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Gobierno  / PORTADA
Tribunal asigna fecha para caso de Genera PR por uso ilegal de marca
Redacción Es Noticia Publicado en mayo 25, 2023


Por CyberNews

redaccion@esnoticiapr.com

 

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan programó una audiencia para el miércoles 31 de mayo contra Genera PR por el uso ilegal de este nombre y marca.

La audiencia se llevará a cabo de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, a partir de las 9:30 am. 

“Confiamos en que prevaleceremos en este proceso”, dijo Saúl González Mendoza, fundador de GenEra en declaraciones escritas.

“El derecho de marca en Puerto Rico ofrece protección absoluta y exclusiva al primero que utiliza la marca en este mercado. GenEra ha estado usando sus marcas desde 2020, mientras que la otra compañía comenzó a usarlas en 2023”, indicó.

La compañía puertorriqueña de energía renovable, GenEra, presentó la semana pasada una petición de interdicto (injunction) contra Genera PR por el uso ilegal de su marca en todo el comercio de Estados Unidos y Puerto Rico. El reclamo fue presentado después de varios intentos infructuosos de comunicación y resolución con los representantes del consorcio de energía.

GenEra es una compañía de responsabilidad limitada con fin social (L3C) que se dedica a promover el desarrollo de la energía renovable en Puerto Rico a través de iniciativas de impacto social positivo. Desde su registro en el Departamento de Estado de Puerto Rico el 25 de marzo de 2020, GenEra ha estado usando estos nombres y marcas en una amplia gama de documentos y materiales.

“Los tribunales buscan evitar la posibilidad de confusión para proteger al consumidor. Aquí está claro que hay una posibilidad de confusión entre los nombres y marcas”, dijo González Mendoza. “Era responsabilidad de esa compañía buscar en las redes sociales y en Internet. Con una diligencia mínima se hubieran dado cuenta de la existencia de nuestra compañía y el uso previo de nuestro nombre y marca”, añadió.

Además de la petición de interdicto, la compañía puertorriqueña continúa explorando otras medidas judiciales hasta alcanzar una resolución.


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Economía  / Gobierno  / PORTADA
Solicitan al Tribunal que ordene a Genera PR dejar de usar ese nombre
Sandra Caquias Cruz Publicado en mayo 16, 2023


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La compañía de energía renovable GenEra radicó ayer -lunes- un recurso legal -injuction- contra la empresa Genera PR “por el uso ilegal de su marca en todo el comercio de Estados Unidos y de Puerto Rico”.

 “Soy un ingeniero y empresario del patio, formado en Puerto Rico. Cuento con varias licencias y certificaciones que me capacitan para el trabajo que hago con mi compañía de generación de energía solar. Fundé mi compañía en marzo del 2020 con mucho esfuerzo y sacrificio y desde entonces estamos usando de manera continua e ininterrumpida las marcas y nombres comerciales GENERA y GENERA PR. Esta situación es sumamente injusta”, dijo Saúl González Mendoza, fundador de GenEra.

Según González Mendoza, GenEra es una compañía de responsabilidad limitada con fin social (L3C) cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la energía renovable en Puerto Rico a través de iniciativas de impacto social positivo en Puerto Rico.

Alegó que su negocio comenzó a verse afectado a principios del 2023, cuando comenzó a recibir comunicaciones de clientes, suplidores y colaboradores, confundidos ante los anuncios públicos del consorcio Genera PR.

“Uno se esmera para tratar de echar adelante un negocio de impacto social y una compañía poderosa trata de aplastar nuestro esfuerzo y adueñarse de nuestro nombre. Daremos la batalla y defenderemos lo nuestro como lo hace el pitirre contra el guaraguao”, sostuvo.

González Mendoza, a través de su representación legal, ha tenido varias comunicaciones con varios representantes del consorcio Genera PR sin lograr una solución a esta controversia. La representación legal del consorcio respondió que entienden no ha habido una utilización ilegal del nombre y marca GenEra.


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Policiacas  / PORTADA
Paga fianza el hombre que confesó haber asesinado fémina
Sandra Caquias Cruz Publicado en abril 15, 2023


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La jueza Margarita Gaudier, del Centro Judicial de Mayagüez, encontró causa para arrestar a Manuel Ortiz Rodríguez por el asesinato de una mujer la noche del viernes, en Sabana Grande.

Los cargos en los que hubo causa para arresto fue por:

    • Asesinato en Primer Grado (Artículo 93 del Código Penal),
    • Disparar o Apuntar Armas de Fuego (Artículo 6.14 de la Ley de Armas)
    • Maltrato (Artículo 3.1 de la Ley 54)

La fianza impuesta fue de $105,000, la cual prestó, informó el inspector de la Policía, Joel González. El hombre deberá usar grillete. La vista preliminar fue pautada para 26 de abril de 2023.

A Ortiz Rodríguez, de 63 años, retirado y quien posee licencia para tener un arma de fuego, se le imputa asesinar a Ana Luz Jiménez Rosado, de 44 años y quien dejó huérfanos tres hijos.

La Policía informó que Ortiz Rodríguez llegó al Cuartel de Sabana Grande y se entregó diciendo que había matado a su pareja.

El hombre tenía un arma de fuego que la Policía le ocupó.

Los agentes acudieron al negocio Rancho John Wayne y encontraron a la occisa con impacto de bala.

Jiménez Rosario era empleada de seguridad de la compañía Genesis Security y brindaba sus servicios en una escuela.

El crimen ocurrió a eso de las 7:40 pm. del viernes 14 de abril, en las inmediaciones del Rancho, en el barrio Machuchal, en Sabana Grande.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Mayagüez, junto a las fiscales Frances Bravo y Adriana Morales, realizan la investigación.


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PORTADA  / Pueblos
Interamericana apelará determinación de Tribunal
Sandra Caquias Cruz Publicado en marzo 27, 2023


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La representación legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, informó que acudirán al Tribunal de Apelaciones ante la sentencia emitida por la jueza superior Iris Cancio González en la cual desestimó parcialmente una de las demandas incoadas por la institución contra el expresidente Manuel J. Fernós y el exdirector ejecutivo de su oficina, Dominique Gilormini de Gracia.

En la demanda contra Fernós y Gilormini de Gracia la institución alega el incumplimiento de sus contratos como presidente de la institución y director ejecutivo, respectivamente y negligencia crasa en el cumplimento de sus deberes con relación a un contrato otorgado por Fernós y Gilormini, sin el conocimiento de la Junta de Síndicos, a la empresa MAP Strategies por el monto de $1.4 millones para crear un sistema de rastreo de la pandemia de Covid 19.

«Entendemos que el Tribunal erró en su interpretación y en la aplicación del Derecho. Por un lado, el Código de Enjuiciamiento Civil establece que cuando se lleva una acción contra un director  la causa de acción prescribe a los tres años. Mientras, que el artículo 1203 del Código Civil, dispone un término de cuatro años para incoar un pleito por incumplimiento contractual” sostuvo Johnny Ocasio Torres, representante de la Interamericana junto los abogados Luis Manuel Rodríguez y Jorge Pizarro.

Recordó que la institución ha prevalecido en dos ocasiones en el Tribunal de Apelaciones en los casos que sigue contra Fernós.  Uno por el proceso de arbitraje tras su despido el cual conllevó la recusación de la Jueza de Primera Instancia y otro para obtener acceso a una cuenta del teléfono celular propiedad de la universidad de la cual el expresidente tiene las credenciales y contraseña y se ha negado a entregar para que la UIPR pueda concluir su investigación. Estamos confiados que vamos a prevalecer en todos los casos.


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Policiacas  / PORTADA  / Pueblos
Posponen caso contra anciana de 80 años
Sandra Caquias Cruz Publicado en enero 9, 2023


Por Sandra Rodríguez Cotto

En Blanco y Negro con Sandra

 

El juez Orlando Puldón, del Tribunal de Fajardo, pospuso para el próximo dos de febrero la vista para determinar si hay causa para juicio contra la octogenaria María Parrilla Álamo, acusada de amenazar de muerte a su nieta con un machete.

En el interín, la nieta, Sol Rivera Álamo, de 35 años, sigue viviendo en la casa de su abuela, a pesar de que existe una orden de desahucio en su contra desde el pasado primero de diciembre.

Este complicado caso de familia refleja la crisis que enfrentan los envejecientes.

La abuela, de 80 años, permanecerá en un hogar al que fue removida en la tarde del viernes tras insistencia de miembros de la Organización Pro-Derechos de Nuestros Ancianos (OPA), quienes acogieron el caso tras conocer que la señora llevaba encerrada en la cárcel regional de Bayamón desde Nochebuena.

La Sociedad para la Asistencia Legal se hizo cargo de la representación de Parrilla Álamo, pero no se obtuvo reacción por parte de los abogados.

A la vista de esta mañana no compareció personal del Departamento de la Familia, a pesar de que es un caso con diferentes vertientes de supuesto maltrato. La nieta Rivera Álamo tampoco estuvo presente.

“El Departamento de la Familia no ha dicho nada al respecto. No se han expresado y ni siquiera vimos allí personal del Departamento de la Familia ni de ninguna otra agencia u organización porque hasta el momento no habido nadie apoyando a esta señora. La única que ha estado haya sido la OPA”, dijo su portavoz Noemí Rodríguez.

“La señora se encuentra en buen estado de salud. Su mente está clara. Ella tiene una conversación coherente, ubicada en tiempo, espacio y persona. Sabe quién es, dónde está, y realmente lo que está pasando. Ella está sumamente tranquila, está alerta, hasta alegre y contenta poque fue muy bueno haberla sacado de la cárcel para un hogar”, agregó.

Manifestó además que los miembros de la OPA están tranquilos de que la señora no está en la cárcel.  “Puedo tener paz y tranquilidad, en lo que la vista se ve. Lo ideal es que ella pudiese haber regresado a su hogar, pero tenemos el agravante de que está la nieta, que no se ha ido”, agregó.

Rodríguez había entrevistado a la Rivera Álamo contra quien se le expidió una orden de desahucio del hogar de su abuela el 1ro de diciembre, y la misma dura tres meses. Días más tarde de que se le expidiera dicha orden de desahucio, Rivera Álamo alegó que su abuela la amenazó con un chuchillo.

Parrilla Álamo entonces fue arrestada e ingresada en prisión al no poder prestar la fianza de $20,000 que le fue impuesta.

Rodríguez, por su parte, criticó la falta de solidaridad con los envejecientes. Además de que no había nadie de Familia, tampoco hubo personal de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada. La activista explicó que esa Procuraduría no asume responsabilidad ni asiste en casos en los que los viejos sean acusados a nivel criminal.

Agregó que en su experiencia siempre asistía personal de Familia en estos casos, y en este debería haber mayor interés dado el hecho de que esa agencia ya había investigado previamente.  “Ellos tienen poco personal, pero antes siempre iban a estos casos”, dijo.

En el verano, personal del Departamento de la Familia acudió a la residencia de Parrilla Álamo en el barrio Los Dolores en Río Grande. Es una casa de dos pisos, grande y hecha en cemento, con un amplio patio en una zona rural.

Entre las cosas que Rodríguez corroboró está el hecho de que funcionarios del Departamento de la Familia visitaron el hogar de la envejeciente en el verano, tras una pesquisa que había iniciado con una querella en la Policía Municipal de Río Grande. No encontraron nada.

“Eso fue porque unos policías municipales encontraron a la señora llorando. Cuando le preguntan, ella dice que la nieta no se quería ir de su casa y que ella le tenía miedo a la nieta”, dijo Rodríguez.

Parrilla Álamo con 80 años, manejaba su carro, y escoltada por los policías, llegaron hasta su casa, pero en aquel momento la nieta no llegó. Posteriormente la nieta llega y le dijo que no sabía nada y que su abuela tenía problemas de salud mental. La Policía refirió el caso a Familia, pero los funcionarios de esa agencia no encontraron nada y cerraron el caso.

Otro elemento en el drama familiar es que Parrilla Álamo tiene una hija que está presa por haber intentado quemar vivo a un vecino. Esa hija es la madre de Rivera Álamo, quien permanecía en la casa de la abuela. “Yo le pregunté a la nieta si la señora tiene más familiares por qué nadie sale, ella me dijo que es porque quizás todos quieren quedarse con su casa”, dijo Rodríguez.

Tras pasar toda la temporada navideñas encerrada y aislada en la cárcel en Bayamón, en la tarde del Día de Reyes, finalmente, Parrilla Álamo fue trasladada a un hogar de envejecientes. Esto surgió como consecuencia del activismo de grupos comunitarios que denunciaron el caso. Mientras todo eso pasaba, la nieta se quedó disfrutando de la casa de su abuela, a pesar de que tiene una orden de desahucio desde el 1ro de diciembre.


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Policiacas  / PORTADA
Empleada de Tribunal resulta herida de bala sentada en su escritorio
Redacción Es Noticia Publicado en julio 22, 2022


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Una empleada del Centro Judicial de Bayamón resultó con una herida de bala cuando un alguacil, al otro lado de una pared, intentaba descargar su pistola, informó la policía.

El incidente ocurrió la tarde del viernes -2:36 pm.- en la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ).

La investigación inicial apunta a que la empleada se encontraba en su escritorio cuando el alguacil José Salgado, quien se encontraba en el área del comedor de la oficina de alguaciles, este se disponía a descargar su pistola Glock, modelo 29 de calibre 10mm.

El alguacil accionó el gatillo por lo que un proyectil salió y atravesó un panel de yeso (Gypsum Board) y llegó a la oficina contigua de OSAJ.

La empleada, identificada como Anadelle Santos, de 40 años, recibió la herida del proyectil de bala en el muslo derecho.

Agentes adscritos al Precinto de Bayamón Norte, investigaron el incidente.

No se informó la condición de la empleada.


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Gobierno  / PORTADA  / Pueblos
No causa para juicio contra exalcalde Questell
Redacción Es Noticia Publicado en julio 6, 2022


Por CyberNews

redaccion@esnoticiapr.com

 

El juez Rubén Santiago Serrano, del Centro Judicial de Ponce, no encontró causa hoy -miércoles- para enjuiciar al exalcalde de Santa Isabel, Enrique “Quique” Questell Alvarado, por supuesto aprovechamiento ilícito e influencia indebida.

El caso que presentó el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) se relaciona a una querella impuesta por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en el que se le imputaba al exejecutivo municipal el solicitar al exsecretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, que interviniera a su favor en una querella que tenía desde el 2019 relacionada a la empresa Aquamak Inc.

El FEI solicitó una vista en alzada que fue pautada para el próximo 8 de septiembre, en la Sala 502, del Centro Judicial de Ponce.

En la querella contra el exalcalde se mencionó la construcción de varias estructuras y la poda de mangles en una propiedad de la zona marítimo terrestre en la playa de Santa Isabel.


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Policiacas  / PORTADA  / Pueblos
Exalcalde de Santa Isabel llega al Centro Judicial a enfrentar acusaciones
Redacción Es Noticia Publicado en junio 10, 2022


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

PONCE – El exalcalde penepé de Santa Isabel, Enrique Questell, llegó esta tarde al Centro Judicial de Ponce para enfrentar cargos por delitos relacionados a realizar gestiones a su favor para una supuesta construcción ilegal en una de sus propiedades.

Questell llegó con los abogados José Torres Nolasco y Francisco Sánchez Rodríguez, quienes no lo dejaron ofrecer declaraciones a la prensa.

«Está tranquilo. Estamos Tranquilos. Vamos a trabajar con el procedimiento ahora. Ahora vamos a pasar a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y (luego) vamos a sala», respondieron los abogados.

Los cargos serán presentados por fiscales de la oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, quienes presentarán dos denuncias por violaciones al:

  • Artículo 4.2 – Ley de Ética Gubernamental
  • Artículo 261 – Código Penal

Los fiscales Emilio Arill García y Manuel Núnez Corrada realizaron la investigación y estarían presentando los cargos.

Los cargos están relacionado a la Resolución emitida por el Panel del FEI -en diciembre pasado- luego que los representantes Estrella Martínez Soto y Héctor Ferrer presentaran un referido que ubica al exalcalde reunido con el extitular del Departamento de Recursos Naurales y Ambientales (DRNA).

Rafael Machargo Maldonado fue referido a Justicia y Ética Gubernamental por intervenir indebidamente con querellas del DRNA en contra de Questell Alvarado, tras la supuesta construcción ilegal en la zona marítimo terrestre de la costa de este pueblo.

El extitular del DRNA había admitido que se reunió en una residencia privada junto al exalcalde y el cabildero y exdirector de turismo Jorge Dávila, antiguo Director de Turismo. Fue en esta reunión que Questell supuestamente  intentó negociar una transacción de la querella en su contra.

El Secretaria de Justicia recomendó y, fue acogido el designar un Fiscal Especial Independiente, el realizar una investigación sobre las actuaciones del exalcalde Questell Alvarado por posible comisión de delitos en violación al Código Penal de 2012 en su Art. 292 y a Ia Ley de Etica Gubernamental.

Resolución:

Resolución Enrique Questell - FEI
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Política  / PORTADA
Desestiman demanda que buscaba destituir a Elizabeth Torres
Redacción Es Noticia Publicado en abril 29, 2022


Por CyberNews

redaccion@esnoticiapr.com

 

El juez Anthony Cuevas Ramos desestimó este viernes una demanda sometida por el Departamento de Justicia que buscaba remover a la cabildera/delegada por la estadidad, Elizabeth Torres, al sostener que el tribunal no debe inmiscuirse.

Según el juez Cuevas Ramos, “de este Tribunal entender que no existe una delegación expresa sobre el proceso de destitución de un funcionario público, procederíamos a entrar en los méritos de la controversia y nos enfrentaríamos a un cul-de-sac. La prueba que presentaría el Gobierno para demostrar sus alegaciones debe ser sometida a un análisis objetivo mediante un standard evidenciario previamente establecido. La ley no contiene dicho standard. El texto de la Ley Núm. 167 no contiene parámetros que nos sirvan de guía para diseñar el curso correcto de acción objetivo jurídico, enmarcado en las doctrinas de separación de poderes, y justo, que cumpla con el debido proceso de ley. Esto significa que solo podríamos crear un estándar de prueba a base de nuestras interpretaciones personales de lo que deber ser un delegado congresional y qué significa “exigir que Puerto Rico sea admitido como un Estado de Estados Unidos”. Esto se pone en relieve cuando la controversia está enmarcada en un puesto electivo en el que el voto de aquellos que acudieron a las urnas puede ser afectado”.

“Esta construcción del diseño o métricas objetivas nos lleva al callejón sin salida de la cuestión política porque será el juzgador de los hechos quién estaría diseñando dicho estándar de prueba sobre un asunto estrictamente político para resolver, mediante sentencia, si la Sra. Elizabeth Torres Rodríguez ha exigido que Puerto Rico sea admitido como un Estado de Estados Unidos. Al momento de crear dichas métricas para evaluar de manera objetiva el desempeño de los delegados, nos convertiríamos en creadores de la política pública de dicha ley. El Poder Judicial no está diseñado para legislar, a base de las políticas públicas creadas por los otros poderes, sino que solo interpretamos las leyes y, en ocasiones, determinamos la constitucionalidad de ellas. Todo esto, a diferencia del caso de Manescau, en el que la actuación del funcionario público era claramente ilegal, puesto que tal actividad estaba codificada como un delito en el Código Penal. No solo eso, sino que el mismo Código Penal establecía que quien cometiera tal delito estaba prohibido de ejercer un puesto público. En este caso, no se han alegado actuaciones ilegales de parte de la Sra. Torres que puedan llevarnos a concluir que esta no está capacitada legalmente para ejercer su puesto, sino que esta no está cumpliendo con los deberes que exige la ley.

Ahora bien, a diferencia del caso citado anteriormente, la Constitución no especifica cuál será el proceso de destitución de los delegados congresionales. Aún si se entendiera que, en este caso, no existe una delegación expresa sobre el proceso de destitución, luego del análisis hecho sobre el poder de ejecutar las leyes de la Rama Ejecutiva, no procede que atendamos este recurso solicitando la destitución de la Sra. Torres por asuntos de prudencia. Por lo tanto, procede que se desestime la acción presentada por el Secretario de Justicia para destituir a la delegada congresional, Sra. Torres, por tratarse de una cuestión política.

“Sentencia En vista de lo anteriormente expresado, se declara Ha Lugar a la Moción solicitando desestimación de recurso especial presentada por la Sra. Elizabeth Torres Rodríguez, porque la acción presentada trata sobre una cuestión política en la cual los tribunales no deben inmiscuirse”, declaró el juez Cuevas Ramos.

Documento: Sentencia


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Gobierno  / PORTADA  / Pueblos
DRNA presenta demanda para desalojar a invasores de Bahía Jobos en Salinas
Redacción Es Noticia Publicado en abril 28, 2022


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnotiiapr.com

 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presentó hoy -en el Tribunal de Primera Instancia de Guayama- una acción civil para desalojar a los invasores de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, en Salinas.

Así lo anunció este jueves la secretaria interina, Anaís Rodríguez Vega. El DRNA solicita una sentencia declaratoria, acción reivindicatoria y desalojo.

“Mediante esta acción judicial esperamos reivindicar los derechos de dominio público y devolverle al pueblo de Puerto Rico lo que por derecho es suyo. Estas invasiones ilegales han privatizado un sector de los recursos naturales protegidos de la Reserva y no lo toleraremos. Eso se acaba ahora. También evaluaremos el daño ambiental cometido y los costos asociados para regresar a su estado anterior estos recursos lo tendrán que sufragar los invasores. Y más allá, esta demanda es también un mensaje para aquellos que igualmente cometen crímenes ambientales. Esta Administración está decidida a acabarlos. Reconocemos que tenemos nuestras limitaciones, pero eso no será impedimento para hacer nuestro mayor esfuerzo. Al fin de cuentas, contamos con la colaboración de todo un pueblo”, afirmó Rodríguez Vega en declaraciones escritas.

Debido a que el DRNA no está “en posesión de los terrenos cuya reivindicación aquí se solicita [se] hace más difícil realizar una evaluación precisa del alcance del daño e impacto ambiental causado por los codemandados y/o terceros que estuvieron antes en la posesión de los terrenos, por lo que en la presente reclamación se hace una expresa reserva de que una vez culminado el correspondiente informe procederemos a iniciar las acciones legales correspondientes para resarcir los daños causados e identificar aquellos que a lo largo de los años han provocado los daños ambientales en el área de la Reserva para que respondan ante el DRNA y el Pueblo de Puerto Rico”, se plantea en la demanda.

El DRNA solicitó al tribunal que, a raíz del alto interés público de este caso, acorte los términos de los demandados de responder a las alegaciones de la agencia.

Según los hechos de la demanda, “los codemandados compraron una participación proindiviso de la Finca Núm. 3752, originalmente propiedad del matrimonio Guillermo Godreau Marrero y Josefa Veguilla, pero se ubicaron físicamente y construyeron en la Finca Núm. 5791, donde ubican los terrenos de la Reserva” propiedad del DRNA.

Una evaluación del impacto causado por los invasores en el sector de la Reserva conocida como Camino del Indio, sostenida mediante querellas del Cuerpo de Vigilantes, muestra corte ilegal de árboles de manglar, relleno ilegal del manglar, instalación ilegal de muelles y rampas en la Zona Marítimo Terrestre, entre otros.

Los demandados son: Jorge Oppenheimer Méndez y su esposa Fulana de Tal; Miguel A. Flores Torres y su esposa Mengana de Tal; Pablo Vergara Ramos y su esposa Zutana de Tal; Brendaliz Cotto León y su esposo Fulano de Tal; Edgar Cruz Falcón y su esposa Perenceja de Tal; Ángel Benítez Rodríguez y su esposa Esperenceja de Tal; Víctor Feliciano Bonilla y su esposa Esperenceja Más Cual; Carmen Santiago Bermúdez y su esposo Mengano de Tal; Myrna Mercado Collazo y su esposo Zutano de Tal; Ramón López Vélez y su esposa Grecy Marie Correa Carrasquillo; Rafael Caraballo Díaz y su esposa Esperenceja AB.

Se incluye en la demanda a cualquier otra persona o corporación, sociedad o entidad jurídica y aseguradoras no identificadas todavía, las cuales serán incorporadas a la demanda tan pronto sean identificadas

El DRNA adquirió el terreno en 1982 para dedicarse exclusivamente a santuario estuarino con fondos provenientes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). La finca pertenecía a un dueño privado denominado “Aguirre’s Share Holder’s Liquidating Trust”. Desde su adquisición en 1982, la Reserva se administra a través de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre la División de Reservas Estuarinas de la NOAA y el DRNA.

Bahía de Jobos es hogar de varias especies en peligro de extinción, entre ellas la mariquita de Puerto Rico, el pelícano pardo, el carey de concha y el manatí antillano, agrupando la población más grande de Puerto Rico de este último, además de tener un rico ecosistema marino de mangles y otros.

La proliferación de construcciones y obras ilegales dentro la Reserva agrava el fraccionamiento del manglar que se ve desplazado y trae consigo una reducción en la protección que ofrece. Esta pérdida de mangle trae consigo la reducción de hábitat para especies de peces, aves y otros organismos, se advierte en la demanda. Los mangles, así como los corales, son la primera defensa de mitigación de la energía del mar que se desplaza hacia la costa durante marejadas ciclónicas, evitando o mitigando inundaciones costeras. Igualmente son una barrera de mitigación contra el aumento del nivel del mar causado por el calentamiento global.

El DRNA solicita en su demanda que el tribunal declare y reafirme:

  • que el DRNA es dueño en pleno dominio de los terrenos de la Finca Núm. 5791, donde ubica la Reserva que incluyen parte del Sector del Camino del Indio;
  • que declare y reafirme que el DRNA tiene el derecho absoluto del uso y disfrute de los terrenos donde ubica la Reserva;
  • que reivindique al DRNA en la posesión de los terrenos donde ubica la Reserva;
  • que emita una orden de desalojo inmediato contra cualquier poseedor que ubique dentro de los terrenos de la Reserva sin autorización del DRNA;
  • ordene la remoción inmediata de toda construcción removible y bienes muebles sitos dentro de los terrenos donde ubica la Reserva sin autorización del DRNA;
  • ordene la demolición inmediata, a costo de los codemandados, de toda construcción sin autorización del DRNA en los terrenos donde ubica la Reserva;
  • ordene la restauración del área ilegalmente ocupada a su estado original a costo de los codemandados conforme a un plan aprobado por el DRNA, en caso de que no haya sido previamente ordenado por otro foro;
  • y que en aquellos casos en que la demolición de la estructura o la restauración del área a su estado original ocasiones daños mayores a la Reserva, se reconozca el derecho de accesión a favor del DRNA sin compensación alguna.

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