Por Redacción Es Noticia
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Más del 90% de los reglamentos legislativos de las agencias no han sido revisados conforme a la normativa aplicable, revela un estudio de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG).
Según el estudio, la ausencia de revisión provoca el que unas 78 dependencias incumplan con la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).
“El estudio reveló que, de los 2,986 reglamentos registrados en el Registro Electrónico de Reglamentos del Departamento de Estado, 2,700 reglamentos no habían sido revisados en más de cinco años, incumpliendo la Sección 2.19 de la Ley Núm. 38-2017, que establece la obligación de revisar periódicamente los reglamentos para garantizar que sigan promoviendo la política pública y cumpliendo con la legislación vigente”, señala el informe.
Agencias con mayor cantidad de reglamentos por revisar son:
- Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)
- Departamento de Hacienda (DH)
- Departamento de Agricultura (DA)
- Junta de Planificación (JP)
- Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA)
- Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH)
- Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
La falta de revisión de reglamentos podría generar contradicciones con la legislación vigente, modificaciones en la política pública o cambios en la estructura gubernamental, afectando la coherencia normativa, señala el estudio.
Asimismo, indicó que los reglamentos sin revisar podrían dificultar la interpretación y aplicación de las regulaciones que afectan a terceros, lo que podría causar incumplimientos involuntarios y afectar derechos y obligaciones.
«La existencia de reglamentos desactualizados en el Registro Electrónico de Reglamentos del Departamento de Estado impide el acceso a información confiable sobre el marco regulador vigente, afectando la rendición de cuentas”, resaltó el resultado del estudio.
La OIG indicó que la posible causa para ese incumplimiento podría ser la falta de procesos formales en las agencias destinados a la revisión de esta documentación. Al mismo tiempo, el documento señaló que la ausencia de mecanismos de monitoreo por parte del Departamento de Estado ha permitido que numerosos reglamentos permanezcan sin revisión por períodos prolongados.
Asimismo, la OIG identificó otras deficiencias en el Registro de Reglamentos del Departamento de Estado, donde varias entidades reportaron discrepancias, incluyendo reglamentos derogados aún clasificados como vigentes y falta de actualización sobre cambios en la estructura gubernamental. El Departamento de Estado confirmó que el registro depende de la información provista por las agencias y carece de un mecanismo formal de verificación periódica, lo que afecta la transparencia y genera incertidumbre jurídica.
Levantan bandera sobre la falta de normativas internas
Por otro lado, la investigación encontró deficiencias en la actualización de normativas internas de áreas operativas y administrativas. En especial, halló falta de procesos dirigidos a garantizar la revisión de reglamentos no legislativos, tales como manuales, normas y cartas circulares. Asimismo, en otras instancias, la OIG documentó que no existían normativas para atender aspectos en áreas administrativas.
La OIG detalló que los hallazgos sobre las normativas internas surgieron luego de una extensa revisión sobre documentos que regulan procesos de compras, subastas, propiedad y equipo, manejo de flota y uso de vehículos oficiales, contratación de servicios profesionales y consultivos, junta de directores, pre-intervención de facturas, y manejo de documentos fiscales.
Estudio reveló:
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- 44 entidades presentaban normativas internas que no habían sido revisadas en un período razonable, afectando un total de 327 normativas.
- 35 entidades carecían de normativas en una o más áreas operacionales fundamentales.
- 216 normativas internas sobre procesos administrativos y operacionales no estaban disponibles.
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La OIG destacó que la ausencia de políticas impide la estandarización de procedimientos, lo que aumenta el riesgo de decisiones discrecionales y genera vulnerabilidades en la administración pública.
