Por Miguel Díaz Román
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La Oficina del Procurador del Paciente (OPP) recibió 1,817 querellas que su mayoría corresponden a denegaciones de medicamentos, accesibilidad a proveedores y accesibilidad a servicios tales como estudios y laboratorios.
Las querellas corresponden al pasado año fiscal, que comenzó en julio 2018 y terminó en junio 2019, y figuran en la clasificación de pobre calidad de servicios de la OPP. En el año fiscal anterior, 2017-2018, la OPP recibió 1,992 querellas.
Esta cifra implica que en el pasado año fiscal 2018-2019 hubo una merma de 175 querellas al comparar la querellas presentadas en el año fiscal 2017-2018.
La información surge en un comunicado prensa del presidente de la Comisión de Salud en el Senado, Ángel ‘Chayanne’ Martínez, quien anunció la presentación de una medida para financiar la OPP por medio de establecer una fianza anual de $100,00 que pagarían las aseguradoras de servicios de salud que operan en Puerto Rico.
La fianza se depositaría en el Fondo Especial que sería administrado por la OPP y que le permitirá fiscalizar querellas relacionadas con la negación de autorizaciones de procesos de hospitalización, incluyendo el largo del período de dicha hospitalización y los pagos por servicios facturados tanto por el tratamiento, medicamentos y la debida prestación de servicios de salud.
La Ley 47 del 2017 le concedió a la OPP jurisdicción sobre estos aspectos.
“El procurador del paciente tendrá la facultad para cobrar una fianza anual de $100,000 a las aseguradoras de servicios de salud con el propósito de contar con todos los recursos necesarios y así cumplir cabalmente con su función ministerial de protección al paciente.
Dicha fianza será obligatoria y requisito para poder contratar con el Gobierno de Puerto Rico.
Este es una iniciativa que proveerá mayor capacidad a la OPP y a los miles de ciudadanos que la misma sirve”, dijo Martínez tras presentar el Proyecto del Senado 1394.
Como parte de sus facultades y deberes la OPP es responsable de procesar las querellas presentadas por los pacientes, sus padres o tutores relacionadas a las entidades privadas y agencias públicas que son proveedores y prestan servicios de salud, así como contra las aseguradoras a quienes se les ha pagado la prima correspondiente a dichos pacientes.
“El dinero que ingrese al Fondo Especial será utilizado y administrado únicamente por la OPP para cubrir parte de sus gastos operacionales y para ofrecer servicio directo a la población que sirve como Procuraduría, en adición a las asignaciones presupuestarias anuales que continuará recibiendo dicha entidad”, sostuvo.
