimiento de contrato (como también caracteriza las alegaciones) es insuficiente para sacudir la conciencia. El Magistrado concluyó que la conducta que «sacude la conciencia» es aquella que va dirigida a causar un daño, y que en este caso lo que se alegó es una conducta negligente.
2) El Magistrado concluyó que, aunque haya un derecho propietario al recibo continuo de servicios de utilidades, alegadamente eso no se traduce en que exista un derecho propietario a recibir servicio de agua ininterrumpida en todo momento. El Magistrado concluye que la interrupción del servicio de agua no sacude la conciencia.
3) El Magistrado también concluye que no hay derecho fundamental o derecho federal al servicio de agua porque supuestamente ese derecho no está enraizado en las tradiciones de nuestra nación, ni está implícito en el concepto de libertad ordenada.
4) Por otro lado, el Magistrado también concluyó que, aunque el proveer servicio de agua pudiera crear un interés propietario protegido por el debido proceso procesal, ello no significa que el servicio de agua esté protegido por el debido proceso sustantivo.
 “Estamos convencidos que este caso, más allá de Morovis, ha de obligar a la AAA a comenzar a dejar atrás su pésimo servicio en todo Puerto Rico y a que deje de perder más del 60% del agua que procesa”, espetó la alcaldesa.

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Gobierno  / Gobierno  / PORTADA
Demandan a la AFI para que entregue información sobre emisiones de bonos
Redacción Es Noticia Publicado en abril 20, 2023


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La Comisión Ciudadana por la Auditoría del Crédito Público demandó hoy- jueves- a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para que entregue información sobre emisiones de bonos de la corporación pública desde el 1998 al presente, estados financieros y minutas de su Junta de Directores, entre otros documentos públicos.

La demanda, presentada en el Tribunal de San Juan, se da luego de que la Comisión Ciudadana solicitara la información y no recibiera respuesta de la AFI.

“En múltiples ocasiones enviamos comunicaciones de seguimiento sin que la AFI contestara nuestras solicitudes de información. Ante la falta de cumplimiento con la entrega de la información requerida, la Comisión Ciudadana se ve nuevamente en la obligación de presentar un recurso legal ante los tribunales, para hacer valer el derecho constitucional de toda persona a tener acceso a los documentos públicos”, explicó José Rivera Santana, planificador y portavoz de la Comisión Ciudadana.

Detalló que la deuda pública de la AFI, creada en el 1988 con el propósito de proveer asistencia financiera necesaria, administrativa y de otra naturaleza, a las entidades gubernamentales, las subdivisiones políticas y los municipios, que desarrollan y operan la infraestructura de Puerto Rico, rondaba en los $2.2 mil millones fue parte del plan de ajuste del gobierno central aprobado recientemente por el Tribunal Federal.

“Los documentos de la deuda de la AFI son parte de la historia del endeudamiento masivo del gobierno que desencadenó la crisis cuyas consecuencias todavía vivimos, adicional a ello, la AFI ha sido señalada más de una ocasión por la Oficina del Contralor por deficiencias en los procesos de desembolso de fondos públicos relacionados con emisiones de bonos y otras fuentes de financiamiento”, precisó.

La Comisión Ciudadana, que se dedica a la recopilación e investigación sobre la acumulación de deuda pública de Puerto Rico por las pasadas cinco décadas, busca crear un archivo digital donde la ciudadanía pueda examinar toda la documentación relacionada al endeudamiento gubernamental que llevó al País a la quiebra.


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Gobierno  / Gobierno  / PORTADA
Demandan a Ciudad Deportiva Roberto Clemente
Redacción Es Noticia Publicado en abril 5, 2023


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

El Departamento de Justicia demandó a la corporación a la que hace 48 años se le entregaron cientos de cuerdas de terreno con la condición de desarrollar facilidades deportivas para la juventud puertorriqueña.

El Gobierno argumenta que Ciudad Deportiva está entorpeciendo el proceso establecido por ley para completar la transferencia de los terrenos, así como las edificaciones, propiedades y administración de dicha entidad, al Departamento de Recreación y Deportes; provocando, a su vez, que el Estado incumpla lo dispuesto en el estatuto y se atrase el desarrollo del Distrito Deportivo Roberto Clemente.

Según el recurso legal, las acciones de Ciudad Deportiva han impedido que el Estado pueda realizar la inspección y mensura del terreno para poder otorgar la escritura pública requerida para inscribir nuevamente en el Registro de la Propiedad los terrenos revertidos a nombre del Estado.

El escrito señala directamente que Luis R. Clemente, presidente de la corporación demandada, informó a la Administración de Terrenos que no permitiría el acceso al predio, pues no está de acuerdo con lo dispuesto en Ley Núm. 67-2022.

“Los terrenos que fueron destinados para el disfrute y desarrollo del deporte y la actividad física de la juventud y el pueblo puertorriqueño llevan medio siglo secuestrados, abandonados, sin mantenimiento, y en grave desuso, por Ciudad Deportiva, es decir, están inertes, sin cumplir su propósito y está perdiendo su vida útil y uso público para el que fue destinado. Lo anterior está en clara violación a las condiciones de donación que se establecieron en la escritura, por lo que el interdicto preliminar es necesario para obtener la posesión inmediata en lo que se dilucidan los procesos sobre sentencia declaratoria”, establece el recurso.

A esos efectos, se otorgó una escritura de Cesión y Traspaso Mediante Donación, en la cual las partes establecieron que los terrenos donados se destinarían total y exclusivamente, para los propósitos de proveer facilidades donde la juventud puertorriqueña adquiriese conocimientos básicos, especializados e intensivos sobre los deportes.

Sin embargo, tras 48 años de administración, Ciudad Deportiva no ha cumplido la encomienda con la que se obligó en el año 1973. A pesar de las aportaciones millonarias recibidas, el Estado reclama que “el compromiso realizado, es decir, de desarrollar facilidades deportivas para la juventud y la ciudadanía nunca se materializó”.

 


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Economía  / Policiacas  / PORTADA
Reclaman nuevo juicio en demanda contra Walmart
Redacción Es Noticia Publicado en diciembre 22, 2022


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

El Tribunal de Apelaciones de la región judicial de Bayamón tiene ante su consideración una controversia por presunto conflicto de interés de la jueza Betsy Asencio, quien decidió un caso a favor de Walmart Puerto Rico y no se inhibió a pesar de haber sido abogada de Walmart.

La demandante es la empresa puertorriqueña Columbia Enterprises Associates, que radicó esta semana un recurso de Certiorari para que se revise una resolución que denegó la solicitud de descalificación de la jueza Asencio. El Certiorari reclama “decretar la descalificación de la jueza Asencio y dejar sin efecto todo lo actuado por esta en el caso y ordenar la celebración de un nuevo juicio”, se indicó en una comunicación.

El presidente de Columbia Enterprises Associates, Adolfo González, expresó que «como personas y como empresa de negocios a veces es inevitable tener que litigar asuntos en los tribunales. Sabemos que a veces se ganan los casos y a veces se pierden. Lo que resulta inaudito en este caso es percatarse que se ha estado litigando un caso ante una Jueza que, habiendo sido abogada de la otra parte (Walmart), en al menos tres casos, no se inhibió cuando el caso le fue asignado. Además, jamás divulgó a nuestros abogados la relación de abogada-cliente que tuvo con la otra parte. Sorprende que la jueza no se inhibió una vez se descubrió la situación y que ésta, a días de que fuera efectiva su renuncia a la judicatura, ante lo señalado se apresuró a dictar sentencia por non suit desestimando la demanda sin escuchar la prueba que presentó Columbia”.

«El caso inicial en discusión es Columbia Enterprises Associates, SE vs Walmart Puerto Rico, Inc. una demanda por incumplimiento de contrato que se radicó el 22 de agosto de 2008 en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Los hechos se remontan a junio de 2004 cuando Columbia y Walmart firmaron un contrato en el que Walmart se comprometió a construir un Supermercado Amigo, como “anchor tenant”, en un “strip mall” que Columbia proponía desarrollar en Hato Tejas, Bayamón. El mismo contemplaba una inversión millonaria y proveería para crear cientos de empleos. Walmart se negó posteriormente a cumplir con sus obligaciones bajo el contrato.

Durante los años transcurridos desde el 2008 hasta el presente, el caso fue atendido por varios jueces, entre ellos el Juez Superior Andino Olguín Arroyo, quien el 15 de enero de 2019 dictó Sentencia Sumaria a favor de Columbia y determinó que Walmart había cancelado el contrato unilateralmente y que era responsable de compensar a Columbia por los daños causados. Esta sentencia fue apelada por Walmart y el Tribunal de Apelaciones el 11 de junio de 2019 devolvió el caso al Tribunal de Instancia, Sala de Bayamón para que celebrase juicio en cuanto a cuatro temas específicos. Al ser devuelto el caso a la Sala de Bayamón para juicio sobre esos cuatro temas, el caso fue asignado a la jueza Asencio en mayo de 2021.

El 28 de noviembre de 2022 la jueza Superior Asencio emitió una Sentencia a favor de Walmart. Para sorpresa de Columbia, al final del proceso se advino a conocimiento de que la jueza Asencio había sido abogada de Walmart en al menos dos casos hace unos años. En ningún momento la juez Asencio divulgó este hecho.

La compañía demandante, una vez obtuvo conocimiento del conflicto de intereses, radicó una moción de inhibición de la jueza Asencio. Esta moción fue declarada No Ha Lugar por la Jueza Karla S. Mellado Delgado, quien tuvo a cargo dilucidar la inhibición. Ante esta situación fue que Columbia Enterprises radicó el recurso de Certiorari esta semana ante el Tribunal de Apelaciones”.

«Es igualmente sorprendente que la Jueza a quien se le asignó atender la solicitud de descalificación entendiera que la existencia de la relación abogada-cliente entre la Jueza Asencio y Walmart y que la misma no se hubiera divulgado a las partes no constituye una razón para inhibición o descalificación de un juez», planteó el Presidente de Columbia Enterprises Associates.

«El recurso detalla que la jueza representó legalmente a Walmart en dos casos entre el 11 de octubre de 2011 al 14 de enero de 2013. En días recientes los abogados de Columbia también pudieron identificar que la jueza Asencio representó a Walmart en un tercer caso de Yanilis Pérez Ramos vs. Walmart Puerto Rico en el Tribunal de Primera Instancia, sala superior de Bayamón. En todo ese periodo, el caso de Columbia Enterprises vs. Walmart también se estaba litigando. “La no divulgación de la relación abogada-cliente de la honorable jueza Asencio con Walmart, durante años y para una época en la que el caso de epígrafe ya estaba litigándose es un hecho incontrovertible y constituye prueba suficiente para sostener la recusación”, expone el recurso de Certiorari.

«Este añade que se acude al foro Apelativo ante la negativa del Tribunal de Primera Instancia que, en un abuso de discreción, rechazó corregir la situación originada por la no divulgación de la jueza Asencio de una relación abogada-cliente con Walmart. Ante esto, se solicita un remedio “con la convicción de que la apariencia de parcialidad ocasionada por el silencio de la jueza Asencio lesionó gravemente no solo el juicio de epígrafe sino la percepción de imparcialidad absoluta que deben proyectar nuestros tribunales”, concluyó González, presidente de Columbia Enterprises Associates.


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Gobierno  / Política  / PORTADA
JSF demanda a Pierluisi para que anule la reforma laboral
Sandra Caquias Cruz Publicado en septiembre 1, 2022


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La Junta de Supervisión Fiscal (JDF) recurrió al tribunal para presentar una demanda contra el gobernador Pedro R. Pierluisi para que se anule la Ley 41-2022, bautizada como reforma laboral, así como cualquier otra medida adoptada para aplicar dicha Ley.

“Desafortunadamente, el Gobierno promulgó una ley que afecta a todos los empresarios privados de Puerto Rico sin sopesar plenamente su efecto», subrayó la JSF.

El organismo señaló que han sido consistentes en que una reforma laboral significativa es un elemento clave para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital.

Empero, la Ley 41 derogaría incluso las limitadas reformas laborales recientes destinadas a aumentar el empleo y mejorar la economía, y en su lugar añadiría requisitos de la legislación laboral que afectan negativamente la flexibilidad del mercado laboral, en violación directa de los términos expresos del Plan Fiscal certificado para Puerto Rico, planteó el organimso

Explicó que realiaron un análisis económico que llegó a la concluyó de que, la Ley 41 tendrá un efecto negativo en el mercado laboral de Puerto Rico y en su economía en general, lo que conllevará menos puestos de empleo, una mayor emigración, un menor crecimiento económico y menores ingresos.

“La Ley haría que Puerto Rico sea menos competitivo en el mercado estadounidense y mundial”, advirtió.

Explicó que el Gobierno hizo caso omiso al Plan Fiscal certificado para Puerto Rico y a las advertencias previas de la Junta de Supervisión de que la Ley incumple con PROMESA.

“Puerto Rico ha logrado un progreso sustancial hacia la responsabilidad fiscal, el crecimiento económico y la prosperidad, pero la aplicación de la Ley 41 revertiría ese progreso”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.

“Puerto Rico no puede implementar leyes que aten las manos de las empresas con deseos de crecer. La Ley 41 descarrilará el camino de Puerto Rico hacia la recuperación y disminuirá el crecimiento económico”, dijo. El Gobierno no proporcionó un estimado completo del impacto de la Ley en los ingresos, abundó.

Explicó que la Junta de Supervisión le reiteró en repetidas ocasiones al Gobierno que PROMESA exige que éste analice las nuevas leyes y haga un estimado formal del impacto que tendrá la legislación en los ingresos y gastos del Gobierno.

‘Esta práctica de aprobar leyes sin tener en cuenta ni comprender las consecuencias económicas es parte de lo que causó la crisis fiscal de Puerto Rico y su eventual quiebra’.

La explicación del Gobierno de que sería demasiado “complejo y difícil” preparar un estimado formal no se sostiene ante el escrutinio, afirmaron.

Explicó que la Junta contrató un economista y compartió el análisis de éste con el Gobierno para entablar un diálogo e, idealmente, para que el Gobierno realizara su propio análisis del impacto económico de la Ley 41. “El Gobierno rechazó estos esfuerzos”, subrayó.

La ausencia de un conocimiento informado del impacto de la Ley en los ingresos del Gobierno debería haber causado que el Gobierno se detuviera y tomara el tiempo necesario para evaluar la Ley 41 y asegurarse de que su aprobación no tendría consecuencias fiscales negativas.

La estructura del mercado laboral de Puerto Rico hace que la Isla sea vulnerable a la disminución del empleo en el sector formal a causa de la promulgación de la Ley 41, sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento histórico del mercado laboral, la facilidad para emigrar a los Estados Unidos y la facilidad para unirse al mercado laboral informal.

“El restablecimiento de las restricciones laborales en virtud de la Ley 41 reduce la flexibilidad del mercado laboral e impacta negativamente la participación en la fuerza laboral, desalienta las nuevas contrataciones y reducirá significativamente la efectividad de la ampliación del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) en fomentar la participación en la fuerza laboral, el crecimiento económico y los ingresos del Gobierno asociados a dicho crecimiento”, indicó.


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Gobierno  / PORTADA  / Pueblos
DRNA presenta demanda para desalojar a invasores de Bahía Jobos en Salinas
Redacción Es Noticia Publicado en abril 28, 2022


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnotiiapr.com

 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presentó hoy -en el Tribunal de Primera Instancia de Guayama- una acción civil para desalojar a los invasores de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, en Salinas.

Así lo anunció este jueves la secretaria interina, Anaís Rodríguez Vega. El DRNA solicita una sentencia declaratoria, acción reivindicatoria y desalojo.

“Mediante esta acción judicial esperamos reivindicar los derechos de dominio público y devolverle al pueblo de Puerto Rico lo que por derecho es suyo. Estas invasiones ilegales han privatizado un sector de los recursos naturales protegidos de la Reserva y no lo toleraremos. Eso se acaba ahora. También evaluaremos el daño ambiental cometido y los costos asociados para regresar a su estado anterior estos recursos lo tendrán que sufragar los invasores. Y más allá, esta demanda es también un mensaje para aquellos que igualmente cometen crímenes ambientales. Esta Administración está decidida a acabarlos. Reconocemos que tenemos nuestras limitaciones, pero eso no será impedimento para hacer nuestro mayor esfuerzo. Al fin de cuentas, contamos con la colaboración de todo un pueblo”, afirmó Rodríguez Vega en declaraciones escritas.

Debido a que el DRNA no está “en posesión de los terrenos cuya reivindicación aquí se solicita [se] hace más difícil realizar una evaluación precisa del alcance del daño e impacto ambiental causado por los codemandados y/o terceros que estuvieron antes en la posesión de los terrenos, por lo que en la presente reclamación se hace una expresa reserva de que una vez culminado el correspondiente informe procederemos a iniciar las acciones legales correspondientes para resarcir los daños causados e identificar aquellos que a lo largo de los años han provocado los daños ambientales en el área de la Reserva para que respondan ante el DRNA y el Pueblo de Puerto Rico”, se plantea en la demanda.

El DRNA solicitó al tribunal que, a raíz del alto interés público de este caso, acorte los términos de los demandados de responder a las alegaciones de la agencia.

Según los hechos de la demanda, “los codemandados compraron una participación proindiviso de la Finca Núm. 3752, originalmente propiedad del matrimonio Guillermo Godreau Marrero y Josefa Veguilla, pero se ubicaron físicamente y construyeron en la Finca Núm. 5791, donde ubican los terrenos de la Reserva” propiedad del DRNA.

Una evaluación del impacto causado por los invasores en el sector de la Reserva conocida como Camino del Indio, sostenida mediante querellas del Cuerpo de Vigilantes, muestra corte ilegal de árboles de manglar, relleno ilegal del manglar, instalación ilegal de muelles y rampas en la Zona Marítimo Terrestre, entre otros.

Los demandados son: Jorge Oppenheimer Méndez y su esposa Fulana de Tal; Miguel A. Flores Torres y su esposa Mengana de Tal; Pablo Vergara Ramos y su esposa Zutana de Tal; Brendaliz Cotto León y su esposo Fulano de Tal; Edgar Cruz Falcón y su esposa Perenceja de Tal; Ángel Benítez Rodríguez y su esposa Esperenceja de Tal; Víctor Feliciano Bonilla y su esposa Esperenceja Más Cual; Carmen Santiago Bermúdez y su esposo Mengano de Tal; Myrna Mercado Collazo y su esposo Zutano de Tal; Ramón López Vélez y su esposa Grecy Marie Correa Carrasquillo; Rafael Caraballo Díaz y su esposa Esperenceja AB.

Se incluye en la demanda a cualquier otra persona o corporación, sociedad o entidad jurídica y aseguradoras no identificadas todavía, las cuales serán incorporadas a la demanda tan pronto sean identificadas

El DRNA adquirió el terreno en 1982 para dedicarse exclusivamente a santuario estuarino con fondos provenientes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). La finca pertenecía a un dueño privado denominado “Aguirre’s Share Holder’s Liquidating Trust”. Desde su adquisición en 1982, la Reserva se administra a través de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre la División de Reservas Estuarinas de la NOAA y el DRNA.

Bahía de Jobos es hogar de varias especies en peligro de extinción, entre ellas la mariquita de Puerto Rico, el pelícano pardo, el carey de concha y el manatí antillano, agrupando la población más grande de Puerto Rico de este último, además de tener un rico ecosistema marino de mangles y otros.

La proliferación de construcciones y obras ilegales dentro la Reserva agrava el fraccionamiento del manglar que se ve desplazado y trae consigo una reducción en la protección que ofrece. Esta pérdida de mangle trae consigo la reducción de hábitat para especies de peces, aves y otros organismos, se advierte en la demanda. Los mangles, así como los corales, son la primera defensa de mitigación de la energía del mar que se desplaza hacia la costa durante marejadas ciclónicas, evitando o mitigando inundaciones costeras. Igualmente son una barrera de mitigación contra el aumento del nivel del mar causado por el calentamiento global.

El DRNA solicita en su demanda que el tribunal declare y reafirme:

  • que el DRNA es dueño en pleno dominio de los terrenos de la Finca Núm. 5791, donde ubica la Reserva que incluyen parte del Sector del Camino del Indio;
  • que declare y reafirme que el DRNA tiene el derecho absoluto del uso y disfrute de los terrenos donde ubica la Reserva;
  • que reivindique al DRNA en la posesión de los terrenos donde ubica la Reserva;
  • que emita una orden de desalojo inmediato contra cualquier poseedor que ubique dentro de los terrenos de la Reserva sin autorización del DRNA;
  • ordene la remoción inmediata de toda construcción removible y bienes muebles sitos dentro de los terrenos donde ubica la Reserva sin autorización del DRNA;
  • ordene la demolición inmediata, a costo de los codemandados, de toda construcción sin autorización del DRNA en los terrenos donde ubica la Reserva;
  • ordene la restauración del área ilegalmente ocupada a su estado original a costo de los codemandados conforme a un plan aprobado por el DRNA, en caso de que no haya sido previamente ordenado por otro foro;
  • y que en aquellos casos en que la demolición de la estructura o la restauración del área a su estado original ocasiones daños mayores a la Reserva, se reconozca el derecho de accesión a favor del DRNA sin compensación alguna.

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Policiacas  / PORTADA
Zuleyka Rivera gana pleito contra Kress Stores Puerto Rico
Redacción Es Noticia Publicado en marzo 30, 2022


Por CyberNews

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La ex Miss Universo, Zuleyka Rivera se anotó una victoria en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en la demanda radicada contra Kress Stores of Puerto Rico Inc., se informó este miércoles.

“Con este triunfo en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito se estableció que los costes y honorarios se gravarán a favor de la demandante, que continuará en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico con el caso por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios”, dijo el abogado Edwin Prado Galarza en declaraciones escritas.

Explicó que este foro se concluyó que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico cometió un error, por lo que anuló su orden de desestimación de la acción y estableció la devolución para nuevos procedimientos, por el pleito radicado contra Kress Stores y su Principal Oficial Ejecutivo Mark Berezdivin por incumplir con el acuerdo comercial firmado el 5 de agosto de 2009; Fue modificado a través de un acuerdo verbal que le permitía usar su nombre, título del concurso, imagen y semejanza para el desarrollo y la promoción de, entre otras cosas, artículos de marca de ropa y fragancias. A cambio, Rivera recibiría una suma fija por derecho.

Mencionó que el plazo original del acuerdo contractual era de dos años, pero cuando llegó la fecha de expiración, Kress Stores ejerció la opción contractual de prorrogarlo por otro año (hasta agosto de 2012) a una suma fija al año. A partir de ese entonces, los pagos anuales por la cantidad previamente acordada continuaron para cada “año de contrato” renovado verbalmente hasta agosto de 2018.

“Justo en 2018, Kress Stores no pagó a Zuleyka Rivera el estipendio anual establecido. En su lugar intentó renegociar la cifra de compensación, lo que fracasó y en marzo de 2020, se envió a Kress Stores una contabilidad de los pagos adeudados y una carta de cese y desista”, recordó el abogado.

Sostuvo que Kress Stores y Berezdivin reconocieron, entonces, la deuda con Miss Universe 2006, hicieron un pago parcial y anunciaron que tenían la intención de pagar la deuda de acuerdo con un plan de pago revisado. También alegaron que ya no tenían ninguna de las mercancías de marca de la demandante a mano.

Mientras tanto, aseguró que Kress Stores continuó manteniendo y comercializando productos etiquetados con su marca en sus tiendas físicas y en línea. La exreina universal nunca aceptó un plan de pago revisado.

En la demanda millonaria interpuesta, Zuleyka Rivera -representada por la firma del licenciado Edwin Prado Galarza- exige el dinero adeudado, más una compensación por daños y perjuicios provocados por el uso indebido de su nombre y de su imagen.


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Gobierno  / PORTADA
DACO radica otras 63 demandas contra comercios que incumplen
Redacción Es Noticia Publicado en marzo 2, 2022


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) divulgó el ‘listado de comercios incumplidores’ correspondiente al mes de febrero. 

El listado desglosa las 63 demandas radicadas por la agencia ante el Tribunal de Primera Instancia, con el fin de exigir el cumplimiento de los comercios con resoluciones finales y firmes a favor de los consumidores.

De la lista correspondiente a febrero, las sumas más elevadas corresponden a acciones por vicios en la construcción, y obras y servicios.

En esas categorías, destaca la acción en contra de:

Radamés Burgos

  • A&E Skylight Inc. por $122,764

Raúl Rivera Márquez

  • H/N/C Márquez Construction por $37,050

Virtuosity, Inc.

  • Compañía públicamente denunciada por el DACO desde agosto de 2021.

“Como todos los meses, las divisiones de litigio del DACO se han mantenido activas, exigiendo el cumplimiento de determinaciones administrativas que, después de pasar por todo el proceso que exige la ley, reconocieron remedios concretos a favor de los consumidores”, señaló el titular de la agencia, Edan Rivera Rodríguez.

Destacó que “esa postura de incumplimiento que adoptan algunos comercios debe ser vista con recelo, y despertar una señal de alerta de parte de los consumidores”.

Entre los “comercios incumplidores” del mes de febrero, llama la atención la presencia de las Juntas de Directores de tres condominios:

  1. Balcones Al Castillo
  2. Santa Maria II
  3. Villas Del Señorial

En estos casos, lo que los titulares reclamaron no fue un remedio económico, sino una obligación de hacer; en particular la celebración de asambleas.

“Llevamos varios meses trabajando intensamente para corregir varias situaciones que identificamos, tanto a nivel interno como en lo que respecta a ciertos patrones de incumplimiento por parte de algunos comercios. El divulgar las listas mensuales de quienes incumplen ha sido una herramienta bastante útil; pero vamos ir más allá, y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para asegurar que los consumidores puedan cobrar los remedios concedidos por nuestro foro adjudicativo”, enfatizó Rivera Rodríguez.

El secretario aseveró que su compromiso principal es corregir las situaciones que, en los pasados meses, han llegado a su atención respecto al foro adjudicativo de la agencia, entre ellas, el tiempo que toma la resolución de los casos.

“Para este año, logramos reclutar a 10 nuevos abogados; y el personal adicional ha sido medular en la agilización de los procesos de resolución de querellas. Tan solo durante el mes febrero, se emitieron 555 resoluciones finales, las cuales sumaron alrededor de $1,200.000 en beneficios a los consumidores”, aseveró Rivera, quien se expresó confiado en que “a este ritmo se podrá cumplir con el compromiso de poner al día foro adjudicativo de la agencia”.


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